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Política
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Empleados y funcionarios públicos se deberán capacitar en discapacidad

Con la promulgación y publicación en el Boletín Oficial de Entre Ríos, entró en vigencia la Ley por la que será obligatoria la capacitación en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia. El objetivo es “brindar un trato adecuado a las personas con discapacidad, garantizando servicios accesibles y de calidad”, dijo a AIM la autora de la norma, Carina Ramos.

Ahora -con la puesta en vigencia de la Ley 11026-, los empleados y funcionarios públicos “deberán realizar las capacitaciones, que tendrán que contener como contenidos mínimos lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y el Sistema de Protección Integral de Discapacitados”, explicó a esta Agencia la legisladora.

En ese marco, apuntó que considera “de suma importancia que la capacitación del personal que presta servicios en la administración pública tenga su enfoque en mejorar la atención de la población con discapacidad que requiere de una adecuación razonable para gozar de servicios accesibles y de calidad”.

Asimismo, dijo que “es necesario que el personal de la administración tenga conocimiento sobre la manera de brindar servicio más efectivo a las personas con discapacidad que se acercan a las distintas dependencias públicas, es fundamental que conozcan y adopten medidas que posibiliten el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás”.

“Como bien sabemos el personal del Estado cuenta con el poder de tener información sobre normativas, procedimientos administrativos y recursos que lo posiciona ante la ciudadanía en una situación desigual. De esta manera surge que, si el personal administrativo no brinda a las personas la totalidad de las alternativas a sus necesidades y requerimientos, en la práctica, por las razones que fueren, afecta sus derechos”, indicó la abogada, quien remarcó la necesidad de “trabajar sobre la responsabilidad social del personal, que es la cara visible del Estado, analizar la importancia de su tarea para el resto de la comunidad y hacer especial énfasis en lo imprescindible de la capacitación adecuada para el trabajo que realiza, desde una perspectiva de derechos humanos”. Por las razones expuestas el proyecto tiene por objeto la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, a fin de brindar un trato adecuado a las personas con discapacidad, garantizando servicios accesibles y de calidad.

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