El Gobierno nacional oficializó la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública a través del Decreto 959/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Esta decisión, anunciada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, pone fin a una práctica que permitía a familiares o cónyuges de empleados fallecidos ocupar sus posiciones en entidades clave como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Banco Central y el Banco Nación.

Argumentos

El decreto fundamenta esta decisión en una serie de considerandos que resaltan los principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. En primer lugar, establece que “la Constitución Nacional reafirma la concepción liberal de nuestra República al reconocer en su Preámbulo el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad y el ejercicio de las libertades individuales de los habitantes”.

Además, se recuerda que “las bases constitucionales de nuestro país fueron consolidadas sobre el principio de igualdad y su proyección hacia la prohibición de establecer distinciones fundadas en la ascendencia”, refiriéndose a la prohibición de títulos nobiliarios establecida por la Asamblea del Año XIII. Esto forma parte de un esfuerzo por eliminar distinciones entre personas en el acceso a la función pública.

El decreto subraya que la idoneidad es la única condición para acceder a cargos en la administración pública, afirmando que “la selección del personal para realizar un trabajo debe efectuarse sobre la base de su capacidad para ejercerlo”.

En este sentido, la medida enfatiza que la idoneidad se convierte en “un criterio objetivo y nivelador para el acceso al empleo público, que se condice con el sistema republicano y democrático y permite un mejor funcionamiento de las instituciones”.

Asimismo, establece procedimientos de ingreso al empleo público que garantizan igualdad y objetividad en los procesos de selección. La normativa también avanza en la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, buscando reducir la plantilla en un 15 por ciento y promover jubilaciones, a la vez que implementa controles para que los convenios sindicales no incluyan beneficios hereditarios.

La medida califica como “arbitraria e irrazonable” cualquier diferenciación normativa que favorezca a una persona para acceder a un empleo en función de su nacimiento o su relación familiar con un empleado público. “En un sistema político democrático y constitucional, en el que la igualdad jurídica procura reflejar la igualdad natural de oportunidades para los hombres, toda diferenciación normativa que se establezca entre ellos, o toda prerrogativa que se les conceda con motivo de su nacimiento, resulta arbitraria e irrazonable”, sostiene el texto.

Desafíos y cumplimiento

A pesar de la claridad de la nueva normativa, se observó que no siempre se ha logrado su objetivo. Por ejemplo, el Banco Central había restaurado la posibilidad de acceso hereditario a un cargo, permitiendo que el cónyuge, pareja conviviente o hijo de un empleado fallecido ocupe su lugar. Además, otros convenios colectivos celebrados por entidades públicas, como la ex-Administración Federal de Ingresos Públicos y el Banco de la Nación Argentina, contienen cláusulas que contravienen la prohibición de privilegios hereditarios.

Para reforzar esta prohibición, el decreto cita el artículo cuatro de la Ley 14.250, que establece que no se homologarán convenios colectivos con cláusulas que infrinjan el orden público. También se menciona el artículo ocho de la Ley 24.185, que excluye del ámbito de negociación colectiva el principio de idoneidad en el ingreso y promoción de la carrera administrativa, consolidando este principio como inalterable por parte del Estado.

En términos del artículo ocho de la Ley 24.156, la normativa prohíbe cualquier privilegio o beneficio basado en vínculos hereditarios para acceder a empleos en el Sector Público Nacional. Las diversas reparticiones del sector público tendrán un plazo específico para adaptar sus normativas y eliminar tales privilegios, instruyendo a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano a no homologar convenios que no respeten la idoneidad como criterio exclusivo de ingreso a empleos públicos.

Las nuevas disposiciones establecidas:

Artículo uno: prohíbe el acceso a empleos en el Sector Público Nacional por vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación.

Artículo dos: obliga a los órganos y entes del Sector Público a ajustar sus normativas en los términos de esta medida en un plazo de treinta días. En caso de exceder sus facultades, deberán adoptar medidas necesarias para cumplir con las disposiciones.

Artículo tres: instruye a la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano a no homologar convenciones colectivas de trabajo con cláusulas opuestas a esta normativa.

Artículo cuatro: invita a provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a dictar normativas de igual naturaleza.

Además, esta disposición afecta a instituciones en todos los niveles, al eliminar prácticas medievales de “casta laboral” y reforzar la política gubernamental de reducir la planta estatal.