El crecimiento de la marginalidad por las políticas socioeconómicas y el repliegue del Estado hacen que aumenten los casos de enfermedades vinculadas a la pobreza en Argentina, advirtió a AIM María de los Ángeles Berón, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). “El problema es que el Gobierno nacional de Mauricio Macri no toma a la salud como un derecho humano sino como un gasto”, advirtió.
En toda la cartografía argentina, incluso en Entre Ríos, la población más vulnerable está comenzando a sufrir más profundamente las consecuencias del brutal ajuste que inició el Gobierno Macri, ya que “hay un aumento de casos de enfermedades vinculadas a la pobreza y a la falta de acceso a programas de salud y a las vacunas, ya que el Estado nacional no ve la salud como un derecho sino como un gasto, por lo que no apunta a la prevención”, indicó a esta Agencia la enfermera y dirigente sindical de ATE.
“Hoy muchas enfermedades se podrían prevenir, pero el Gobierno realizó fuertes recortes en programas para generar consciencia para evitar las enfermedades, es decir, los casos de hantavirus exponen crudamente que no se previene y hay poblaciones que están en riesgo”, explicó la enfermera.
Además, apuntó que la baja del ministerio de Salud a secretaría a nivel nacional “devela la pauta del programa que lleva adelante el Gobierno nacional de Cambiemos y la poca importancia al derecho a la salud pública que le da”, dijo la profesional, quien precisó: “Ante este escenario nosotros, como trabajadores, venimos defendiendo el sistema público, porque la salud es un derecho que debe ser accesible y tiene que llegar a toda la población, no solamente a quienes tienen dinero”.
En ese sentido, ilustró que mucha población “comenzó a ir al hospital público porque no pueden cubrir tratamientos que antes podían y, a la par, se recorta el presupuesto a los efectores estatales, por lo que no se puede llegar a toda la población”. Además, ante la falta de atención de algunas especialidades en el interior se recurre a Ciudad de Buenos Aires (Caba) donde se inició un programa de cierre de hospitales públicos, por lo que mucha gente se quedará sin tratamientos, que es producto de la aplicación del Certificado Único de Salud (CUS). Este proyecto neoliberal -que implica cierre de hospitales- “también generará mayor desempleo, ya que se echará a muchos trabajadores y, a su vez, se comenzarán a tercerizar prestaciones que antes se garantizaban en efectores públicos”, precisó.
Sin embargo, precisó que “aún no se perciben acabadamente los recortes, ya que esto se irá viendo paulatinamente”. Por ejemplo, en Entre Ríos Nación tiene una deuda millonaria de Incluir Salud y en eso están incluidos usuarios vinculados a la discapacidad, con problemas oncológicos, hemodiálisis y otros. En ese marco el Estado entrerriano “deberá hacerse responsable de esto que es necesario continuarlo y no tendrá todos los recursos, por lo que al reducir las partidas nacionales y transferirlo a la provincia tendrá incidencia”.
“Hasta ahora en Entre Ríos se llevan adelante los programas, pero llegará un momento que no se tendrá porque no habrá plata”, dijo la referente de ATE, quien ejemplificó que otros programas en riesgo son el de prevención de HIV, de Salud Sexual y Reproductiva, donde no habrá insumos para repartir.
También corre riesgo el programa de Salud Mental, que impactará fuertemente en la provincia ya que no hay renovación de contratos y hay problemas en diferentes efectores, como en Tala.