La única que estuvo presente fue Lourdes Arrieta. Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci decidieron no presentarse.


Con excepción de Lourdes Arrieta, los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza se ausentaron este martes a la reunión de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento; y Asuntos Constitucionales de la Cámara de baja que buscaba analizar la conducta de los legisladores en cuestión.

Se trata de Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci quienes junto a Arrieta en julio visitaron a los represores condenados Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Angel Britos y Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo).

De los cinco diputados ausentes, cuatro presentaron un descargo por escrito en conjunto explicando los motivos de la visita que generó el repudio de un amplio sector del arco político y de organismos de derechos humanos. También cada uno presentó un descargo individual. Benedit, señalado como el organizador del encuentro, fue el único que brindó ninguna explicación.


Los escritos fueron presentados minutos antes de la sesión por lo que los integrantes de las comisiones decidieron pasar a un cuarto intermedio para analizar sus contenidos y la semana que viene volver a reunirse con el fin de debatir la conformación de una comisión investigadora de los hechos.

El descargo en conjunto
En los textos, los legisladores coinciden que se trató de una visita humanitaria para ver las condiciones de la cárcel. "El recorrido estuvo destinado a observar de primera mano las condiciones de las instalaciones del centro penitenciario, y escuchar a las autoridades del penal, al personal médico y a todos los profesionales del mismo, lo que así hicimos. En ningún momento buscamos interferir en procesos judiciales ya concluidos por la justicia o en curso, en un pleno convencimiento del respeto a la división de poderes", se indica en el descargo en conjunto.

El texto cita el artículo 18 de la Constitución Nacional que indica que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice".

"Cualquier versión respecto de los hechos acontecidos fuera de estas líneas es totalmente ajeno a nuestra persona. Creemos que la tolerancia democrática implica admitir todas las ideas, incluso cuando estas son contrarias a las propias. Entendemos que nuestra actividad se haya tornado polémica, pero nuestro interés principal es y ha sido la garantía de la Constitución Nacional", agrega el texto.

"Seguiremos defendiendo la libertad de todos los diputados de esta Cámara para ejercer su rol constitucional, aún, cuando no compartamos sus posiciones. Defendemos y promovemos los derechos humanos. Bregamos por el resguardo del sistema republicano, siempre", completa sin referirse a los proyectos en los que estaban trabajando para lograr la libertad de los genocidas.

En su descargo individual, Arrieta reconoció que entraron al penal con sus respectivos celulares e incluso una de las diputadas le ofreció su teléfono a uno de los genocidas, hecho que está prohibido por la ley.