Financiadas por China, los expertos aseguran que las obras en Santa Cruz ponen en riesgo los movimientos naturales de las masas de hielo y la fauna que depende de los humedales de la zona. Cómo se ve perjudicado el patrimonio cultural.

El río Santa Cruz nace en el deshielo de los grandes glaciares del país y es el último río glaciario libre de la Patagonia. Desde hace algunos años, dos represas amenazan con cambiar su destino y el del medio ambiente.

La construcción de las represas la Barrancosa y Cóndor Cliff, ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se encuentra en manos de las empresas Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo, es un complejo hidroeléctrico en el sur de Argentina, que puede impactar fuertemente en los glaciares circundantes. Además, podrían inundar humedales vitales, alterar la trayectoria de algunos de los glaciares más grandes del mundo que se encuentran fuera de los polos y destruir tierras ancestrales mapuches.

El acuerdo con China se remonta al año 2013, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acordó que las obras se iban a realizar en el plazo de cinco años y medio. En mayo de 2015, el Grupo del Banco Mundial anunció la inhabilitación de la referida Gezhouba y sus subsidiarias por un período de 18 meses debido a su mala conducta en tres proyectos financiados por el banco en China vinculados a la conservación del agua, la recuperación tras terremotos y la gestión de inundaciones.

A pesar de las protestas, las demandas y las órdenes judiciales para detener la construcción y poder realizar estudios medioambientales adecuados, las obras del complejo han continuado, a menudo para el desconcierto de los conservacionistas.

Las represas se están construyendo en el río Santa Cruz, de 380 kilómetros de longitud, el mayor curso de agua del sur de Argentina. El río nace en la cordillera de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz, antes de desembocar en el océano Atlántico, y llena dos lagos en su recorrido.

Son varias las voces y los estudios que tienen mucho qué argumentar sobre todo el desastre que pueden ocasionar ambas represas. “Las mega-represas son consideradas como una fuente obsoleta de energía. Este proyecto es hacer energía a cualquier costo y sacrificio”, denunció el abogado Andrés Napoli, director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) en el documental Matar al río.

Por su parte, en un documento de Farn, también se expidió en contra y aseguró que “su construcción podría constituir un potencial riesgo a la preservación de los glaciares en la cuenca del Lago Argentino. Si bien el complejo no se encuentra emplazado en una zona glacial o periglacial podría afectar el ciclo natural de los glaciares”.

“En los estudios presentados por la Administración de Parques Nacionales (APN) se reconoce que el Plan de Gestión Ambiental fue suspendido por la pandemia, mientras las obras avanzan sin contar con información científica básica para ponderar los riesgos ambientales. Estos evidencian un porcentaje sumamente bajo de monitoreo de especies protegidas, como el macá tobiano, del cual, además, no existen estudios actuales ni pasados que permitan conocer la dinámica y el uso temporal de las poblaciones en los estuarios”, agregaron desde Farn.

“Un proyecto cuyo objetivo principal es sostener el vínculo con China, mientras hipoteca nuestros bienes naturales, desoye las advertencias científicas y no respeta los derechos de las comunidades originarias, no puede seguir avanzando”, sentenciaron desde Farn.

“Las autoridades conocen las leyes. Saben cómo debe funcionar esto”, le dijo Cristian Fernández, de la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, una de las organizaciones que luchan contra el proyecto en los tribunales. Las organizaciones Aves Argentinas y Vida Silvestre también han participado en el proceso judicial. “El problema es que no les importa. No les importa porque quieren sacar adelante el proyecto a toda costa Espero de todo corazón que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y detenga las obras porque se trata de algo más que violar un montón de leyes ambientales. Se trata del daño que se está haciendo a la biodiversidad, a los glaciares”, agregó Fernández al sitio de noticias ambientales Mongabay.

“Tenemos dos casos pendientes ante la Justicia. La Corte ya tiene en su poder informes de expertas en distintos campos. El informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) señala que se desconocen las afectaciones que podrían sufrir los glaciares Spegazzini y Upsala como consecuencia de potenciales interacciones glaciar-lago una vez construidas las represas de Santa Cruz (así como de la mayoría de los 1089 glaciares de la cuenca)”, señaló a Infobae Darío Rodríguez, director de campañas de Fundación Banco de Bosques.

Además, “en la respuesta del Inpres, se confirma la ocurrencia de sismos y se los relaciona, con una alta probabilidad, con una falla geológica potencialmente activa en el Río Bote (brazo del Rio Santa Cruz). A El Inpres explica que el informe de Topografía y Sismografía cuenta con escasos datos, que necesita de mayor fundamentación, que no se menciona el tipo de suelo en el que se emplazarán las represas, que fue omitido en el estudio de peligrosidad sísmica el análisis fundamentado de las fallas geológicas del río Santa Cruz”, amplió Rodríguez.

