El hombre la sometía a abusos psicológicos, físicos, la explotaba sexualmente y golpeaba a sus hijos. La hija más grande, que también lo apuñaló, fue igualmente sobreseída. El juez, en su resolución, afirma que de esa manera intenta reparar la violencia que el Estado tuvo con ella, luego de que no respondiera ante las nueve denuncias que hizo la mujer.

“Yo maté a mi marido porque sabía que él me iba a matar”. Con esa frase Paola Córdoba (41) confesó el crimen de su esposo. Nunca negó nada de lo que hizo. Contó que fueron decenas de puñaladas, que él le dijo que no se durmiera esa noche porque le mataría a los hijos. Después de inculparse, entregó detalles de años de maltratos. Contó que él la obligaba a que se prostituyera al costado de la ruta, que le daba palizas feroces y que también golpeaba a los chicos. Al leer esos relatos, un juez de Garantías de San Martín decidió sobreseer a la mujer y a su hija de 18 años, que también había apuñalado a su padre. Este fallo, con una fuerte perspectiva de género, determinó que la madre estaba en “un estado de necesidad exculpante” y que la chica actuó “en legítima defensa de terceros”, para proteger a sus hermanos.
Fue apenas unas horas después del Día de la Mujer de 2019. A las dos de la mañana del 9 de marzo. Su marido le dijo al oído que no se durmiera porque iba “a terminar con todo”. Ella sabía lo que él le quería decir. Esa era su amenaza repetida. Que le iba a matar a los chicos.

“Solo yo sé cómo se ponía cuando se enojaba. Si yo le decía que no, me lo tenía que aguantar después. Me pegaba, me amenazaba con matar a mi hijo más chico, que era el más pegado a mí. Me dijo muchas veces: ‘Te voy a pegar donde más te duele, te voy a matar a Ramiro’", relató Córdoba en el expediente.

Cordoba y Naiaretti
Vio que el marido cerró los ojos y ella bajó a la cocina. Agarró el cuchillo para cortar el fiambre y otros cuatro que estaban en la canasta de los cubiertos. Subió despacio y los dejó en el baúl que tenía al lado de la cama, para tenerlos a mano.

Córdoba denunció al menos siete veces a Alberto Nairetti, desde 2012 a 2018. Lo hizo en fiscalías, en la comisaría de José C. Paz, Comisarías de la Mujer, Juzgados de Paz, en un Juzgado de San Martín. También en la escuela de una de las hijas hicieron una denuncia a la Dirección de Infancia de ese partido. Al hombre le impusieron dos perimetrales que no cumplió, una en 2017 y otra en 2018. La primera fue luego de una paliza. Ella se había olvidado de llenar el tanque de agua. Él esperó a que se cargara y le apuntó con la hidrolavadora. La lastimó en la mano porque se tapaba la cara. La metió en el baño y le dio patadas. Luego llenó cinco baldes de agua helada y se los tiró encima. La segunda perimetral fue después de que la amenazara porque no quería ir a la ruta 8 a prostituirse. “Esa vez me dijo que me iba a matar”, relató la mujer.

En medio de la oscuridad agarró uno de los cuchillos y se lo clavó en el lado izquierdo del pecho. El hombre se despertó, ella siguió clavándoselo en la panza. Según relata, él se le fue encima y le agarró el arma. Le acercó el cuchillo hacia ella. Los dos gritaban. Fue entonces que entró la hija a la habitación.
Después de varios años, Córdoba dejó de contar los episodios de violencia contra ella. Las heridas propias no le importaban tanto como el trato a sus cuatro hijos. A Milagros, la de 18, una noche la quiso ahorcar con el cable de su secador de pelo. También le dio cintazos y patadas. “Mi mamá subió corriendo a frenarlo y él seguía enojado. Me llevó al patio, me sentó ahí. Era invierno, hacía frío. Cargó dos baldes de agua y me los tiró encima. Mi mamá miraba todo llorando”, relató la joven ante la fiscal. A Giuliana, de 9 años, antes de una prueba en el colegio, la amenazó por si le llegaba a ir mal: la arrinconó contra una silla y “le pegó muchas piñas en la espalda y en la cabeza”, según figura en la causa.

Milagros entró al cuarto y vio cómo sus padres forcejeaban con el cuchillo. Su papá estaba cerca de clavárselo a madre y agarró uno de los cuchillos que estaban en el piso. Le saltó encima a su papá y se lo clavó dos veces. Él soltó a Córdoba. Milagros se quedó quieta y dejó caer su cuchillo al piso.

“Mi mamá siguió, ella lo seguía apuñalando. Mi papá me miró y me dijo: ‘Vení ayudame’. Y yo lo agarré de la mano y le dije que me perdonara. Fui y me acosté ahí a los pies de la cama y me quedé con mi mamá. Me tapé, le dije que tenía frío, que tenía sueño. Mi mamá me abrazaba. Mi mamá lo miraba de a ratos a mi papá y se ponía a llorar”, relató Milagros.

Córdoba dijo que aún tenía miedo de que Nairetti se levantara. No se quería acercar. Lo miraba, lloraba y veía llorar a su hija. Se animó cuando vio que no respiraba. La hija le dijo que llamaran a la ambulancia. Ella le contestó que tenía miedo de que vinieran los médicos y lo salvaran, porque él la iba a matar. Un par de horas después, llamó al 911 y se entregó.

La fiscal de instrucción Silvia Bazzani entendió que hubo premeditación de la madre y la hija para matar a Nairetti. Sostuvo en el requerimiento de elevación a juicio que las dos mujeres se “manejaban con libertad” y no vulneradas por las acciones del hombre. Para eso menciona que Córdoba “pudo elegir el corte de pelo del hijo, a pesar de que su marido quería que lo tuviera más largo” y que “utilizaba de manera indistinta el celular”. Bazzani también se había negado al pedido de excarcelaciones hecho por la defensa.

Pero en la resolución del juez Alberto Brizuela, que resolvió el sobreseimiento de la madre y la hija, respondió de manera tajante a los planteos de la fiscal y también habló de las responsabilidades de la Justicia por no haberla asistido en todas las instancias en que pidió ayuda. “Córdoba ha sido víctima de violencia institucional, realizada por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a distintos órganos, ente o instituciones públicas, que no han sabido atender adecuadamente las situaciones de violencia que padecía, ni contenerla suficientemente a través de un equipo multidisciplinario abocado a su particular vivencia a lo largo del tiempo”, sostuvo Brizuela.

“Es un fallo histórico, es un antes y un después. Ya no da para más la manera en que la Justicia está mirando lo que sucede con la violencia a las mujeres. Este fallo viene a reparar lo que hicimos durante mucho tiempo. Ellas cometieron ese delito porque no tuvieron otra salida. Entre otras cosas, por la enorme responsabilidad de un Poder Judicial que no las escuchó”, concluye el abogado de las dos mujeres, Andrés López.
Fuente: elDiarioAR