A pesar de la lluvia que persistió sobre la capital entrerriana, un nutrido grupo de mujeres marchó para reclamar la eliminación de la violencia contra las mujeres, y demandar al Estado las políticas que permitan su erradicación definitiva. “Sin medidas profundas y específicas para nosotras y nosotrxs, no se puede revertir esta situación”, señaló a AIM Nadia Burgos, una de las protagonistas de la movilización.

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La columna se concentró en plaza de Mayo y se dirigió a Casa de Gobierno para dar lugar a un acto posterior con lectura de documentos y otras intervenciones. De la convocatoria participaron organizaciones como Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad, MST Nueva Izquierda, Socorristas en Red, entre otras entidades sociales y sindicatos que se sumaron a la convocatoria.

En diálogo con esta Agencia, Nadia Burgos, referente del MST e integrante de otras organizaciones nucleadas, dijo que “al compás de la marea feminista que se vio expresada este año, la movilización contra la violencia de género y la disidencia tiene que expresarse con muchísima fuerza, porque tenemos que marcarle al Estado que no solamente estamos de pie sino que seguimos dando batalla para conquistar todos los derechos que aún nos faltan”.

En este sentido, Burgos señaló que “la lucha contra los feminicidios, travesticidios y lesbicidios no está separada de una lucha contra el presupuesto ajustador que se aprobó recientemente y está hecho a la medida del FMI. El año que viene, vamos a recibir sólo 11 pesos anuales por mujer para las políticas de erradicación de la violencia de género. Nuestras vidas no pueden digitadas y puestas en riesgo por el FMI”.

“La desigualdad estructural que hoy estamos viviendo tiene un correlato directo en la feminización de la pobreza y golpea directamente en la vida de todas las mujeres y en la disidencia. Entendemos que, sin medidas profundas y específicas para nosotras y nosotrxs, no se puede revertir esta situación”.

Ámbito laboral[{adj:28823 alignright}]Respecto de la situación específica de la mujer y la disidencia en el área laboral, Burgos señaló que “es una clara expresión de la desigualdad estructural” ya que “en promedio, cobramos un 28 por ciento menos que los varones. Así también denunció que “cada cinco mujeres jóvenes menores de 29 años no podemos conseguir trabajo.

Por otro lado, la referente del MST señaló que el 36 por ciento de las trabajadoras se encuentran en situación de precariedad laboral. “Además, somos las que, en su mayoría realizamos las tareas domésticas y de cuidado, que no están remuneradas. Esta sobrecarga de trabajo hace que, cada vez que hay un ajuste, nos pega de una forma significativamente mayor”.

Violencia ideológica

Desde la marcha también se cuestionó el accionar de la iglesia católica, como así también de grupos evangelistas: “Así como el Gobierno o el FMI nos ataca con una violencia de ajuste directa, los sectores de la iglesia imparten una violencia ideológica que es patriarcal e interrumpe, en su relación privilegiada con el Estado, la posibilidad de las mujeres y la disidencia para conquistar los derechos”, dijo Burgos.

Por esta razón, la dirigente enfatizó la necesidad de que “la separación de la iglesia del Estado” sea una de las consignas fundamentales” en el marco de la construcción de un feminismo que enfrente “la explotación capitalista y la opresión patriarcal”.

El documento

Al llegar a Casa de Gobierno, la marcha manifestó sus consignas en un documento al que tuvo acceso AIM. Entre otros puntos, se protestó contra la violencia trans, el aborto clandestino, y la falta de implementación de la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI). A continuación, se reproducen algunos fragmentos:

El genocidio trava y los feminicidios son violencias: Todos los días desaparece una mujer, lesbiana, trans o travesti y de acuerdo a  estadísticas no oficiales, una muere cada 32 horas en nuestro país. Durante el período comprendido entre enero y noviembre de 2018, Argentina registra  216 feminicidios: 21 feminicidios vinculados de mujeres, hombres, niñas y niños y cuatro travesticidios.

El 22  por ciento de las mujeres asesinadas en nuestro país entre enero y noviembre de 2018 había realizado denuncia previa, mientras que un 12,5 por ciento tenía medidas de protección, lo que muestra la responsabilidad que comparte el Estado con los feminicidas.  El 93 por ciento de los feminicidios fueron perpetrados por hombres con vínculos cercanos y el 67 por ciento ocurre en las casas de las víctimas.

Son brutales las formas con las que nuestras hermanas nos han sido arrebatadas: 14 de los feminicidios fueron niñas y adolescentes menores de 15 años, 78 por ciento de las mujeres fueron abusadas y el 42 por ciento estuvo desaparecida durante varios días.

Denunciamos al gobierno de Macri que en el 2019 solo destinara 11 pesos por mujer por año a las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género.

En Entre Ríos hay feminicidas sueltos en las calles por la impericia en la instrucción de las causas: el feminicidio de Gisela López no tiene aún culpables y no se avanza en la causa para esclarecer el feminicidio de Jéssica Dos Santos. Exigimos justicia ya por Alejandra y Karen. Entre muchos casos en los que se invisibiliza el feminicidio y la causa se caratula para culpar a la víctima.

La clandestinidad del aborto es violencia: Este año estuvo atravesado por la inmensa e incasable marea verde que logro la media sanción en Diputados del proyecto de Aborto legal, seguro y gratuito. Demostramos el 13 J y 8A la fuerza organizada en las calles y reafirmamos hoy que es el camino para conquistar nuestro derecho a decidir.

No olvidamos a diputades y senadores que votaron la clandestinidad y la muerte. Marchamos contra la violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra libertad reproductiva, porque  las instituciones pretenden seguir ejerciendo el control sobre nuestros cuerpos, nuestro comportamiento, porque penalizan nuestra libertad para decidir como forma de disciplinamiento  tanto en el sistema judicial como en el de salud.

Repudiamos las agresiones de los grupos antiderechos y profesionales de la salud que atentan contra el Protocolo de interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud, avalado por el artículo 86 del código Penal por eso gritamos y reclamamos a viva voz: Implementación real de la Interrupción Legal del Embarazo. 

Negar derechos es violencia:  Ni Nación ni la provincia cumplen con la Ley de Educación Sexual Integral y desde el 2015 recortaron el 80 por ciento de los presupuestos para el desarrollo de las actividades previstas, entre ellas, la formación de docentes.

Denunciamos las campañas antiderecho como “Con mis hijos no te metas” o “ideología de género y estado asunto separados”  fomentadas por grupos reaccionarios pertenecientes a algunas iglesias evangélicas, que desconocen a niñes y adolescentes como sujetes de derecho.

No queremos Educación para el Amor, sino ESI con perspectiva de género.  Repudiamos el intento de desarrollar en la provincia jornadas de adoctrinamiento por parte de la Iglesia Católica que niegan la reglamentación y lineamientos curriculares. A su vez denunciamos y exigimos al CGE una real implementación de la ESI tal como la plantea la ley vigente.

Repudiamos las acciones de supervisores que refuerzan concepciones patriarcales y contrarias a las perspectivas de la educación pública, gratuita laica y de calidad.