En cuanto al curso de las presentaciones en la Justicia, desde Fundación Banco de Bosques remarcaron que “la Corte Suprema ya cuenta con todos los informes técnicos requeridos desde fines de 2021. El expediente se encuentra en la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte desde el 14 de febrero de 2022?.

“En vistas de los posibles daños ambientales irreversibles, desde la Fundación Banco de Bosques, en coincidencia con la coalición de ONG, entendemos que las obras no deberían seguir avanzando, mientras el país continúa endeudandose para sostener este proyecto”, concluyó Rodríguez.

El duro documento de Fundación Silvestre Argentina

En un documento, que fue publicado en su página oficial en 2017, Fundación Vida Silvestre Argentina buscó derribar los mitos en torno a la “seguridad” que presenta la construcción de estas represas sobre el Río Santa Cruz.

El informe se base en cuatro ejes principales fueron. El primero es que el glaciar Perito Moreno no está a salvo. Según señalaron en el escrito, aunque se hayan realizado modificaciones al proyecto original, “la nueva cota del Embalse de la represa Néstor Kirchner no asegura el total desacople del lago Argentino, ni la consecuente afectación del glaciar Perito Moreno. Un verdadero desacople significa que las represas deberían trabajar tanto a su mínima como a su máxima altura SIN afectar al lago Argentino”. En ese sentido, aseguraron que “las represas N. Kirchner tendrá una afectación sobre el lago y podría afectar la dinámica hídrica de los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini”. “Lo más alarmante es que si las represas no son operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente sobre el Parque Nacional Los Glaciares”, advirtieron.

El segundo eje es: Biodiversidad y cultura en riesgo. “Las modificaciones realizadas al proyecto hidroeléctrico original resultan cosméticas e insuficientes para evitar el daño ambiental a la flora, la fauna, el paisaje y al ecosistema entero del Río Santa Cruz”, alertaron desde la Fundación y aseguraron que “las represas inundarán áreas prioritarias e irremplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, contribuirá a la extinción a una especie endémica como el Macá Tobiano (monumento natural provincial) y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia”.

Pero eso no es todo, ya que desde Vida Silvestre destacaron que estas obras “sepultarán definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi 10 mil años esta meseta esteparia”. “Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir “piedra pintada”. Será importante e histórico, pero quedará inundado si se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de un daño permanente desde el punto de vista arqueológico”, aseguraron, ya que “no sólo hay dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material lítico y restos óseos. Los pobladores que allí vivieron eran cazadores recolectores, que se sostenían gracias al guanaco”.

“La energía no queda en Santa Cruz”, es el tercer eje. Otro de los puntos abordados por Vida Silvestre es quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este proyecto. Aunque aclararon que “no brindará energía a la Patagonia’'. “De esta manera, se alterará el paisaje de rutas escénicas y la energía generada en la provincia de Santa Cruz, pero será transportada hacia los grandes centros urbanos para su consumo. Así, los santacruceños deberán soportar los costos ambientales de la obra sin recibir los beneficios energéticos de la misma, más allá de las regalías (12 por ciento)”, explicaron.

El cuarto eje es: Las megarepresas no son energía renovable. Las represas son consideradas por muchos como fuentes de energía renovable, pero lo cier5to es que desde Vida Silvestre desestimaron esta postura. “Las represas Kirchner y Cepernic generarán 1310 MW de manera que no pueden ser consideradas energía renovable. Para advertirlo basta con leer el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía. En efecto, el art. 2 inc. b) de la Ley 27.191 establece que ‘el límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)’”. “Las megarepresas no son energía renovable y representan una forma de energía obsoleta en el mundo actual”, afirmaron y destacaron que contribuirán con el calentamiento global, ya que " la inundación de áreas con biomasa provocada por los embalses genera metano, un gas efecto invernadero con un poder de contaminación 21 veces mayor que el dióxido de carbono”.

“Al contrario que los lagos naturales, los embalses tienden a inundar grandes extensiones de materia orgánica que, en la medida que se va descomponiendo, produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos embalses también reciben de los ríos abundante materia orgánica y nutrientes, como nitrógeno y fósforo; lo que estimula la producción de gases contaminantes”, concluyeron en el escrito.

Hay más de mil glaciares en la cuenca del río Santa Cruz, tres de los cuales están en contacto con uno de los lagos, según un comunicado del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla). La organización informó que los sistemas fluviales y lacustres tienen un impacto directo en los movimientos de los glaciares y en las tasas de derretimiento.

De acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, se espera que el proyecto de la represa inunde cerca de treinta y cinco mil hectáreas de los alrededores.

Las inundaciones y otros cambios en la zona circundante podrían también tener repercusiones negativas a largo plazo en las áreas de cría de aves como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el zampullín de pico grueso (Podilymbus podiceps). La Administración de Parques Nacionales dijo que la flora terrestre, en gran parte endémica, quedaría destruida de forma permanente e irreversible por la inundación.

