Las organizaciones que integran la Multisectorial de Derechos Humanos repudian enérgicamente un” nuevo intento de avasallar nuestros derechos y libertades, como es el proyecto para ampliar el espionaje y la persecución que ya se viene haciendo sobre los ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente sobre quienes denunciamos y nos oponemos al ajuste y la represión”, informaron a AIM.
Este miércoles se iba a votar en el Senado de la Nación silenciosamente, sin debate público, utilizando las maniobras de ocultamiento de siempre, una modificación al Código Procesal Penal con el objetivo de legalizar el espionaje discrecional, sistemático y masivo y así penetrar sin obstáculos en la intimidad de una persona. Las modificaciones habilitarían la utilización de herramientas como el micrófono, la cámara y el localizador satelital del teléfono o computadora de la persona vigilada, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos.
El texto propuesto, ahora con dictamen de comisión, incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.
“Es preocupante que el Estado avance sobre la posibilidad de intervenir en el fuero íntimo de quienes son objeto de un proceso sin que exista un debate respecto a la forma y alcance que dichas medidas deben tener para ajustarse a un debido respeto de las garantías constitucionales de los imputados y a la protección de sus datos personales. Queda un amplio margen para cometer abusos y no se garantiza un adecuado control por parte de un organismo imparcial”, dijeron desde la Multisectorial en un documento al que accedió AIM.
“No llaman la atención los objetivos de este proyecto, ya que de aprobarse representaría uno de los tantos atropellos sobre los derechos y libertades que el gobierno nacional viene implementando desde el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, resulta altamente preocupante que esto haya sido presentado desde un bloque que, al menos en los papeles, corresponde a la oposición. Sus autores los senadores Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guillermo Guastavino. Entre los firmantes está la también entrerriana Sigrid Kunath”, apuntaron.
En ese marco, dijeron que “este sector partidario ya ha contribuido con Cambiemos en la aprobación de medidas antipopulares, como fueron la reforma jubilatoria y los pactos fiscales de ajuste entre la Nación y las provincias. Ahora esa alianza de hecho sirve para avanzar en la política represiva persecutoria del gobierno nacional, la misma que pretende la mano dura de la doctrina Chocobar, que tiene presos políticos, que responde con balas y gases a la protesta social y que es responsable nada menos que de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Asistimos a un alineamiento peligroso de doble filo: en el programa económico neoliberal y en el programa represivo”.
Ante ese escenario, preguntaron al presidente Mauricio Macri, a los intendentes de Entre Ríos, al gobernador Gustavo Bordet, “si se sentirían cómodos viviendo en una sociedad en que sea legal que sus conversaciones y hasta sus imágenes privadas puedan ser no sólo intervenidas sino también filtradas y hechas públicas”.
“Por tratarse de un proyecto que afecta las garantías de todos y todas, exigimos una discusión amplia en el contexto de un debate parlamentario con la debida participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil”, dijeron e instaron a los legisladores y legisladoras nacionales, especialmente a los electos en las urnas por los entrerrianos y entrerrianas, que “se abstengan de votar una nueva ley en contra de los intereses populares y de los derechos humanos”.