Las asambleas “son un derecho pero se deben hacer en los lugares de trabajo”, dijo a AIM el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, quien defendió el polémico decreto que encorseta la actividad sindical de los empleados públicos, para evitar movilizaciones. 

Ante la presentación que realizó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos en el Juzgado Laboral 4 para pedir la anulación del Decreto 384, que prohíbe las asambleas sin 24 horas de aviso y restringe el espacio donde se deben realizar, Bordet defendió la medida.

“Trabajamos el Decreto y tomamos distintas medidas, pero hay que tener una normativa, ya que las asambleas son un derecho de los trabajadores y se deben hacer en los lugares de trabajo, como todas las asambleas”, dijo a esta Agencia.

En ese sentido, el gobernador evitó explayarse sobre la disposición que cercena la protesta social, pero subrayó que a su juicio su gestión “es muy respetuosos de la libertad sindical”.

Además, consideró que -en contraposición a la lectura que hacen los principales gremios de trabajadores públicos y docentes- la disposición no haría otra cosa que “fortalecer la libertad sindical”.

La discusión por el decreto se da en un complejo escenario, ya que pese al discurso dialoguista, la respuesta del Gobierno provincial a los reclamos de los trabajadores públicos ha sido el incremento de las acciones tendientes a cercenar las herramientas e instancias de protesta. Los descuentos por paro, los esfuerzos para hacer cada vez más estricto el control sobre el acatamiento de las medidas de fuerza y decretos para impedir o limitar la realización de asambleas son algunas de las acciones en este sentido que van en línea con los criterios impulsados desde el Gobierno nacional.