Miles de familias migrantes en Argentina dependen económicamente de la venta en la vía pública y otros trabajos informales. Durante los casi tres meses de aislamiento obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), todas estas familias no han podido trabajar, sumiéndose en deudas, preocupaciones y hambre, supo AIM.

“Casi todos estos hogares están por fuera de las políticas públicas para atender la emergencia social en este contexto de pandemia”, resaltaron a este Medio desde el Bloque de Trabajadores Migrantes.

Para ser beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por ejemplo, el gobierno exige contar con dos años de residencia regular en el país. Esta medida excluye a todas aquellas personas que no tengan ese estatus migratorio, sin tomar en cuenta el tiempo que llevan habitando, trabajando y contribuyendo al desarrollo de la Argentina.

En muchos casos, ese tiempo es incluso superior a dos años, pues la medida no toma en cuenta todo el tiempo cada vez mayor que una persona migrante debe esperar para que la Dirección Nacional de Migraciones dé inicio formal a su proceso de regularización.

“Por si esto fuera poco, la inmensa mayoría de los migrantes que se preinscribieron para recibir el IFE y que cumplían con los dos años de residencia requeridos vieron sus solicitudes rechazadas. Las organizaciones sociales hemos recibido incontables pedidos de ayuda de personas que no entienden por qué el Estado les niega esta asistencia en un momento tan crítico como el presente”, agregaron.

En ese marco, “uevamente hemos sido las organizaciones sociales quienes hemos tenido que recabar esta información y demandar una mesa de trabajo con el Anses, organismo que se ha comprometido a revisar estos casos denegados”, ya que “los migrantes somos sujetos de derecho en la Argentina y seguiremos exigiendo que el Estado nos trate como tales”.