De la reunión informativa participaron referentes de los ministerios de Salud de la Nación, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Desarrollo Productivo. También representantes de la industria, organizaciones sociales, profesionales en la materia y el legislador Guido Girardi, autor de la ley de etiquetado chileno, quien contó su experiencia.

En agosto, los ministros Ginés González García (Salud), Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), habían convenido avanzar en un tema que consideraban “prioritario” por considerarse una “necesidad sanitaria” ante la “pandemia más silenciosa y dura que es la obesidad y el sobrepeso”: el etiquetado de alimentos, y el Senado recogió la demanda y puso el tema en agenda.

Para dar comienzo a la reunión, Mario Fiad (UCR-Jujuy), quien preside la Comisión de Salud, dijo que el borrador que pretende unificar las 13 iniciativas está sujeto a cambios por lo que el objetivo de la reunión informativa sería “enriquecerlo para mejorarlo”. A continuación, dio la palabra a los referentes de los respectivos ministerios presentes.

En primer lugar, habló Ginés González García, quien destacó el trabajo conjunto de los tres ministerios, senadores y Copal. “Sabemos que es un tema complicado, por eso desde el primer momento trabajamos en la coordinación para alcanzar consensos”, explicó.

El ministro de Salud señaló que el proyecto se va a centrar en el etiquetado de grasas, azucares y sodio, para después implementar modificaciones al Código Alimentario. También destacó como prioritaria la regulación de la publicidad, además de la presencia, seguimiento y cuidado en los ámbitos educativos. En cuanto a las relaciones con el Mercosur, remarcó que es importante “armonizar” pese a que Brasil operó individualmente.

En segundo lugar, expuso Marcelo Alós, Secretario de Alimentos del ministerio de Agricultura, quien hizo énfasis en los plazos, a los que catalogó como “prudenciales” para que cada empresa pueda adecuar su proceso productivo, en caso de que tenga que hacerlo.

“No fue tarea fácil, pero esperamos que en el corto plazo podamos sacar el proyecto consensuado, incluso con todas las provincias”, comunicó. Sobre el Mercosur también rescató que es necesaria una “política común para que el comercio entre las partes pueda fluir”.

En tercer lugar, Paula Español, secretaria de Comercio Interior reconoció que “es un tema que la Argentina tenía pendiente, por eso destaco la voluntad del Poder Ejecutivo de sacarlo adelante” y destacó que el etiquetado fomenta el derecho a la información, además de promover la defensa de los consumidores. “El consumo sustentable no es solo ambiental, sino también económico y social”.

En consonancia con lo expuesto con el ministro de Salud, también subrayó la importancia de regular los entornos escolares, la publicidad y el sponsoreo porque la “génesis de la obesidad se da a temprana edad, los chicos son los más vulnerables”.

Sebastián Laspiur, representante de Organización Panamericana de la Salud (OPS), comparó la iniciativa con la regulación (etiquetado y publicidad) al tabaco. “Para combatir la pandemia de obesidad, para detener la curva de ascenso, presentamos una estrategia que tiene cuatro ejes claros: etiquetado frontal, impuestos a las bebidas azucaradas, regulación de la publicidad y protección en ámbitos escolares”.

Sobre la industria dejó en claro que no confía en la auto regulación “porque no tuerce la curva”, pero que el tema no es una dicotomía entre industria y salud “menos en un país como Argentina que es productor de alimentos sanos”, pero que es necesario tener en cuenta que, por ejemplo, los productores y las economías regionales están en crisis por el desplazamiento de los patrones de consumo que pasaron de alimentos frescos a ultra procesados.

Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, presentó estadísticas sobre el tema y dijo que, entre el 2005 y el 2018, los niveles de obesidad aumentaron un 75 por ciento y se manifestó a favor de una política independiente y soberana de etiquetado, tal como lo definieron Uruguay y Brasil. En cuanto a los plazos, remarcó la necesidad de un cronograma de implementación para que la industria pueda reformular sus productos: “lo indicado sería instituir barreras de umbrales para que, en dos años, como tope, podamos alcanzar lo que deseamos. Seis meses me parece poco”. En línea con lo expuesto por el ministro de Salud, también indicó que es necesario un cambio en el código alimentario.

