En el marco de un plenario de comisiones en el que se puso en discusión el carácter o de “provincia” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pasó a la firma el dictamen del proyecto vuelto en revisión desde Diputados.
Dos días después de haberse aprobado en Diputados el proyecto que reduce los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunió este jueves bien temprano un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar las modificaciones que en la Cámara baja se hicieron.
El debate de este jueves fue más allá de la cuestión puntual de las modificaciones planteadas por Diputados, sino que evolucionó incluso hacia planteos sobre si Caba puede o no ser considerada una provincia. Como sea, más allá de la discusión que se extendió por más de dos horas, a la postre se pasó a la firma el dictamen para dejar el proyecto listo para ser debatido en el Senado la próxima semana. Aceptando el mayoritario oficialismo las modificaciones propuestas, para dejar el proyecto en condiciones de convertirlo en ley la próxima semana, habida cuenta del número que ostenta el Frente de Todos.
Está en discusión puntualmente el proyecto de ley que aprueba el Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, firmado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Caba el 5 de enero de 2016. La reunión arrancó a las 8.07, con el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, anunció el regreso a ese seno de la senadora tucumana Beatriz Mirkin, quien por cuestiones personales había sido reemplazada brevemente por la senadora Ana Almirón, en tanto que la presidenta de Asuntos Constitucionales habilitando el ingreso de la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri por Luis Naidenoff.
La propia Sacnun detalló a continuación las modificaciones planteadas en el seno de la Cámara baja, con un artículo dos donde se incorpora un período de tiempo de 60 días para que entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional puedan iniciar un proceso de diálogo mediante el cual puedan acordar la emisión de la opinión técnica en cuanto a los montos requeridos, como también se establecen las facultades de la CFI para que intervenga en el proceso de acuerdos. “La Comisión Federal de Impuestos tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Caba en el año 2016”, detalló, puntualizando que “hasta la entrada en vigencia del acuerdo previsto en el artículo 2 de la presente, se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doceava parte de 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se otorgue”. El siguiente párrafo dice: “La suma prevista en el párrafo precedente será actualizada trimestralmente de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el Indice Nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina y en un 20 por ciento por el IPC elaborado por la Dirección General de Estadísticas de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al período precedente”.
El artículo cuatro dice: “A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación que corresponda por la aplicación del artículo 8 de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado en el artículo uno de la presente, con lo que quedará cumplida la exigencia establecida en el artículo 75 inciso dos quinto párrafo de la Constitución nacional”.
A su turno, el senador Caserio aclaró que la comisión que él preside no tenía nada que analizar en tanto no surgieran de las negociaciones qué iban a hacer en cuanto a los fondos. “Lo único que queda es esperar los 60 días y ahí se verá o no si existe un cambio de presupuesto”, señaló.
Intervino entonces el senador Martín Lousteau, quien recordó que el fondo de la cuestión ya había sido debatido en profundidad oportunamente, con expositores que “dejaron muy claras algunas cosas”, tales como que “esto que se hace con la Ciudad no afecta la distribución secundaria, pero sí la coparticipación. De la misma manera que el mecanismo que se usa para detraer fondos es inconstitucional”, razón por la cual la Ciudad fue a la Justicia.
“Llama la atención que se abra ahora un proceso de negociación, que se debería haber abierto antes y no se abrió. ¿Por qué se abre ahora un proceso que involucra al CFI? Porque la unilateralidad del Gobierno nacional con la Ciudad solo tuvo un freno a la hora de conseguir quórum y votos, que hizo que otros actores exigieran esto”, señaló el senador porteño, recordando a continuación lo que dijeron los miembros de la Comisión Federal de Impuestos cuando pasaron por ese ámbito: el presidente del CFI, recordó, que ese organismo solo se limita a controlar la efectiva distribución de la recaudación de los montos fijados por los decretos; el vicepresidente dijo que no les correspondía emitir opinión, y su director ejecutivo aclaró que la facultad y competencia del CFI es para “controlar, pero una sola jurisdicción no les puede dar esa competencia, porque son un órgano supraestatal y suprafederal. “Todas las decisiones son de los 25 integrantes y no de uno solo”, aclaró.
Así las cosas, Lousteau concluyó que se llegó a esta situación “no por espíritu de negociación, sino que se hace porque un grupo de diputados exigió que exigiera una mímica de negociación, por eso se incluyó al CFI”. Y agregó: “No entiendo cómo ahora el CFI va a decidir estas cuestiones o va a tener una posición diferente”.
