En plena guerra con la Corte, el Ejecutivo apunta a incluir la Ley del Consejo de la Magistratura en el temario de sesiones extraordinarias. De todos modos, sin trámite asegurado en Diputados podría ir por un Decreto.

En pleno fuego cruzado con la Corte Suprema, el Gobierno Nacional evalúa incluir en el temario del llamado a sesiones extraordinarias del Congreso la ley de reforma del Consejo de la Magistratura que había presentado a fines de 2021 y que todavía cuenta con estado parlamentario.

El presidente Alberto Fernández deberá formalizar la convocatoria con el listado de proyectos a los que se circunscribe el llamado a extraordinarias. Además del tratamiento del pedido de juicio político a los integrantes del máximo Tribunal, o la Ley de Hidrógeno Verde –como ejemplos- en despachos oficiales aseguraron a Ámbito que el Ejecutivo insistirá nuevamente en su intento de aprobar una reforma para la Magistratura, apoyándose en que el formato implementado por la Corte y su devenir es una de las causales del intento de juicio político a su presidente Horacio Rosatti.

Si bien el proyecto oficial de 17 miembros –tres menos de los actuales- fue aprobado por el Senado, quedó empantanado en Diputados y nunca más pudo resurgir. Nada hace pensar que, en la actual coyuntura, el trámite por Diputados esté ahora más despejado. Por eso es que, dentro de la Casa Rosada comienzan a evaluar qué puede ocurrir si finalizado el plazo previsto para las sesiones extraordinarias el proyecto no se puede discutir.

Allí es donde cobra fuerza una idea que el kirchnerismo más duro viene planteándole al presidente para, en principio, expulsar a la Corte del dominio del órgano de selección y remoción de jueces: que utilice un Decreto de Necesidad y Urgencia para poner en vigencia el proyecto con el que el oficialismo le había intentado salir al cruce del fallo que finalmente declaró inconstitucional la integración de 13 miembros dictada el 16 de diciembre de 2021 por el máximo Tribunal.

Obviamente, esa jugada implica dos desafíos: el primero es que Fernández se arriesgue a utilizar esa herramienta para ir por el Consejo (algo a lo que se ha resistido antes), en la interpretación de que no le está vedado por DNU porque no estaría legislando sobre cuestiones penales, electorales, tributarias o aduaneras; el segundo es la segura judicialización que tendría la medida, lo que tampoco garantiza su éxito ni que el Consejo vaya a funcionar.

El esquema que propuso, en su momento, el Gobierno no tendría “per se” obstáculos constitucionales en cuanto al equilibrio en su composición, algo que marcó el fallo de 2021 como uno de los principales problemas del modelo de 13 miembros que había funcionado desde 2006 en adelante. Se integraría con las mismas cantidades por estamento que el formato actual tanto de jueces como abogados (cuatro y cuatro); dos académicos; y un representante del Ejecutivo. Pero sí reduciría a tres los representantes de cada Cámara del Congreso.

Esto dejaría afuera a lo que hoy es considerado la “segunda minoría” que generó tanto tironeo y denuncias cruzadas que hoy permanecen irresueltas respecto a la permanencia o no de Martín Doñate a partir de la partición del bloque oficialista en el Senado. Eso para la Corte fue un “ardid” y para el kirchnerismo una decisión de organización propia del Poder Legislativo que no es posible avasallar. Lo que es seguro de ese formato es que no tiene un lugar para la Corte, lo que inmediatamente desplazaría a Rosatti de ese sitial, hoy, un objetivo del oficialismo.

Todo este planteo y este desenlace sigue siendo una estrategia de pizarrón. El año pasado, para esta misma época, los proyectos previstos para extraordinarias no tuvieron ningún destino de discusión en el Congreso. Un año después, la situación de relación de fuerzas y la disposición para el debate parlamentario ha desmejorado mucho, por lo que todo el paquete de iniciativas que van con la avanzada del juicio político y aledaños está condicionada.

El test no solo será la inclusión en el temario, sino luego con qué clima se intenta introducir el debate en Diputados. En último término, si el Gobierno va a echar mano de una herramienta que puede llegar a obtener firmeza como un DNU pero cuyo periplo tiene asegurado pasar por tribunales.