El incremento del 11 por ciento en el gasto previsional obliga al Ejecutivo a recortar otras partidas presupuestarias, especialmente los subsidios energéticos, para mantener el equilibrio fiscal.


El Gobierno argentino se encuentra ante el desafío de financiar el aumento de las jubilaciones previsto para 2025, que, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), representará un incremento real del 11 por ciento en el gasto previsional, alcanzando los 49 billones en moneda de febrero de 2025 .

Este aumento pone en riesgo el superávit financiero y obliga al Ejecutivo a buscar fuentes de financiamiento dentro del presupuesto nacional.

Una de las principales estrategias identificadas es la reducción de los subsidios a la energía. Según el Iaraf, una disminución real del 34 por ciento en estos subsidios permitiría financiar el 59% del incremento en el gasto jubilatorio. Para cubrir la totalidad del aumento, sería necesario un recorte del 58 por ciento, aunque esta medida se considera poco probable.

Estas decisiones se enmarcan en la política de ajuste fiscal implementada por el presidente Javier Milei desde su asunción en diciembre de 2023. Durante su gestión, se han realizado recortes significativos en diversas áreas del Estado, incluyendo la eliminación de ministerios y la reducción de empleados públicos, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

Sin embargo, estas medidas han generado tensiones sociales. En marzo de 2025, miles de manifestantes, incluyendo jubilados, protestaron frente al Congreso contra los recortes en las pensiones, lo que derivó en graves disturbios.

El Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de ajuste fiscal con el impacto social de sus decisiones, especialmente en sectores vulnerables como los jubilados. La reducción de subsidios energéticos, aunque contribuye al equilibrio de las cuentas públicas, podría traducirse en aumentos en las tarifas de servicios, afectando el poder adquisitivo de la población.

Es esencial que el Ejecutivo implemente políticas que garanticen la sostenibilidad fiscal sin desatender las necesidades de los sectores más afectados por las medidas de ajuste. El diálogo con diversos actores sociales y políticos será clave para encontrar soluciones equilibradas que promuevan tanto la estabilidad económica como el bienestar de la ciudadanía.

De la Redacción de AIM