Daniel Funes de Rioja, presidente de Industrias de Productos Alimenticios, reseñó algunas cuestiones desde el punto de vista de la industria. “Si bien estamos de acuerdo con los fines y propósitos de la normativa, que busca proteger al consumidor, informarlo, es fundamental no demonizar ningún producto, por eso discrepo con el modelo chileno”.

También se refirió a la relación con el Mercosur y la importancia de tener una legislación común ya que, caso contrario, exportar al mundo podría ser un problema. En cuanto al texto unificado, técnicamente hablando, dijo que hay que tener cuidado con los términos que se usan: “no es lo mismo hablar de complementariedad que de articulación”.

El presidente del Centro Azucarera Argentina, Jorge Luis Feijóo, resaltó el apoyo al consumo responsable de alimentos y bebidas, por lo que el dejó en claro que estaban de acuerdo con el etiquetado frontal para brindar mayor información a los consumidores: “necesitamos conciliar salud y producción, porque una alimentación saludable no puede ser un conflicto para el sistema productivo. Parece ser que la voluntad política no es estigmatizar, pero la conceptualización demoniza, sobre todo si por ejemplo se considera al azúcar como basura”.

Sobre el azúcar, recalcó que, si bien aumentaron los registros de obesidad en el país, el consumo en el mercado interno en los últimos años cayó un 20 por ciento y fue sustituido por edulcorantes sintéticos, muchos de los cuales son importados y tienen restricciones de consumo en otros países.

Florencia Cnazonieri, representante de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol, recalcó la importancia de una única propuesta ante el Mercosur, la necesidad de definir umbrales que incentiven la reconversión productiva y que no se incorporen leyendas sobre edulcorantes, ya que “son clave en la reformulación y se consideran seguros para la población”. “Proponemos, para bebidas azucaradas, 7.5 gramos por 100 ml en línea como el esquema de Brasil, ya que un límite de 5 gramos, o menos, implicaría que todos los productos lleven sellos”.

Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación -Cepea-, destacó que sólo dos alimentos serán impactados de lleno por el etiquetado: las bebidas azucaradas y las galletas dulces. También habló de la rigurosidad científica tanto para el modelo grafico que se vaya a usar como para la definición del perfil de nutrientes. “Si usamos el perfil de la OPS planteado en este borrador, vamos a estar desalentando el 85 por ciento, o más, de alimentos, lo que incluye algunos productos que fueron regulados anteriormente para reducir nutrientes”. Al respecto, señaló que lo ideal sería entre 66 y 68 por ciento.

Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, comentó la importancia de diferenciar entre el derecho a la información y la advertencia, “porque no es cualquier información la que se necesita para empoderar al consumidor”. Además, vinculó el etiquetado a la ley de góndolas, lo que permitirá mayor diversificación de productos y subrayó que la idea no es “poner en jaque a la producción”.

María Martha Quintana, de Conicet, dijo que no se puede dejar de lado el hecho de que “todos los alimentos de los argentinos tienen sustancias químicas, restos de plaguicidas, antibióticos y demás” por lo que es necesario reformar la forma de producción para poder acceder a alimentos libres de “agrotóxicos”. También propuso se incorpore una leyenda que indique “contiene conservantes” y que se extienda el cuidado a todos los niveles educativos, no solo primario.

La experiencia internacional

Guido Girardi, autor de la iniciativa en Chile, dijo que “los alimentos llenos de grasas, sales y azucares son chatarra/basura porque un alimento no puede causar enfermedades”.

En cuanto a la ley de etiquetado frontal dijo que su objeto no es prohibir, sino establecer conceptos y terminar con la “asimetría de la información” que llevan los rotulados hoy día.

