El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) intenta desarticular toda la legislación de presupuestos mínimos ambientales y a la propia Constitución de la provincia de Entre Ríos, en todo su contexto normativo de transición hacia sociedades sustentables en todos sus niveles y diversidades, señaló a AIM Enzo Culasso Orué, abogado y activista, integrante de la Unidad de Vinculación Ecologista - Fundación La Hendija, de la Asociación Argentina de Abogadas/os Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia EcoSocial.

La adhesión al Rigi acelera de una manera nunca vista todos los procesos de privatización de los diversos reinos de vida, comenzando quizás por el río, en este escenario que ya tiene en marcha el Gobierno nacional y que esperamos finalmente pueda generar reacciones por parte de los Gobiernos provinciales, para que en definitiva se respeten los bienes naturales como bienes de las provincias, en su dominio originario, en una recuperación urgente del federalismo de concertación. Para que toda la sangre derramada en pos de la independencia y el federalismo en la formación del Estado nacional, no hayan sido en vano.

La adhesión al Rigi recientemente sancionada en Entre Ríos genera un modelo de mega inversiones -más allá de sí sucedan o no- que rompe la posibilidad de fortalecer las escalas humanas locales, los conceptos de regiones entre los municipios, la solidaridades de las comunidades, las diversidades productivas; buscando que las mega corporaciones extractivistas sean las que manejen, controlen y definan qué comemos, cómo producimos, cuánto valen nuestros bienes naturales, que pensamos e incluso los modos de enfermar y morir.

En pocas palabras, es la consolidación final, de la que esperamos estar equivocados, de un saqueo colonial ilimitado y sin freno, que se ha dado en los últimos 500 años sobre América del Centro y Sur, en este lado del mundo.

Para comprender porque Latinoamérica es la región más desigual del planeta, debemos ver cómo se consolidan los modelos de producción capitalista, aquellos que provienen desde las potencias del norte y se imponen sobre la voluntad, los derechos y la vida de la población.
Nos preguntamos ¿porque sí nuestro país dice producir alimentos para 480 millones de personas, aquí mismo hay gurises que no tienen qué comer?, ¿para quién se produce? y ¿cuáles son los verdaderos costos del modelo?…

Eso mismo es lo que venimos denunciando desde las organizaciones socioambientales, cuando ponemos en debate dentro de la propia Legislatura provincial, ante los representantes del pueblo entrerriano, tanto con el actual proyecto de ley que busca establecer las “buenas prácticas agrícolas” en el uso de venenos, como también sucedió en las instancias de debate sobre la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que les aseguro, nuestros representantes siquiera comprenden a profundidad lo que acaban de aprobar, una serie de beneficios impositivos, fiscales, cambiarios y aduaneros por 30 años para inversiones de más de U$S200 millones.

El extractivismo en la provincia de Entre Ríos se expresa principalmente mediante el modelo de producción agrícola dependiente de semillas modificadas genéticamente y el paquete tecnológico dependiente de agrotóxicos, que beneficia principalmente a las grandes corporaciones del agro.

Este mismo modelo es el que se viene cristalizando desde la última ola neoliberal de los años 90 cuando se aprueba la primer soja transgénica, a partir de ahí, los índices de deforestación no han parado de aumentar en todo el país y junto a ello, los millones de litros de venenos que se esparcen por todo el territorio, al punto tal de ser el triste record de los máximos consumidores per cápita a nivel mundial.

Existe sobrada prueba científica sobre el efecto de los agrotóxicos en la salud, como así también la incontrolabilidad de las moléculas químicas una vez esparcidas al ambiente, no existe manera de controlar los millones de litros que se utilizan por año, y que terminan en el agua para consumo humano, en las napas, los acuíferos, peces y en nuestros propios cuerpos-territorios.

Junto al avance de la frontera agropecuaria, viene la pérdida de biodiversidad, de diversidades productivas, de culturas, de arraigo, como así también, el avance sobre las islas y los humedales, lo cual vivimos en carne propia los últimos años, cuando el humo nos invadió en repetidas ocasiones, y respiramos las cenizas de las especies de flora y fauna del humedal.

Ese mismo modelo se replica a lo largo de toda la cuenca Paraguay-Paraná-Plata, teniendo tazas récord de deforestación e incendios, que están llevando a nuestra región a un proceso de desertificación acelerada, atravesando límites planetarios en cuanto a pérdida de biodiversidad, el rompimiento del ciclo hidrológico, provocando crisis hídricas, como la histórica bajante extrema del río Paraná, que aún no parece terminar.