Un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados establece la creación de un registro de entidades de crédito para consumo con el fin de “implementar políticas públicas destinadas a proteger al consumidor o usuario” y “no permitir el uso abusivo y la disparidad contractual que opera en los contratos de adhesión”, supo AIM.[{adj:3090 alignright}]

Es moneda corriente al abuso cometido por las casas de crédito, comúnmente llamadas financieras que ante la imposibilidad de muchos ciudadanos de acceder a créditos bancarios por los montos y los requisitos exigidos, aprovechan la situación aplicando tasas de usura.

Intentando llenar el vacío legal existente, un proyecto de Ley presentado en la Cámara de Diputados establece la creación de un registro de entidades de crédito para consumo que incluiría a personas físicas y/o jurídicas privadas que otorguen créditos al consumo, siempre que se encuentren operando o deseen hacerlo en el territorio provincial.

La norma abarca a aquellas entidades que otorguen préstamos con fondos propios o recursos no bancarios y que no estén alcanzadas por la Ley 21.526 de Entidades financieras y/o por la Ley 25.065 de Tarjetas de crédito.

La Ley apunta a “implementar políticas públicas destinadas a proteger al consumidor o usuario en las operaciones de crédito al consumo; concientizar y difundir el uso adecuado de las herramientas financieras, no permitir el uso abusivo y la disparidad contractual que opera en los contratos de adhesión y velar por el trato digno, equitativo e igualitario entre las partes”, entre otros objetivos.

La finalidad del registro, explicitada en el artículo quinto, es “identificar a todas aquellas personas físicas y/o jurídicas que operen o deseen realizar operaciones de crédito al consumo en el territorio de la provincia; controlar el cumplimiento de la Ley;

producir información fehaciente sobre los tipos de créditos otorgados, las tasas vigentes, los costos adicionales y totales utilizados, los procedimientos realizados y toda aquella otra información que estime oportuna y necesaria”.

La iniciativa toma como antecedente una Ley provincial sancionada en La Pampa y responde “al constante crecimiento de la oferta de los denominados créditos al consumo, ofrecidos por distintos tipos de entidades, comúnmente llamadas “financieras” –no regidas por la Ley de Entidades financieras- las que en muchos casos cometen una gran cantidad de abusos hacia los consumidores, ocasionando un fuerte aumento de denuncias por parte de éstos”.

En ese marco, la iniciativa de autoría del diputado Diego Lara busca brindar “protección a los consumidores de los servicios de crédito al consumo estableciendo obligaciones concretas que permitan lograr una relación de consumo equitativa e igualitaria”.

El legislador sostuvo, en la fundamentación del proyecto, que “estos consumidores son generalmente personas con escaso acceso a la información (jubilados, pensionados, personas con bajos recursos económicos), y que aprovechándose de esta situación de debilidad y necesidad y de la imposibilidad de acceso al sistema financiero bancario, es que estas entidades han encontrado un lugar propicio donde desarrollar sus actividades por demás lucrativas” y advirtió que esta situación pone de manifiesto “las desigualdades que el sistema financiero formal provoca al dejar a un sector de la población sin acceso a sus servicios por encontrarse, muchas veces, en la informalidad, y por no reunir los requisitos establecidos por las instituciones bancarias para brindarles créditos adaptados a sus necesidades”.