El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, aseguró que ayer, en el marco de la conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir el costo y el procedimiento de transferencia de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, fue "a defender a las 23 provincias", y dejó en claro que está "abocado a que Argentina funcione de manera justa y federal"; no hubo acuerdo entre las partes.

Sin acuerdo finalizó la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del litigio por la quita de recursos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández en 2020. El máximo tribunal les dio un plazo de 30 días a las partes para que intenten arribar a una conciliación. Si transcurrido ese plazo no acuerdan la Corte resolverá la cautelar solicitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

De Pedro presentó la posición del Gobierno nacional durante una audiencia que se prolongó por más de dos horas y media en el máximo tribunal, que resolvió otorgar un plazo de 30 días antes de una nueva audiencia judicial para continuar la búsqueda de un acuerdo por los recursos que la Nación transfiere a la Ciudad de Buenos Aires en concepto del traspaso de la policía.

El monto actualizado que la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta reclama que sea restituido por la Nación es de 120 mil millones de pesos. Además, el tribunal dispuso que informen semanalmente los avances de la negociación.

El titular de la cartera de Interior dijo que dejó en claro que "los argentinos y argentinas deben saber que, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, mediante un decreto inconsulto, la coparticipación de la Ciudad pasó de 1,4 por ciento a un 3, 75 por ciento y esta medida se llevó a cabo de manera discrecional, arbitraria y unilateral", se informó en un comunicado.

"Esos recursos, que eran de todas las provincias, fueron asignados a la ciudad de manera ilegítima sin tener aprobación del Congreso, como indica la Constitución Nacional. Durante 2015 y 2019 el incremento de las transferencias a las provincias fue de 3,6 veces promedio, mientras que el incremento en la Ciudad llegó a 10,6 veces", agregó De Pedro.

A la vez, recordó que al asumir como ministro del Interior, comunicó "al jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) que los recursos con los que contaba se habían dado de manera discrecional y que tenía la obligación de reparar una injusticia y respetar el contrato social con el electorado y los gobernadores que acompañaron al Frente de Todos de recuperar esos fondos". "Mi accionar se basó en el diálogo y en lo que indica la Constitución desde el primer día que asumí", subrayó el ministro.

El conflicto tiene como telón de fondo la transferencia de las funciones de seguridad a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y se inició con dos causas promovidas por el gobierno porteño en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado Nacional. La poda de recursos fue dispuesta primero por el dictado del decreto 735 de septiembre de 2020 y luego una ley sancionada en diciembre del mismo año. Esto llevó al gobierno de la Ciudad a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.

El ministro del Interior aseguró que Rodríguez Larreta "sabe muy bien que no se le quitaron fondos a la ciudad, sino que se recuperaron los recursos que Macri quitó a las provincias de manera arbitraria. No es justo para las provincias que se haya triplicado prácticamente el porcentaje para una de las ciudades más ricas y más concentradas de la Argentina".

Y agregó: "No es justo que se hayan transferido 32 inmuebles en los últimos 80 días de gobierno. No es justo que el gobierno nacional se haya tenido que hacer cargo del 80 por ciento de la administración del Hospital Garrahan. Pero sobre todo no es justo que la ciudad siga teniendo un presupuesto mayor en comparación con provincias con más población".

Estuvieron presentes los cuatro ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Por el gobierno nacional asistió el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; y por la administración porteña lo hicieron el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro y el procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

En otro tramo, De Pedro indicó que "el gasto per cápita es 58 por ciento mayor que el de Córdoba y 25,2 por ciento por encima del de Santa Fe y respecto a Buenos Aires la diferencia es de 76,9 por ciento. Para que se tome dimensión: el presupuesto per cápita con el que cuenta el gobierno de Larreta es 19 veces superior al de La Matanza".

"Revertimos un hecho unilateral y discriminatorio de quitarle plata a los argentinos. Trabajamos por la construcción de una democracia basada en una sociedad solidaria. Entre todos, fuimos capaces de concebir un sistema con reglas claras, que doten de previsibilidad y certidumbre a los mecanismos democráticos" añadió De Pedro.

Para el titular de Interior, "se logró conformar un sistema federal de coparticipación que unió a todas las provincias en el respeto a los principios básicos de grado equivalente de desarrollo La gestión anterior violentó la doctrina de la Corte Nacional en materia de coparticipación. Esta desproporción en los recursos que recibía la CABA llevó al por entonces vicejefe de gobierno a sostener que esos recursos estaban destinados a la función seguridad y a realizar grandes obras".

Por eso, dijo, "fue necesaria la ley", y agregó: "El tratamiento en el recinto conlleva a que participen en su debate legisladores y legisladoras de todas las jurisdicciones del país, especialmente en el Senado de la Nación, donde se resguarda la representación territorial igualitaria y la voz de las provincias".

"Reafirmamos nuestro apego a la Constitución Nacional, a corregir la violación al sistema de Coparticipación Federal, y a respetar los pactos que integran nuestro derecho intrafederal", agregó De Pedro, quien concurrió acompañado por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez; y los funcionarios del Ministerio de Economía, Sergio Acevedo y Ricardo Yamone.

"Solicitamos a la Corte que, en sintonía con lo establecido por las 23 provincias en el Consenso Fiscal 2020, siente un precedente de fuerza tal que impida en el futuro la reiteración de este tipo de decisiones unilaterales que desequilibran el sistema federal de gobierno", concluyó el ministro.

En su reclamo el gobierno porteño afirmó que a partir de 1994 la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus jurídico -asimilable al de las provincias según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- circunstancia que impide que el Estado Nacional de manera unilateral modifique el porcentaje de coparticipación sin el acuerdo previo de CABA. Esto afectaría su autonomía -argumentó la administración porteña- generando una discriminación por parte del Estado Nacional respecto del resto de las provincias.