A través de la Resolución 518/2023 la Secretaría de Energía dio a conocer los objetivos del sector en materia de transición energética para los próximos años.

A través de la Resolución 518/2023, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía aprobó el documento "Lineamientos y Escenarios para la Transición Energética a 2050".

La aprobación de las dos iniciativas se plasmó en las resoluciones 517/2023 y 518/2023, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

El plan a 2030 se presentó en un anexo de 109 páginas en las que se desarrollan las metas específicas a lograr hasta ese año, entre los que se destacan: no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) para toda la economía; reducir por eficiencia energética y uso responsable de la energía al menos un ocho por ciento de la demanda energética y superar el 50 por ciento de fuentes renovables en la generación eléctrica.

También se propone alcanzar una penetración de autos eléctricos del dos por ciento del parque de vehículos; alcanzar los 1.000 megavatios (MW) de generación distribuida renovable y aumentar la red de transmisión eléctrica de alta tensión en 5.000 kilómetros de nuevas líneas.

En cuanto a las metas cualitativas, señala crear las condiciones propicias para el desarrollo local de la cadena de valor de tecnologías de energía limpia, incluyendo nuevas tecnologías no convencionales y emergentes; crear nuevos puestos de trabajo locales y sostenibles relacionados con el sector; reducir la pobreza energética según se establezcan las necesidades que conlleva este concepto y facilitar una transición energética justa.

En los lineamientos de cara al 2050 se plantean tres escenarios: uno de base, con una tasa de crecimiento de la demanda moderada y una baja electrificación de nuevos usos, con un impuesto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de 25 dólares por tonelada de CO2 a partir de 2040.

El escenario optimista, mantiene el mismo nivel de impuesto y sumará nuevas acciones y tecnologías relacionadas con la descarbonización del sector energético.

Por último, el escenario ambicioso agrega una incorporación acelerada de tecnologías de descarbonización y una mayor electrificación de nuevos usos, elevando el impuesto a las emisiones a 56 dólares por tonelada de CO2.

En el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, la Argentina presentó en noviembre de 2022 su Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo plazo a 2050 y presenta regularmente sus Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (Ingei) que en 2018 mostró un desempeño al del promedio mundial (51 por ciento contra 76 por ciento).

Fuente: Ambito