La movilización del miércoles y el paro general convocado por la CGT para este jueves marcarán el pulso de una sociedad cada vez más movilizada frente a las políticas del gobierno de Javier Milei. El rol de la UTA, las presiones oficiales y el reclamo de los sectores más postergados.

El gobierno de Javier Milei enfrentará esta semana una prueba de fuego en las calles. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización masiva para este miércoles frente al Congreso, en apoyo al reclamo de los jubilados, y al día siguiente, desde la medianoche, concretará el segundo paro general contra la gestión libertaria. Las medidas se dan en un contexto de creciente malestar social, en el que confluyen demandas sindicales, rechazo a los recortes, repudio a la represión y preocupación por la situación económica.

La semana pasada terminó con fuertes cuestionamientos a la administración nacional, luego de la represión a los adultos mayores que, cada miércoles, se concentran en el Congreso para reclamar por sus haberes. La actuación de las fuerzas de seguridad, conducidas por la ministra Patricia Bullrich, volvió a encender las críticas de organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales. Ese episodio, sumado a una serie de traspiés políticos del oficialismo, configuró un escenario adverso para el Ejecutivo.

La movilización del miércoles será replicada por las regionales de la CGT en todo el país y se espera una importante participación de gremios, movimientos sociales, organizaciones políticas y de derechos humanos. La jornada funcionará además como antesala del paro general del jueves 10 de abril, al que diversos sectores ya confirmaron su adhesión.

El gobierno, sin embargo, intenta por estas horas contener los efectos de la protesta. Una de las claves será la posición de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los trabajadores del transporte urbano de pasajeros. El Ejecutivo presionó para que la UTA no adhiera al paro, bajo el argumento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, en el marco de un conflicto salarial con las cámaras empresarias del sector.

Desde el sindicato señalan que están evaluando la situación, pero fuentes del sector adelantaron que podría haber definiciones recién el miércoles. En paralelo, en la CGT crecen las críticas al rol que viene desempeñando la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, y no se descarta que el tema sea motivo de debate puertas adentro de la central obrera.

El paro general convocado por la CGT incluye un amplio pliego de reivindicaciones: paritarias libres y homologadas, aumento de emergencia para jubilados, defensa de la industria nacional y la obra pública, mayor presupuesto para salud y educación, respeto a los derechos laborales y sociales, y un plan nacional de empleo, entre otros puntos.

En la Casa Rosada saben que esta semana puede marcar un punto de inflexión. La caída en la imagen presidencial, el impacto de las medidas de ajuste y los errores de gestión comienzan a repercutir en la calle. Mientras tanto, los sectores afectados por el rumbo económico buscan reorganizarse y volver a expresar su descontento de forma masiva.

De fondo, se mantiene la tensión entre un gobierno que se muestra inflexible y actores sociales y sindicales que empiezan a dejar atrás la cautela para avanzar en una ofensiva que podría extenderse si no hay respuestas concretas a sus reclamos.

De la Redacción de AIM