Las comisiones de Seguridad, Legislación General y Asuntos Municipales desarrollaron encuentros de trabajo en el recinto. Los ediles analizaron la reforma del reglamento de la Policía de Entre Ríos, iniciativas del Superior Tribunal de Justicia provincia y modificaciones a la Ley de Régimen Municipal.

Seguridad: La reforma del reglamento de la Policía en estudio

Los senadores que conforman la Comisión de Seguridad, analizaron el proyecto del poder Ejecutivo que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el cual se modifica el Reglamento General de la Policía aprobado por Ley 5.654.

Participaron de la reunión de trabajo el presidente de la Comisión, Rafael Cavagna los senadores Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Nancy Miranda y Jaime Benedetti.

El senador Cavagna señaló que hay una necesidad del poder Ejecutivo en cuanto al tratamiento del proyecto de ley, y la intención del bloque es avanzar en ese sentido. Los senadores de la oposición plantearon algunos cuestionamientos al texto, específicamente a los artículos 5 y 7 de la iniciativa, por lo que se consensuó continuar abordando el proyecto en próximas reuniones de comisión.

Entre otras reformas, el proyecto propone que la División Asesoría Letrada sea reemplazada por la expresión “División de Asuntos Jurídicos” y dispone que la misma dependerá directamente del Jefe de Policía de la Provincia. Además, crea la División Investigación de Actos de Corrupción y la División Análisis y Prospectiva, dependiente del Jefe de Policía de Provincia.

Legislación General: Reunión junto a integrantes del Superior Tribunal de Justicia

Los integrantes de la Comisión de Legislación General, presidida por el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), recibieron al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ), Leonardo Portela; a la vicepresidenta del organismo, Laura Soage; a la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Tepsich.

En este encuentro abordaron detalles de dos proyectos de ley que tienen origen en el STJ. Uno propone la implementación, de manera gradual y progresiva, de las Oficinas de Gestión Única en los Fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo. Otro propone que el agente financiero de la provincia abone un canon mensual sobre los saldos disponibles en las cuentas bancarias judiciales que son abiertas por disposiciones de los jueces y juezas en los juicios que tramitan.

Iniciativas del Superior Tribunal
Cabe recordar que en el marco de lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Provincial, el alto organismo judicial está habilitado para presentar proyectos “cuando se tratare de materias vinculadas a la organización judicial”. El proyecto llegó a la Cámara de Senadores en abril de este año.

Abrió el encuentro el senador Benedetti, quien agradeció las presencias y comentó las razones que impulsaron la invitación a concurrir a la comisión. Destacó el legislador la importancia de contar con la opinión de los integrantes del STJ sobre el proyecto y reveló que también se requirió la del Colegio de la Abogacía y la de la Asociación de Magistrados. Informó que esta última envió un documento, el que fue comentado durante el encuentro.

Estuvieron presentes los Senadores Juan Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos y Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos).

Argumentos
El texto que trata la Cámara Alta y que de acuerdo a los resultados del diálogo contará con el apoyo de los legisladores con un despacho de comisión favorable, fue acompañado por fundamentos que indican cómo se llegó a la necesidad de elaborarlo y solicitar el tratamiento por parte de la Legislatura.
Se explica que en la provincia “se impone la necesidad de redistribuir los recursos materiales, humanos y tecnológicos en relación a los procesos judiciales civiles, comerciales, de familia y laborales”.

Enumera que el expediente digital, la firma digital, la oralidad con la videograbación de las audiencias y el sistema de notificación electrónica “no hicieron más que agilizar la tramitación de las causas; garantizar la implementación de la oralidad efectiva; y asegurar y mejorar la calidad de los actos procesales”.

Partiendo de esa base se avanza en la “profesionalización y centralización de la gestión judicial junto con la progresiva separación de tareas administrativas de las jurisdiccionales; lo que permite a la magistratura el estudio y resolución de los casos que llegan a su conocimiento”.

“Nos encontramos ante una nueva visión sobre la actividad jurisdiccional”, agregan en los fundamentos.