Para el senador de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta mostró esa “falta de negociación”, como así también “cómo se le siguen detrayendo recursos a la Ciudad en medio de la pandemia, cuando perdió el 20 por ciento del presupuesto por la pandemia. No solamente no existió esa voluntad de dialogar desde el principio, sino que, además, mientras se invita a negociar, se siguen descontando 150 millones de pesos por día. Mientras se trata que la Ciudad de Buenos Aires firme un consenso fiscal en el cual retira sus demandas presentes y futuras, cuando le acaban de sacar la plata en el medio de la pandemia. Así que esto que viene de Diputados, que altera la media sanción increíble que se dio en nuestro seno, no tiene variaciones reales”.
Recordó a continuación que este conflicto se inició con un conflicto en la provincia de Buenos Aires con su policía, que se hubiera solucionado si por ejemplo “coparticiparan el impuesto Pais, si coparticiparan la emisión, el impuesto inflacionario. Y ni siquiera tendrían que reclamar nada si entre 2003 y 2015 se hubieran dignado a actualizar el Fondo del Conurbano Bonaerense, que a valores de hoy equivaldrían a 52 mil millones de pesos”.
“Esa plata que la Provincia no tiene equivale a un presupuesto y dos meses de la provincia de Buenos Aires”, agregó, puntualizando luego que “la provincia de Buenos Aires estuvo ampliamente gobernada por peronistas, en ciclos de gobiernos peronistas, y en el 94 les transfirieron la salud y la educación a las provincias sin transferirles los fondos. Es evidente que cuando hay gobiernos que dicen que son federales, en el fondo terminan concentrando los recursos en el Gobierno nacional para poder someter a las jurisdicciones”.
“Lo que tiene que haber es una verdadera negociación, y eso no estuvo en el ánimo del Gobierno, sino que hay que debilitar a una jurisdicción y a un gobernador que no es afín a ustedes y de hecho tiene una alta popularidad”.
A continuación, su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri ratificó que a juicio de la oposición no había “ninguna modificación”. Y comparó lo sucedido en el ámbito de las deliberaciones que hubo sobre ese tema con lo que sucedió con las modificaciones al ministerio Público: lo expuesto en las audiencias, “no se incorpora, no se considera. Si hubiera sido una negociación, la podríamos haber hecho acá. Se hizo con el espíritu de conseguir los votos que no tenían. Hacen como que se modifica algo, pero no se modifica nada. Nos invitan a negociar mientras la quita sigue diariamente”.
“A la única provincia que le quitan fondos en lugar de ayudarla en pandemia es a la Ciudad de Buenos Aires”, agregó la senadora porteña, que consideró “erróneo” el cálculo sobre el que se estimó la suma que se le dará a la Ciudad. Y, además, dijo, “nos ponen un árbitro que no es imparcial, porque ya se han manifestado, porque además conforman parte de las provincias que también están en dificultades económicas (…) Ponen a la Ciudad de Buenos Aires en situación de ir a negociar la voluntad política del funcionario político para negociar el dinero. Así tuvo que hacer (Daniel) Scioli con (el ministro de Economía Axel) Kicillof, que no le giraban los fondos, que era la forma de extorsionarlo, de ponerlo de rodillas”.
Y en ese marco alertó que hay diputados que han planteado que “la autonomía es reversible. ¿Hasta tanto se puede llegar? La verdad, en el medio de la pandemia hemos ofrecido trabajo conjunto, gestión, planificación, y la devolución es asalto a mano armada y que la autonomía es reversible. No entiendo cómo en el Senado podemos considerar que ese es un comentario menor y no estamos indignados”.
María de los Angeles Sacnun respondió la acusación de Lousteau, que habló de “una especie de extorsión”, señalando que los cambios hubieran sucedido porque de lo contrario no se hubiera votado el proyecto en Diputados. “Ese es el trámite parlamentario, forma parte del proceso de elaboración y formación de las leyes para lograr las mayorías requeridas, no veo qué es lo negativo”, repuso la senadora santafesina.
En cuanto a la cuestión de “inconstitucionalidad”, dijo que la misma “la podemos advertir en el decreto del expresidente Mauricio Macri que de un plumazo aumentó del 1,40 a 3,75 por ciento, sin ningún tipo de razonabilidad jurídica. Debiera haber fundado en todo caso eso, no lo hizo. Se celebró un convenio que nunca fue ratificado por el Parlamento de la Nación, tal como lo establece el artículo 75 de la Constitución. Esto se subsana con la media sanción que le dimos a esta norma”.
