Con los jubilados como emblema, la CGT moviliza este miércoles al Congreso y convoca a un paro nacional el jueves. El Gobierno intenta frenar la medida presionando a la UTA, pero la bronca social no se negocia con amenazas.

Esta semana, el Gobierno de Javier Milei vuelve a chocar con la calle. El miércoles la CGT marchará al Congreso en respaldo a los jubilados, en una protesta que ya es símbolo del ajuste sin anestesia. El jueves se suma un nuevo paro general, con reclamos que atraviesan a toda la sociedad: salarios, jubilaciones, salud, educación, industria y derechos. La tensión se multiplica, y en la Rosada lo saben.

Ante esto, el oficialismo juega una carta desesperada: presiona a la UTA para que no se sume al paro, usando como excusa una conciliación obligatoria en otro conflicto. La maniobra es burda: el paro de la CGT no tiene relación con el conflicto salarial de los colectiveros. Aun así, el gremio de Roberto Fernández evalúa quedarse al margen, lo que genera ruido interno en la CGT. En los pasillos de Azopardo ya hablan de sanciones.

El mensaje desde abajo es claro. No es solo una protesta. Es una advertencia. La paciencia social tiene un límite. Y el modelo Milei —con represión, inflación, entrega y ajuste— se acerca peligrosamente a ese borde.