De la reunión de hoy
Sobre las gestiones del poder Judicial se expresó ante los senadores del presidente del STJ, Leonardo Portela, quien después de agradecer la invitación al encuentro de trabajo, profundizó sobre el proyecto y destacó que se trata de responder a nuevos modelos de gestión, los que se han ido aplicando paulatinamente con muy buenos resultados. Detalló objetivos y explicó los beneficios de la existencia de una referencia única durante el trámite.

Antecedentes
Volviendo sobre el contenido de los fundamentos, en los mismos se informa que por Acuerdo General del Stjer 39/22 del 23/11/22 – Punto 4º), se aprobó la propuesta de reglamentación y estructura de la Oficina de Gestión Única (OGU); que depende de la Sala 2 en lo Civil y Comercial Stjer.

Después de esto (resolución 1019/22 del 21/12/22), “se dispuso la primera etapa de implementación progresiva de esa Oficina en el Fuero de Familia en simultáneo en las jurisdicciones de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú”.

Para profundizar este proceso tendiente a mejorar el servicio de justicia “se proyecta diseñar un régimen gradual de implementación de la OGU para el fuero civil y comercial y para el resto de las jurisdicciones donde se considere necesaria la reestructuración orgánica de las oficinas administrativas y judiciales”.

“Resulta evidente que el nuevo paradigma se traduce en decisiones y en una dinámica de muy alta complejidad; en consecuencia, se justifican facultades amplias y flexibles respecto al objetivo pretendido”, cierra el mensaje que acompaña al proyecto.

Detalles de la iniciativa
El proyecto de ley apunta a facultar al STJ “a adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para ajustar el funcionamiento de sus áreas administrativas y jurisdiccionales a la implementación gradual y progresiva de las Oficinas de Gestión Única (OGU) en los Fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo, lo que incluye propuestas de reubicación o reasignación del personal y sus tareas, preservando la jerarquía y los haberes, incluso solicitando la creación de nuevas dependencias y unidades de gestión en favor del correcto funcionamiento del servicio de justicia y del respeto por los derechos y garantías de justiciables”.

Para ello se apunta a facultar al STJ al dictado de todas las normas prácticas necesarias para la aplicación de las Oficinas de Gestión Única en los Fueros Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo.

Hay buenos resultados
Los integrantes del Superior Tribunal entrerriano enfatizaron que se observan buenos resultados al evaluar la implementación gradual. Junto a los altos magistrados estuvo en la reunión Cecilia Palavecino, quien es la Coordinadora Provincial de la Oficina de Gestión Única, que ante la consulta de los legisladores comentó como se avanza para la aplicación del sistema.

El trabajo progresivo ha significado que la Justicia deba ir optimizando tanto los recursos materiales como los humanos. Sobre este último punto, ante una consulta puntual de los legisladores, Portela destacó el diálogo con la representación de los trabajadores. La generación de mecanismos ágiles optimizando funciones y el trabajo del personal fueron destacados por la vocal Gisela Schumacher, entre otras cuestiones.

Hubo un intercambio de opiniones y se mostró la importancia de contar con el respaldo legislativo para profundizar un proceso que hace al mejoramiento integral del servicio de justicia. Los legisladores se mostraron favorables a emitir un despacho de comisión favorable.

Fondos de la Justicia provincial
El senador Dal Molín, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, comentó a los Magistrados que había otro tema, también impulsado desde el STJ, sobre el que consideraron oportuno pedir una opinión.

Se trata de un proyecto de ley que obliga al Agente Financiero de la provincia a pagar, al Superior Tribunal de Justicia, un canon mensual sobre los saldos disponibles en las cuentas bancarias judiciales abiertas por disposiciones de los jueces y juezas provinciales en los juicios que tramitan.

La iniciativa del Superior Tribunal entrerriano, apuntando a ejercer de manera eficaz y eficiente el servicio de justicia, intentando dar respuesta a las demandas de la sociedad en su conjunto, despliega acciones para fortalecerse.

No está ajeno a todo eso lo relacionado a los recursos con los que se puede contar para hacerlo. Se explicó en la reunión que se aplica un mecanismo similar en otras provincias.

En Entre Ríos se ha iniciado un proceso de modernización administrativa, informática y también edilicia, buscando avanzar en la aplicación de métodos modernos, ajustados a normas de calidad. Se resalta desde el STJ que se trata de un “plan de gestión integral, que incluye la consolidación de políticas sobre cuestiones de género”.