En otro pasaje Sacnun fue enfática en la cuestión de no asimilar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las provincias. “Encuadremos correctamente, no estamos hablando de convencionalidad, sino de aprobación del Congreso en cuanto a que este convenio que han celebrado las partes nunca había sido sometido al Congreso”, apuntó, como así también que el artículo 2 establece que el CFI va a tomar intervención a los efectos de emitir “solamente opinión técnica en cuanto a la determinación de monto anual por la transferencia de la seguridad”.
En ese sentido aseguró que Mauricio Macri le transfirió a la Ciudad 86 mil millones de pesos adicionales por decreto. “Entonces cuando hablan de federalismo, tengamos en cuenta esas cuestiones. Además, tengamos en cuenta que no es lo mismo discutir coparticipación, que discutir tranferencia: hoy estamos discutiendo transferencia”, remarcó.
La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez sostuvo por su parte que “todos deberíamos ponernos con luces de alerta y no permitir meter la mano en el bolsillo de una provincia, sea la que sea: mañana te toca a la tuya. Recordó que “cuando Macri le dio más fondos a la Ciudad, le transfirió competencias, y transfirió fondos nacionales, no coparticipables. Y luego por el Consenso Fiscal aprobamos ese decreto”.
“Quedó claro que lo que están mostrando es un simulacro de negociación, para tratar que la cara sea menos horrenda, que parezca realmente negociación. Acá se negocia con la espada de Damócles, detrayendo fondos”, sostuvo. “Por un lado aprietan con un consenso fiscal y por otro lado dicen abrir una negociación. Estoy en contra de que a los gobernadores se los arrodille, se los someta. Me parece tremendo hablar de autonomías reversibles; me da envidia a mí cuando veo provincias tan bien administradas como la Ciudad de Buenos Aires y eso también molesta y duele cuando además son gobernadores que se destacan”, concluyó.
Fue el turno del senador del Frente de Todos Jorge Taiana, que usó una imagen que él mismo aclaró que no tenía que ver, pero que era “bastante común”. La de la violencia de género: “transformar al victimario en víctima”. Y fue el término que usó para ejemplificar la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los recursos que recibió de manera que consideró ilegal por parte de Mauricio Macri. Se viene en cambio ahora a “reparar una arbitrariedad manifiesta insolente, amiguista, con los que menos tienen, que realizó Macri, como todas sus obras de gobierno, que ha tenido cómplices. Para gastar y hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes”.
Para Taiana, Rodríguez Larreta aceptó dineros que no le correspondían, y en una cifra que no le correspondía”.
“Se quejaban de que no había negociación. Por favor, menos hipocresía y dejen de robarse Costa Salguero”, disparó sobre el final.
Su compañero de bancada Dalmacio Mera dijo que a él la situación lo hacía acordar ya no a la violencia de género, sino a alguna novela: “Los ricos no piden permiso”. Y explicó: “Lo que hizo Macri con Larreta, no le pidieron permiso a ninguna provincia argentina; se juntaron, establecieron un fondo y se pasaron los fondos como si fuera el dinero de ellos”.
El senador Esteban Bullrich rechazó la utilización del término “violencia de género” para este caso. Y apuntó que “hablar de negocios estando en el Gobierno más corrupto de la historia es perverso”. Por el contrario, consideró que “acá hay una realidad que quedó muy expuesta en el debate en Diputados: quieren dominar al opositor que más los preocupa. Hablan de debido proceso y a la par hablan de hipocresía: están haciendo que una provincia cada año tenga que negociar su política de seguridad con el Gobierno nacional que es de signo opositor”.
Volvió a intervenir el senador Lousteau para recordar que Santa Cruz recibió durante los gobiernos kirchneristas “transferencias discrecionales por 287 mil millones de pesos”, en tanto que Guadalupe Tagliaferri señaló que “cuando el senador (Taiana) plantea que los recursos fueron sacados a las provincias para su amigo de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que no saben o mienten. La Policía Federal la pagaba el Gobierno nacional, no se le sacó un centavo a ninguna provincia”.
Luego enfatizó que “si la Ciudad de Buenos Aires es provincia o no, es algo que debe estar saldado. Lo dijo la Corte, es lamentable y preocupante que en este ámbito nos importe poco el federalismo y empecemos a discutir la Constitución y el carácter jurídico de la Ciudad como provincia”.
La senadora Beatriz Mirkin (Frente de Todos) sostuvo que “todos los senadores que plantearon el tema y son de la oposición, de Juntos por el –Cambio, que es el gobierno que está en la Ciudad, plantean que nosotros somos delincuentes, que no tenemos en cuenta con seriedad a la Ciudad de Buenos Aires. Que les sacamos los fondos que son para los argentinos que pasan por la Ciudad y que le sacamos a Larreta los fondos en medio de la pandemia”. Y señaló en cambio que “esos son fondos que “le entregó bajo la manda delincuencialmente” el expresidente Macri, citando que son “tres veces más que lo que se necesitaba para la policía, pudiéndole haber entregado esos fondos de Nación a otras provincias, o quedándoselos para políticas públicas para la totalidad del país”.
