En el contexto de crisis social y económica que viven el país y la provincia, que provoca un acentuado agravamiento de la situación alimentaria, diputadas y diputados del bloque “Más Para Entre Ríos” consideran imprescindible garantizar el derecho a la alimentación de todos los habitantes, y especialmente de los sectores más vulnerables.

Por esa razón, presentaron este viernes un proyecto de declaración de la Emergencia Alimentaria en la provincia, para establecer políticas y estrategias que permitan garantizar el derecho a la alimentación, y la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad.

Es público el planteo de diversas instituciones y organizaciones sociales, que en defensa del derecho humano a la alimentación, reclaman la declaración de la Emergencia Alimentaria en la Provincia y también la provisión de mayores recursos del Estado para hacer frente a la demanda de alimentos de vastos sectores empobrecidos. Las y los legisladores justicialistas impulsan el inmediato tratamiento de la iniciativa, que no se cuenta dentro de otras declaraciones de emergencia que impulsa el poder Ejecutivo.

El proyecto busca la sanción de una ley integral, y en este sentido contempla además la creación de un Registro Provincial de Proveedores y la conformación de la Mesa de Diálogo Social -con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia alimentaria- para garantizar la efectividad de las acciones desarrolladas en el marco de la emergencia.

Las organizaciones nucleadas en la Mesa Contra el Hambre participaron de la elaboración de la iniciativa presentada en la Cámara baja.

“Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es una política de Estado prioritaria; alimentarse bien es un derecho y no un privilegio; el derecho a la alimentación y a la nutrición, es un puente para al acceso a los derechos a la vida, a la salud, a la educación y al pleno desarrollo integral”, consideran los integrantes del bloque opositor.

“Las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional no son gastos, son inversiones éticas, estratégicas e inteligentes del Estado Nacional y Provincial. Por esto resulta también necesario promover programas de producción, comercialización y acceso a precios justos a los productos de la Canasta Básica Alimentaria, y de fortalecimiento de las asociaciones de consumidores de alimentos saludables, entre otras acciones”, destacaron.

El marco jurídico internacional, nacional y la Constitución Provincial dan el encuadre al proyecto de Ley que pretende declarar la emergencia alimentaria por un año, prorrogable por un año más por la Legislatura. De esta forma el poder Ejecutivo dispondrá de diversas medidas y herramientas para lograr por todos los medios apropiados la efectividad del derecho a la alimentación, sin perjuicio de los otros programas ya existentes en materia de política alimentaria.