El proyecto de ley de moratoria universal elaborado por el Poder Ejecutivo ingresó este martes a la Cámara de Diputados. Se trata de una medida destinada a todas las personas humanas y empresas afectadas por la pandemia del Covid-19.
La iniciativa amplía el alcance de la moratoria creada en la Ley de Solidaridad Social, incluyendo a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados, y tiene como fin aliviar la carga de las deudas acumuladas hasta el 30 de junio.
El anuncio había sido realizado al cabo de una reunión de la que participaron Santiago Cafiero y los ministros Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y de Afip, Mercedes Marcó del Pont.
Allí se anticiparon los puntos centrales del proyecto, que son los siguientes:
Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020.
Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020.
La primera cuota vencerá el 16 de noviembre.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.
Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.
Condonación parcial de intereses y total de multas.
Tasa de interés fija del dos por ciento mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).
Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en Afip para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).
Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.