Las comisiones de Derechos Humanos y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de Nación se reunió esta semana para tratar el proyecto de ley sobre personas en situación de calle y familias sin techo, supo AIM.

Según pudo saber AIM, la iniciativa define la situación de calle como estado de vulnerabilidad extrema y obliga al Estado a realizar acciones positivas para salvaguardar no sólo la integridad física sino también el derecho a la autodeterminación y el acceso a condiciones de dignidad contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Declaración Internacional de Derechos Humanos.

El proyecto establece también la creación de una red de Centros de Integración Social a escala nacional, “de acceso voluntario e irrestricto, con una prestación continua y permanente, 24 horas por día, todos los días del año”. Actualmente, a la mayor parte de los centros públicos conocidos como “paradores” las personas solo pueden acceder para pasar la noche o para alimentarse, y luego se ven obligadas a volver a la calle.

Además se impulsa la realización de un censo de personas en situación de calle a cargo del ministerio de Desarrollo en conjunto con el Indec, dado que actualmente no existe ningún relevamiento oficial que disponga de este tipo de datos a escala nacional y son las organizaciones sociales las que en muchos casos se hacen cargo de ese trabajo.

Un ejemplo de esto es lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, en donde las organizaciones censaron unas siete mil personas que vivían en las calle de la ciudad con el presupuesto más rico del país.

El censo que se realizó en abril de 2019 indicó que de las 7251 personas, 871 eran niños, niñas y adolescentes y 40 embarazadas; sin embargo, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta solo reconoció la existencia de poco más de 1100, que son las que acceden a cierta formalidad dentro de los intrincados registros porteños, el resto sigue -vaya paradoja- afuera.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, destacó que se haya tenido en cuenta la prevención, “ya que no sólo aspira a proteger a quienes están en situación de calle sino a aquellos que se encuentran en riesgo de caer en esa situación”. Y añadió “es de suma importancia que los centros de integración que propone la Ley incluya la articulación integral interdisciplinaria de educación y alimentación entre otras cuestiones”.