Se busca, explicaron sobre ambos proyectos, mayor celeridad en los procesos con el uso de tecnología, lo que requiere inversiones y una renovación constante aprovechando además lo existente.

Para todo ello es necesario contar con recursos presupuestarios y financieros.

Oportunamente se logró la sanción de la ley 10.870, “que autorizó al Stjer a disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos expedientes concluidos o paralizados, y que estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene derecho a los mismos, no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres años”.

El proyecto en cuestión
Con el proyecto enviado al Senado se intenta lograr nuevos recursos, “a partir del cobro de un importe mensual al Agente Financiero por el uso que realiza de los fondos existentes en las cuentas judiciales activas, igual al que percibe la Csjn por aplicación de la Ley 23.853”.

Las cuentas bancarias judiciales no forman parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), se explica en los fundamentos, por lo que no se pueden usar como aval o garantía máxima para la disposición de fondos por parte de Administración Pública y tampoco se percibe retribución o canon por las mismas, “siendo que el Agente Financiero, dispone y usa de dichos saldos para obtener beneficios propios de su actividad, no solo por préstamos otorgados sino también para todo tipo de operaciones e inversiones bancarias y financieras, entre los que se pueden contar compras de títulos, moneda extranjera o acciones, se argumenta desde los fundamentos que acompañan la iniciativa.

El senador Dal Molín agradeció los comentarios de los integrantes del STJ y adelantó que seguramente volverán a requerir opinión sobre este y otros temas.

Asuntos Municipales: Se acordó dictamen para una modificación a la ley de Régimen Municipal
La Comisión de Asuntos Municipales se reunió en el recinto de la Cámara Alta con el fin de considerar el proyecto de ley redactado en la anterior conformación del Senado. En relación a la designación de los jueces de faltas, se aplicaría un procedimiento de oposición y antecedentes.

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la Comisión, Rafael Cavagna junto a los miembros Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos).

Al respecto, Cavagna manifestó que “tomamos el proyecto del ex senador Armando Gay con vigencia parlamentaria” y en este sentido subrayó que “hay una línea en la provincia de poder concursar la mayor cantidad de cargos posibles”. Los senadores intercambiaron experiencias sobre el tema de la selección de los jueces para los municipios, hablaron de priorizar la transparencia, y que la idea es trabajar, producir y avanzar, por lo que acordaron firmar el dictamen favorable para luego ser tratado en sesión.

El texto del proyecto contempla modificar el artículo 119 de la ley 10027, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, los Municipios podrán crear Tribunales de Faltas Municipales, lo que estará a cargo de jueces titulares designados por el departamento Ejecutivo municipal previo acuerdo por la mitad más uno de los miembros del Concejo Deliberante”.

Además, indica que “la designación del Juez de Faltas debe realizarse a través de un concurso público de antecedentes y oposición, que garantice el cumplimiento del requisito de idoneidad. A tal objeto, el municipio podrá solicitar la intervención del Consejo de la Magistratura de la Provincia”.

“Será inamovible mientras dure su buena conducta y cumpla con sus obligaciones legales. Podrá ser removido, por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante respectivo, cuando no observe buena conducta, no cumpla con sus obligaciones legales, cometa delito doloso o por inhabilidad física o mental, aplicándose en estos casos el procedimiento establecido para las sanciones y remoción de los concejales, previa instrucción de un sumario por el que se garantice debidamente el derecho de defensa”, detalla el texto.

Dentro de los fundamentos se lee que teniendo en cuenta el artículo 119 de la ley de Régimen Municipal, que otorga como facultad del Concejo Deliberante la de designar en los jueces de faltas, a propuesta del Presidente municipal, y que el ejercicio de esta competencia ha sido dispar en la mayoría de los municipios, pero en pos de homogeneizar se considera necesario establecer el mecanismo de elección.

Se propone entonces se aplique un procedimiento de oposición y antecedentes, considerando que el mismo concurso es el mecanismo para demostrar las personas idóneas para el cargo, conforme a un criterio objetivo.