“No hay ninguna duda de que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. En cada artículo de la Constitución está bien diferenciado”, aclaró Dalmacio Mera, y agregó: “Que la Corte en alguna discusión en particular le dé estatus de provincia no le da las veces de tal. Y tampoco olvidemos que los primeros intérpretes de la Constitución somos el Congreso de la Nación”.
Para Julio Cobos, “estamos abordando la coyuntura permanentemente; hemos perdido la planificación a largo plazo. No sabemos salir de la coyuntura, es como el juego de la oca”, a lo que la senadora kirchnerista Nancy González respondió diciendo que planificación era lo que se proponía el Gobierno actual, pero no pudieron hacerlo “primero porque nos agarró la pandemia, y después porque encontramos un país endeudado como nunca en la historia del país nos había sucedido. ¿Entonces cómo podemos ordenarnos?”.
Y se quejó luego porque el Gobierno anterior dejó “fundir” su provincia (Chubut) durante cuatro años, “mientras le pasaban recursos irrisorios a la Ciudad de Buenos Aires, pero no fueron para nada federales”.
Intervino entonces Adolfo Rodríguez Saá, que aclaró que no quería plantear “la vieja lucha entre provincianos y porteños”, pero aclaró que estos últimos “siempre nos despreciaron”. “No quiero entrar en ese debate”, insistió, pero apuntó en referencia a los porteños: “Siempre primero ellos y después nosotros; las necesidades elementales que tienen las provincias del interior son muy dolorosas. Mientras ustedes discuten la abundancia, nosotros discutimos la pobreza”.
Pero a lo que quería referirse puntualmente, aclaró, era a una cuestión de “vocabulario”. “Reiteradamente dicen jurisdicción en vez de llamar a las provincias. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, no es una provincia; las provincias tenemos que respetar un régimen municipal, todas las provincias tenemos municipios, la Caba no es una provincia, no tiene municipios”.
La senadora jujeña Silvia Giacoppo negó que se estaba buscando atacar la autonomía de Caba, a la cual la Corte reconoció que “tiene un estatus de provincia” en un fallo que representa un precedente claro.
Carlos Caserio se quejó a continuación por la insistencia en hablar de varios senadores, poniendo el ejemplo de Guadalupe Tagliaferro. Y usó esa custión para referirse al estilo de los porteños: “Siempre hablan ellos, siempre tienen razón. Siempre creyeron que eran los primeros en todo, hasta para hablar. Ojalá tengamos la suerte algún día de que la administración central se vaya de Buenos Aires, para que el país sea más federal, para que nos dejen hablar”.
“Si yo no puedo debatir sobre mi jurisdicción, no sé cuándo tendría que hablar. No estoy opinando de Jujuy, Salta o Tucumán, y lo hago con mucho respeto”, aclaró Taglaferri, quien negó a continuación que los vecinos de la Ciudad no discutieran sus temas vecinales. Tenemos 15 comunas elegidas por los vecinos, en la cuatro y en la cinco gobierna el Frente de Todos”.
Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “falta de respeto y no federalismo es exactamente lo que ocurrió con el decreto de Macri dándole más fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Esta discusión la deberíamos haber tenido cuando se transfirió la policía, en 2016, y no un DNU entre gallos y medianoches, a espaldas de las provincias”.
“Cuando hablamos d etransferencia, tiene que ser con recursos, pero con los recursos que se necesiten para esa transferencia”, señaló, y luego puso como ejemplo que su mamá le había enseñado a que cuando iba a comprar el pan, y como vuelto le devolvían de más, ella tenía que devolverlo. “El jefe de Gobierno sabe que a través de un DNU el expresidente le dio dinero de más”, concluyó.
Cerró la reunión María de los Angeles Sacnun, cuando el dictamen ya estaba circulando entre los senadores. Y apuntó que “de ninguna manera podemos admitir que la Ciudad de Buenos Aires es una provincia y que quede asentado en una taquigráfica. Que se la trate en alguna cuestión concreta en pie de igualdad con algunas provincias, no los instituye con estatus jurídico de provincia. Para eso habría que pasar a una constituyente. Por ejemplo ‘la provincia de la Victoria’, recordando la plaza de la victoria y las epopeyas federales que ha habido en esa plaza de la victoria, y elevarla al estatus de provincia”.