En el segmento del informe final que fue objetado por el interbloque Cambiemos, la comisión bicameral que investigó la desaparición del ARA San Juan fue muy dura contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, acusado de incurrir en una “falta de conducción ante la crisis” y de delegar el manejo de la situación en la Fuerza Armada.
El documento dado a conocer este jueves indica que desde que tomaron conocimiento del extravío del buque, Aguad y los funcionarios de su gabinete incurrieron en una “falta de conducción ante la crisis; ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública; dilaciones en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave; destratos a los familiares de los tripulantes y a los legisladores integrantes de la comisión bicameral; y graves irregularidades en los procedimientos sumariales”.
Según los legisladores, estos hechos “denotan una clara responsabilidad política y administrativa del ministro Aguad y sus funcionarios más cercanos”.
Además, advirtieron, “el estado público que alcanzaron los desmanejos y omisiones del ministro comprometen la posición del presidente de la Nación y del jefe de Gabinete de Ministros, quienes omitieron adoptar acciones adecuadas a los fines de garantizar el normal desempeño de la función gubernamental en el manejo de la situación”.
Los integrantes de la bicameral denunciaron que “el Ministerio de Defensa ha demostrado una clara irresponsabilidad funcional en las circunstancias que rodean a la tragedia vinculada con el ejercicio naval, durante la situación de emergencia y crisis provocada por la desaparición del submarino y especialmente en las instancias posteriores al cierre del caso SAR”.
“Las autoridades políticas se corrieron del centro de atención, dejando a la Armada frente al manejo de la crisis, omitiendo la supervisión y control del manejo de las operaciones, como también en la comunicación y la relación con los familiares y la sociedad argentina”, sostuvieron en el documento final.
La actuación del Ministerio de Defensa
Aguad, quien asumió en el cargo el 18 de julio de 2017, se encontraba participando en un Congreso de Ministros de Defensa en Canadá, cuando quien lo reemplazaba, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Horacio Aldo Chighizola, fue notificado de la desaparición del submarino.
Chighizola fue anoticiado el 16 de noviembre alrededor de las 22, y se dirigió al Edificio Libertad el día 17 a las 5, requiriendo la presencia de todo el Estado Mayor de la Armada. A partir de allí, según el informe, se verifican contradicciones entre los protagonistas principales.
Marcelo Srur, entonces jefe de la Armada, “luego de sostener durante toda la noche del 16 de noviembre que era habitual que se perdiera contacto y que existía un 70% de probabilidades de que se retomara a la brevedad, no informa -según el secretario Chighizola- que había sucedido un principio de incendio a bordo”.
“Sin embargo, el 16 de noviembre a las 14.13 fue declarado el Submiss, mediante el cual comienza a nivel nacional el operativo de búsqueda”, dice el informe, que advierte que “no queda muy claro si de esa declaración se hallaban en conocimiento el ministro, que retornaba del viaje, ni el secretario a cargo, físicamente presente”.
Aguad arribó el día 17 al mediodía y al llegar a Mar del Plata horas después, recién aproximadamente a las 18 se puso en funcionamiento el “operativo SAR”.
“No puede dejarse pasar por alto la severa omisión en la comunicación ni el déficit en la cadena de mando que implica esta situación. Pero aun en caso de desconocimiento, la responsabilidad administrativa es evidente, porque las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa”, sostienen los legisladores.
Asimismo, señalan que “Aguad y demás autoridades civiles del ministerio estaban en pleno conocimiento de la realización de un ejercicio militar de gran envergadura, que involucraba a la mayor parte de la flota de mar, y contaron con la posibilidad de evaluar los alcances y riesgos que la realización de tal ejercicio podría acarrear”.
Por eso, apuntan, “no se encuentra una debida correspondencia entre la publicitada realización del ‘más importante ejercicio de la Armada Argentina en los últimos treinta años’ con el nivel de involucramiento de los funcionarios civiles e incluso de los mandos de la Armada con semejante despliegue”.
Además, el informe advierte que “este ejercicio militar se realizó en un contexto de fuertes recortes presupuestarios para las Fuerzas Armadas en su conjunto”, y sin embargo no se reevaluó la concreción del ejercicio militar.