La Justicia de Colombia ordenó secuestrar el tesoro del galeón español San José, hundido por corsarios ingleses cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII.

El tesoro había sido reclamado por una empresa norteamericana que pretendía el 50% de la carga.

La empresa Sea Search Armada (SSA) asegura que encontró en 1982, frente a las costas de Cartagena, los restos de la embarcación y su contenido por lo que reclama la mitad de la propiedad.

El hallazgo del San José, buque de guerra del imperio español hundido en 1708 con un cargamento de oro del virreinato de Nueva Granada, plata de Perú y esmeraldas que ascendería a varios miles de millones de dólares, fue reportado el 27 de noviembre de 2015 por el Gobierno de Colombia en un espacio marítimo diferente.

La decisión del Tribunal Superior de Barranquilla revocó una decisión judicial de 2017 y dejó en firme una 1994 que había ordenado el embargo del tesoro.

Colombia insiste en que al no existir ningún naufragio en las coordenadas reportadas, SSA no tiene derecho a reclamar parte de la propiedad.

El hallazgo del galeón desató un litigio con la empresa y entre estados. España defiende la propiedad de la embarcación, argumentando que es un buque de guerra con pabellón de Estado y con inmunidad soberana bajo la convención de Naciones Unidas de Derechos del Mar, que Colombia no integra. Además, España asegura que se trata de una tumba marina en la que yacen los restos de 570 connacionales.

SSA reclamó en 1989 “el 100 por ciento de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental” o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un reporte confidencial de 1982.

Un juez de Barranquilla determinó en 1994 que los tesoros corresponderían en un 50% a Colombia y en otros 50 por ciento a la compañía estadounidense.

Colombia cuenta con una Ley, la 1.675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”. Según dicha ley forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas “las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio”.

Esa ley recoge sin embargo que “no se considerarán patrimonio cultural sumergido” las “cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas”, así como los “bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes”. Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público-privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio (lo que quedó del barco) y obtenga una compensación de “hasta el 50% del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación”.

Bienes que se rescatan son del Estado

El Gobierno colombiano aseguró ayer martes que la orden judicial de embargo o “secuestro” del tesoro del galeón español San José, no afecta las negociaciones que se realizan para que los bienes que se rescaten sean propiedad del Estado. Así lo informó la Vicepresidencia, que en un comunicado detalló que el fallo judicial “solo se refiere a una medida procesal antigua que en nada afecta el proceso contractual vigente en este momento" sobre el San José.

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, afirmó este lunes que el Gobierno no permitirá que el tesoro del galeón acabe en anticuarios del mundo.