El complejo es construido por la Unión Transitoria de Empresas Represas Patagonia, una asociación entre la firma china Gezhouba Group Company e Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A., con financiación de varios bancos de desarrollo chinos. El proyecto se ha incorporado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, plan destinado a reforzar las relaciones internacionales de Pekín mediante el desarrollo de infraestructuras en más de 140 países.

A lo largo del 2020, las organizaciones ecologistas de Argentina escribieron cartas al Ministerio de Comercio de China y a otras autoridades del país para reiterar sus quejas sobre la represa. De acuerdo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) —otra organización involucrada en el proceso judicial—, nunca recibieron una respuesta.

Más estudios ambientales

El complejo de la represa, como la mayoría de los grandes proyectos de infraestructuras, estuvo sujeto a estudios de impacto ambiental durante su elaboración, de modo que pudieran hacerse cambios para mitigar las posibles consecuencias. Sin embargo, en este caso, según numerosas organizaciones que los revisaron en una demanda presentada en la Corte Suprema, los estudios estaban plagados de imprecisiones y falta de detalles.

El año pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN) señaló que los estudios carecían de datos suficientes sobre los patrones migratorios de las aves y los peces exóticos e instó a los funcionarios a continuar analizando el posible impacto en los ecosistemas locales. La declaración de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) ante la Corte Suprema decía que los estudios se basaban, en gran medida, en información obsoleta de una investigación de 1996 sobre los glaciares y que algunas partes de su análisis eran “débiles”.

En una conclusión similar presentada en mayo del año pasado, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) dijo que algunos datos geológicos y sísmicos de los estudios eran “cuestionables” y que los tipos de suelo alrededor de las represas —un factor importante para determinar la actividad sísmica— nunca se mencionaron en los estudios originales. “Los estudios realizados no permiten confirmar la completa sustentabilidad [del proyecto]”, comentó el Inpres en un comunicado.

Algunos de los trabajos de análisis del suelo se han realizado con fractura hidráulica, o fracking, un método para abrir el suelo mediante la inyección de líquido a alta presión. Esto podría haber contribuido a dos terremotos a principios del año pasado en la falla geológica del río Bote, en el lado oeste del río Santa Cruz, según comenta el Inpres.

“Utilizar el método del fracking es una total locura”, dijo la Fundación Banco Forestal a la Corte Suprema de Justicia en un comunicado. “Estamos en presencia de una zona sísmicamente activa”. A pesar de estos riesgos geológicos, no se conocen planes para trasladar el proyecto fuera de la zona y evitar así que se produzcan más terremotos.

Silvina Comachi, residente de la localidad de Piedra Buena en Santa Cruz y miembro del Movimiento Patagonia Libre explicó a Infobae que “las localidades que nos abastecemos del agua potable del Río Santa Cruz como es Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Puerto San Julián también veremos afectada la calidad del agua por la salinidad sabiendo que la lengua del mar llega hasta la altura de Piedra Buena y en caso de que empiecen con el llenado de los diques, no sabemos qué va a pasar con la calidad del agua”.

Contra el patrimonio cultural

La comunidad mapuche de Lof Fem Mapu, en Santa Cruz, presentó una demanda en 2017 —a la que más tarde se sumaron otras catorce comunidades— en la que pedía que se les consultara debidamente sobre las dimensiones del proyecto, ya que podría impactar de manera negativa en el patrimonio cultural, sobre todo al alterar el flujo del río, importante para su sistema de creencias.

“Jamás se nos habría ocurrido represar un río”, dijo a Mongabay Sergio Nahuelquir, líder de la comunidad mapuche. “Porque todo lo que existe, la biodiversidad, las montañas, el río, los pájaros, las propias piedras, todo eso tiene una fuerza vital para nosotros, un espíritu y una energía. Esa energía ayuda a los seres humanos a vivir”.

La demanda fue presentada contra el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como también la provincia de Santa Cruz, entre otras entidades regionales. La constructora, Represas Patagonia, también figuraba como demandada.

“El derecho a la consulta previa, libre e informada aún no ha sido garantizado ni hecho efectivo, tanto para la comunidad Lof Fem Mapu como para las otras comunidades indígenas que pueden ver afectados sus derechos con la ejecución del proyecto”, señala la demanda. “[Esto es]a pesar de que [los diseñadores del proyecto]ya han comenzado el desarrollo preliminar y están próximos a iniciar las obras principales”.

Antes de que se inicie la construcción de la represa, las autoridades están obligadas por ley a reunirse con los residentes para discutir el impacto del proyecto en sus comunidades. Sin embargo, los líderes indígenas afirman que el proceso de consulta nunca se llevó a cabo. Otros afirman que solo tuvieron noticias de los funcionarios cuando la construcción ya había comenzado, de acuerdo con la demanda.

Fuente: InfoBae