Sobre el diseño gráfico a utilizar, si bien en un primer momento se había pensado en un semáforo, después de muchos estudios focus group con niños, se llegó a la conclusión de que el rombo negro era la mejor opción.

También hizo énfasis en la importancia de que no haya publicidad “en ninguna parte” (están evaluando la regularización de las redes sociales y entornos digitales), que no se vendan ultra procesados en los colegios o que el Estado no haga compras públicas de alimentos con estas características. “Estamos pensando en poner un impuesto a los productos que tengan estos sellos, en vez de por ejemplo ponerlo directamente al azúcar”, comentó.

Al comentar los niveles de referencia para el etiquetado de productos sólidos propuso: 275 calorías como máximo, 400 miligramos de sodio, 10 gramos de azúcar, 4 gramos de grasas (valores que se ajustan según sea un producto líquido). “Es importante establecer límites por 100 gramos y no por porción, esto fue una batalla con la industria”.

Las ONGs

Desde Unicef señalaron que es importante cambiar patrones de consumo que vienen desde la niñez. “La industria tiene la capacidad de reconfigurarse para ser más saludable, está comprobado”.

Lorena Rodríguez, del Observatorio del Derecho a la Alimentación, resaltó que el etiquetado no debe prestarse a confusiones y que la publicidad, sobre toda la dirigida a niños, debe regularse inmediatamente.

La abogada Berenice Cerra, representante de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, explicó cómo el etiquetado frontal puede ser la puerta de entrada para otras regulaciones. Se mostró a favor del sistema grafico de octógonos negros de advertencia y los umbrales establecidos por la OPS.

Por su parte, Andrea Graciano, de Federación Argentina de Graduados en Nutrición, hizo mención a que únicamente el 26% de los argentinos leen la información nutricional y que la mayoría no la entiende.

El licenciado Ignacio Porras, de la Agrupación Sanar, destacó que el proyecto tiene, como columna vertebral, garantizar derechos a la información, alimentación saludable y salud. También se refirió a los vacíos que hay en el Código Alimentario que son usados por la industria, además de apañar a los ultra procesados. “Por eso, es necesaria una política pública que de herramientas a los consumidores para que puedan ser autónomos en sus decisiones”.

Gastón Ares, de la Universidad de la republica de Uruguay, habló de los plazos y dijo que 12 meses es “más que suficiente”. Sobre el etiquetado hizo énfasis en el uso de la palabra “exceso” en vez de alto y que la iniciativa debe ser una política de estado para que se pueda sostener en el tiempo.

Qué dijeron los senadores

Julio Cobos (UCR-Mendoza), aceptó el modelo chileno ya que es “ejemplificador y claro”, mientras que su par radical, Silvia Elias de Pérez (UCR-Tucumán), propuso escalas para que los plazos se puedan cumplir por parte de todos.

Desde el mismo espacio, la senadora Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) vinculó la obesidad a la cantidad de muertes por la pandemia por el coronavirus y dijo que la Argentina estaba atrasada en la legislación para combatir este “mal”, pero que es necesario proteger, además de la salud, la producción.

Gladys González (PRO-Buenos Aires) mencionó otros proyectos en agenda que tienen íntima relación con la alimentación saludable: agroecología, agricultura familiar, comercios de cercanía, entre otros. En este sentido, solicitó a referentes internacionales presentes en la reunión que se le acerque información, estudios y legislación, para tratar este tema de forma “más amplia, es decir incorporar más alimentos, así como también atender a la forma de producción”.

Por último, Pedro Braillard Poccard (PRO-Corrientes), presidente de la Comisión de Industria y Comercio, explicó que la mejor ley será aquella que signifique un aporte sustancial contra la lucha de la obesidad, por lo que hay un gran desafío por delante en la articulación de los proyectos.

Finalmente, se acordó continuar el tratamiento del borrador la semana entrante, primero en asesores y luego con los legisladores presentes.