El Poder Ejecutivo promulgó y publicó los cambios al Consejo de la Magistratura, que implicarán cambios en la forma de evaluación, la integración y el rol del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la selección de magistrados, confirmó AIM. La oposición prometió derogar la norma si son gobierno.

En el Boletín Oficial del 12 de septiembre se publicó la Ley 11003, último paso para que entre en vigencia los cambios en el Consejo de la Magistratura entrerriana.

Los cambios “democratizan” el acceso a la información; introducen reformas en la forma de selección e integración; se amplía la forma de impugnación; se incorpora al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que podrán ser parte del proceso; y se cambia el desarrollo de la prueba de oposición, que tiene que ver con el banco de casos que reemplaza el existente sistema de examen anónimo.

Así la norma modifica la composición, que ahora será integrada por docentes de universidades de Entre Ríos solamente, sin la participación de la Universidad Nacional del Litoral. También, se pone en marcha un registro de organizaciones sociales que podrán participar, ya que actualmente lo integran dos instituciones que no tienen que ver con la defensa de los derechos humanos: el Consejo Empresario y la Federación Agraria Argentina.

La Ley fue ampliamente debatida en las Cámaras y fue rechazada por la oposición que prometió derogarla si son gobierno, ya que consideran que se debilita la autonomía de la institución y abre la posibilidad de garantizar la discrecionalidad en la elección de jueces.

En contraposición, desde el oficialismo consideran que la norma, ahora vigente, permite perfeccionar el organismo para tener un mejor proceso de selección de magistrados y magistradas y funcionarios y funcionarias.