Se dio media sanción a un proyecto de Ley por el que el Estado podría cobrar las prestaciones de salud a particulares sin obra social en Entre Ríos. Además, desde los sindicatos advierten que el texto pone en jaque a los trabajadores ya que ata los sueldos al presentismo y su productividad.

Bajo la cortina de humo de cobrarle a las obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepagas, seguros de accidentes, Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) u otras similares, el oficialismo aprobó en la Cámara Alta una oscura Ley que vulnera el derecho constitucional a la salud en Entre Ríos, ya que autoriza a efectores públicos a cobrar prestaciones a quienes no tienen cobertura.

El proyecto –que pasó en revisión a Diputados- trae consigo cual caballo de Troya dos artículos polémicos que habilitan “a que las personas que concurran a los efectores públicos de la provincia que no tuvieren cobertura social ‘pero posean recursos suficientes’ para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector, serán atendidas debiendo oblar, al momento de su externación, los aranceles correspondientes”. Para eso, los senadores prevén una arbitraria “evaluación socioeconómica”, donde los efectores públicos deberían verificar la situación de cada persona beneficiaria del sistema.

Además, ahora también se establecerá la “obligatoriedad de facturar servicios asistenciales” a quienes que tengan cobertura social. Es así que el derecho a la salud es considerado como un gasto al crear un Sistema Informático de Gestión y Control de Recupero Hospitalario que deberá sistematizar la identificación de las personas con cobertura; garantizar la actualización periódica de los nomencladores; facturar los servicios asistenciales brindados por cada efector público; incorporar los convenios especiales; y generar informes semestrales del proceso de gestión. Asimismo, se establece que ante el incumplimiento del pago de la factura, cada efector deberá generar el título de deuda correspondiente y podrá llegar a la justicia.

El oficialismo trata de legitimar en la esfera pública su embestida con los números de “inversión” en salud, pero los inconstitucionales artículos son una peligrosa puerta que se abrirá al arancelamiento de la salud pública, vulnerando derechos trascendentales y dejando a la arbitrariedad el cobro de la atención en los hospitales y centros de salud.

La norma -disfrazada de progresista- romperá la igualdad ante la Ley permitiendo a la arbitrariedad de las gestiones la reglamentación del pago en hospitales y centros de salud. Así se presenta una delgada línea que niegan desde el gobierno, que podría derivar en la privatización encubierta de un derecho ante posibles futuros gobiernos reaccionarios o de ultraderecha.

Premios y castigos a efectores de salud
Por otro lado, la Ley es mal vista por los trabajadores de salud ya que aumentará la brecha entre los hospitales, sujetando el cobro de un plus por atención que dependería del presentismo de los trabajadores.

El malestar latente se vive en los pasillos de los efectores, pero la alerta está movilizando a los sindicatos que advierten que el proyecto podría legitimar un sistema desigual de trabajo en la provincia.

Por Renzo Righelato, director periodístico de AIM.