La Legislatura porteña aprobó esta semana el nuevo Código Procesal de Buenos Aires, que avanza sobre el derecho a la defensa, cambia sustancialmente el principio de inocencia y la libertad ambulatoria. “Pretende la persecución de los sectores populares, las organizaciones políticas y la economía en la calle. Así, se busca dejar indefensos a los ciudadanos ante el Estado totalitario, en manos de Horacio Rodríguez Larreta y que funciona en contra de los derechos y garantías de las personas. En momentos de crisis y ajuste, irá en detrimento de la protesta y las necesidades básicas”, denunció el dirigente de los vendedores ambulantes en la CTA, Omar Guaraz, quien explicó que se trata de un precedente para el resto del país, que tiene como eje  “crear presos políticos, procesando inocentes para instalar su proyecto de país”.

El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, fue aprobado este jueves con los 34 votos del oficialismo.

La reforma del Código, que regula cómo deben actuar los jueces, los fiscales y los defensores durante las etapas de investigación y juicio, tiene como objetivo "acortar los tiempos, aumentar la oralidad del proceso y dotar de herramientas de investigación más modernas" a la Justicia porteña.

En diálogo con esta Agencia, Guaraz advirtió que “esta modificación del Código, junto con la reforma Contravencional –que se tratará en los próximos días”, se apunta contra los vendedores ambulantes, a la economía informal,  a las organizaciones políticas y sociales”. Este gobierno “necesita avanzar un paso más y es seguir metiendo presos políticos desde la infamia del Estado, entonces se utiliza a la Justicia, que ya no será un eslabón imprescindible para buscar la verdad, sino para armar causas y procesar a personas inocentes de un Gobierno que necesita instalar un proyecto político económico, disciplinando y exterminando lo que moleste en su proyecto”.

La justicia “se convierte -como la Policía- en una herramienta de represión”, dijo el dirigente de la CTA, quien remarcó: “Vamos a entrar en niveles donde la persecución a grandes objetivos políticos se desarrollarán en toda la sociedad, donde la Justicia será un elemento fundamental”.

“Lo más sobresaliente es que el PRO votó en soledad, pero como tiene mayoría absoluta fue suficiente para la sanción. Ni el radicalismo -un aliado circunstancial- consensuó esta ley”, destacó Guaraz a AIM.

Qué se modifica

Con la reforma del Código, se duplican y triplican los plazos de las detenciones que eran 24 horas: hoy una persona podrá quedar hasta 72 horas detenida. En ese sentido, “es un claro retroceso para las personas que están privadas de la libertad, porque supone la extensión indefinida de la privación por parte del Estado”.

En tanto, el derecho a la defensa queda restringido a la solicitud del imputado; si no inicia la gestión administrativa no tendrá la garantía del debido proceso.

En el antiguo Código, “esa persona que era detenida contaba con un abogado defensor y tenía garantizada la defensa; ahora es el afectado quien debe tramitarlo”, explicó Guaraz a AIM.

“Se busca dejar indefenso al ciudadano ante el Estado totalitario”, lamentó el referente de los Vendedores, quien agregó que la sanción de la ley representa “un avance totalitario que significa la vulneración de la garantía defensa y libertad de los ciudadanos”

El rol del fiscal

Según la reforma de la norma, quedará en potestad del fiscal infiltrar servicios en cualquier situación o ámbito de la vida ciudadana si la investigación lo requiere. Se podrán incluir en el proceso testigos encubiertos y arrepentidos.

“Todo un mecanismo quedara sujeto a la decisión del fiscal. El problema es que se están dando los traspasos de delitos -que eran de órbita de nacional- a la Ciudad de Buenos Aires; por ejemplo, algunos delitos relacionados con drogas y sobre todo el delito que mas detenidos ha tenido que es la resistencia a la autoridad”, explicó el referente a esta Agencia.

Ahora, “esos casos quedarán en órbita del nuevo Código y la Justicia de Buenos Aires es completamente funcional y adicta al poder político del Gobierno porteño. Así las cosas, los fiscales son utilizados para armar causas según los intereses. Imputan falsamente  a ciudadanos o partidos políticos. El Estado en manos de Larreta está yendo en contra de los derechos y garantías de los ciudadanos y, sobre todo, en momentos de crisis y ajuste, irá en detrimento de la protesta y las necesidades básicas”.