Luego de los reclamos e incluso las denuncias penales, el presidente Alberto Fernández dio un giro respecto de su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la restitución del 2,95 por ciento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un hilo de tuits, el jefe de Estado anunció que Nación le pagará en bonos a la Ciudad de Buenos Aires “a la espera de un fallo definitivo” o de “una ley del Congreso”. En ese sentido, anunció que el Ministerio de Economía enviará una iniciativa para ser tratada en sesiones extraordinarias, a través de la cual se determine la reasignación de partidas para cumplir con lo dispuesto por el máximo tribunal.
No obstante, Fernández ratificó sus críticas al fallo de la Corte y sostuvo que “respetuoso del Estado de Derecho” buscará “revertir la mala resolución” que la semana pasada dictaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranzt, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Csjn a favor de Caba. Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, arrancó en Twitter el presidente.

A continuación, argumentó que “las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

“El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Csjn, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”, ratificó en base a lo que se había sostenido en el comunicado firmado por él y más de una docena de gobernadores, cuando se conoció que no iba a acatar el fallo.

El mandatario señaló: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

Sobre las acciones realizadas, indicó que instruyó “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”. “Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó.

Sin embargo, Fernández admitió que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas” y expresó: “Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Csjn y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.

“También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”, remarcó.

Por eso, reveló que instruyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, “para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, anunció.

Asimismo, explicó que “los bonos consignados ya fueron aceptados por la Csjn para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Caba, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.

Finalmente, el presidente encomendó al Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, “para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22“.

“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, completó.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por la quita de coparticipación que tuvo hace dos años atrás.

En septiembre de 2020, mediante decreto, el presidente bajó de 3,5 a 2,32 por ciento la coparticipación de la Ciudad para atender el reclamo de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tres meses después, en diciembre de ese mismo año, se aprobó una ley en el Congreso para llevar a 1,4 por ciento la coparticipación para el territorio porteño, en concepto de los gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito durante el gobierno de Cambiemos.