La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para reanudar el debate del proyecto de ley sobre financiamiento educativo, impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, constató AIM.

El texto, al que tuvo acceso AIM, establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6 por ciento hasta alcanzar, en 2030, el 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 por ciento del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 por ciento a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60 por ciento sea financiado por el Estado Nacional y 40 por ciento por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5 por ciento destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FoNID) y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Por otro lado, busca implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El debate

En primer lugar, la ministra de Educación de Catamarca, Andrea Centurión, agradeció el espacio para exponer y ser protagonistas más añadió que “este proyecto plasma el trabajo que se ha hecho en el marco del Consejo Federal de Educación y que hoy son una realidad”.

Entre los temas destacados, la funcionaria catamarqueña mencionó que “se requiere inversión para que estos proyectos sean políticas de Estado porque tenemos el compromiso de los 190 días de clases y que en la gestión pública y privada los alumnos tengan su libro de lengua y matemáticas en la mochila”.

Centurión manifestó que “trabajamos en la formación continua de nuestros docentes y el plan alimentario escolar que ha marcado a la ruralidad de nuestra provincia”. “Con aporte del Gobierno nacional, el 60% de las escuelas primarias aumentaron una hora más y han llegado a jornada completa”, indicó.

Después, el director general de Escuelas de Mendoza, José Thomas, indicó que “en los últimos años no se ha visto reflejado en mejoras comparables al aumento en la inversión”, y pidió por un esquema de prioridades respecto a los objetivos.

En esa idea, agregó que “primero cumplamos lo que la ley (vigente)”, solicitó que “primero se invierta en la educación obligatoria y después se le aumente a las universidades”, y cuestionó que la comisión de seguimiento tenga solo 5 representantes de las provincias.

Del mismo modo, el vicegobernador electo de la provincia de Chubut, Gustavo Menna, recordó los años 90 y la falta de financiamiento, y advirtió que “toda asignación tiene que venir con una fuente de financiación muy clara”. “El tema del financiamiento es que la sanciona el Congreso, pero la responsabilidad es de las provincias”, siguió.

“No vemos en el proyecto de ley el aporte nacional para el financiamiento de esta ley y en Chubut aún se superponen espacios físicos. No los estamos viendo y nos puede llevar a repetir esa experiencia”, señaló Menna, y cerró: “Se les dan responsabilidades a las provincias, pero se le quitan recursos como con la quita del Impuesto a las Ganancias mi provincia pierde 30 millones de pesos”.

En representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvieron la vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio, y el legislador Sergio Siciliano. En profundidad, el edil porteño pidió “¿saber de dónde sale ese 8%? Y mirar y en paralelo, el debate del Presupuesto 2024 con una política macro”.

También, recientemente electa, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, solicitó que “se tome en cuenta a un derecho sobre la salud integral informativa, el ciclo lectivo de 190 días, a la educación como servicio esencial”, y pidió por reformas para una “nueva escuela secundaria”.

El jefe de Gabinetes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Urquiza, expresó que “este proyecto de ley va en el sentido de tener un proceso constante de preocupación en relacion a la educación de nuestra sociedad para fortalecer el rol del Estado, del Ministerio de Educación y de las jurisdicciones”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazzo, relató que en su casa de altos estudios “tenemos 2,5 hectáreas y un jardín maternal para que estudiantes puedan dejar a sus hijos que se financia con 38 millones de pesos mensuales, lo que representa menos de dos dias de lo que CABA gasta en pauta publicitaria”.

El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, valoró el crecimiento de las casas de altos estudios en el conurbano bonaerense y expresó que “nuestras universidades se están beneficiando de la ley que dispone el un por ciento del PBI en ciencia y tecnología”.

Asimismo, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, Hugo Andrade, refirió que “en el siglo pasado la inversión era de 0.5 y ahora se duplicó y se agrandó en 19 universidades que son un capital social en el territorio”.

“Antes se creía que había territorios con derecho y capacidad a tener una universidad y otros que estaban bajo de la línea de pobreza no tenían necesidad de generarla. Fue una decisión acertada”, enfatizó Andrade, y cerró: “Las nuevas universidades garantizan derechos y la movilidad social”.

En representación a los claustros estudiantiles, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, expresó: “La primera definición del texto dice que hay consenso de que la educación es un derecho humano fundamental, pero me preocupa que ese consenso esté en riesgo y esté en puja”.

En tal sentido, defendió al proyecto de ley en cuestión y aseveró: “No hay lugar para los váuchers, la educación arancelada y los ataques a la educación pública”.

Con más dureza, la presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López, Sofía Yalj Harteker, cuestionó a la ley debatida y a la anterior por la situación de los centros: “Tenemos que señalar que acá se viene incumpliendo la ley vigente (del 6% del PBI)”.

“No contamos con edificios propios y compartimos otros niveles, tenemos problemas edilicios, no tenemos luz, hay goteras y esto no es algo exclusivo, sino que es moneda corriente de los institutos de la provincia, ya que los gastos caen en la cooperadora y eso es una privatización indirecta”, siguió Herteker.

Para cerrar, consideró que “necesitamos respuestas ahora, no esperar un proyecto de ley para cursar en condiciones”, y cerró: “Otra cuestión es el tema de las netbooks que no se han entregado en el nivel superior en la pandemia y no ocurre ahora y no lo plantea el proyecto de ley”.

Finalmente, el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola, manifestó que “en un momento donde hay voces que cuestionan la obligatoriedad de la educación, es muy importante que los representantes del pueblo argentino estemos convalidado el sistema educativo”.

Siguió que “Argentina tiene las tasas de escolarización más alta de América Latina”, y amplió que “tenemos el 95,9 por ciento de escolarización primaria y el 92 por ciento en escolarización secundaria”. “La mejor forma de defender esto es mejorando la educación pública a través de la inversión y el financiamiento”, afirmó.

Por último, advirtió que “es una ley institucionaliza el comportamiento del Estado y que no se llegó al 6, pero solo se desvió 0,5 del PBI”, y cerró que “el compromiso lo asume el Estado nacional y así pasa a las jurisdicciones porque siempre es un buen momento para invertir en educación, creemos que no es un problema sino una solución”.

Los presentes

En esta tercera reunión informativa estuvieron presentes referentes jurisdiccionales, rectores, funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de estudiantes. Anteriormente, en la primera reunión, había sido defendido por el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

En representación de los distritos de todo el país, estuvieron: Andrea Centurión, ministra de Educación de Catamarca; José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza; Gustavo Menna, vicegobernador electo de Chubut; Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno electa de la Ciudad de Buenos Aires; Sergio Siciliano, legislador porteño recientemente electo; Alicia Aluani, vicegobernadora Electa de Entre Ríos; y Pablo Urquiza, jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Por el lado de los rectores asistieron a la reunión: Germán Pinazzo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento; Arnaldo Medina, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche; y Hugo Andrade, de la Universidad Nacional de Moreno.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación, estuvo Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa, y las representaciones estudiantiles fueron llevadas a cabo por: Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA); Sofía Yalj Harteker, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 39 de Vicente López; Francisco Bargas, referente de la Red Nacional de Centros de Estudiantes; y Camila Dabadie, integrante de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios.