Con la puesta en marcha de la Ley 10650 (publicada en el Boletín 26.567-005/19), el Estado ratificó una política de promoción de la conservación del suelo incorporando tres categorías de buenas prácticas, definiendo claramente un presupuesto, reduciendo burocracia y  promoviendo capacitaciones, confirmó AIM.

El Poder Ejecutivo promulgó y publicó la reforma a Ley de uso y conservación de suelos que estimulará las prácticas con beneficios impositivos, que implican exenciones de hasta un 70 por ciento de los impuestos Inmobiliario Rural y Sub Rural, confirmó AIM. Además, la provincia deberá destinar un 0,5 por ciento de lo recaudado en impuestos al campo a impulsar y difundir buenas prácticas. La Ley entrará en vigencia el año próximo.

La reforma recupera el espíritu de la Ley original, modificada por pedido del ex ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Marcelo Casaretto, en 2012, cuando impuso trabas administrativas y un tope de un 30 por ciento a la exención impositiva del estímulo de la conservación de los suelos.

Precisamente, se modifica el artículo séptimo de la Ley provincial 8.318  que determina que las prácticas de conservación y manejo obligatorio anual  serán hasta un 15 por ciento de una Unidad Productiva Agropecuaria, pero se exceptúa a los campos “donde existan cultivos perennes implantados, hasta la finalización de su vida económicamente productiva».

En ese marco, se sustituye el artículo 12, estableciendo exenciones parciales y temporales en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural, de acuerdo a las prácticas que se realicen: permanentes, semipermanentes o anuales.

Serán las permanentes las que tendrán una exención o reducción del Impuesto Inmobiliario hasta un máximo del 70 por ciento  del impuesto sobre superficie afectada con este tipo de prácticas durante un plazo no mayor a ocho años y siempre que las prácticas se mantengan.

La exención o reducción del Impuesto Inmobiliario provincial hasta un máximo del 50 por ciento será para quienes realicen prácticas semipermanentes por un plazo de dos a cinco años y siempre que las prácticas se mantengan.

En tanto, quienes realicen prácticas anuales tendrán una exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Provincial hasta un máximo del 50 por ciento del impuesto determinado, sobre la superficie afectada con este tipo de prácticas, por un plazo no mayor de dos años y siempre que la práctica se mantenga.

El porcentaje de exención en las prácticas permanentes, conforme a la superficie afectada, “será aplicable para el primer año del beneficio y será reducido en un diez por ciento de exención por año hasta alcanzar un mínimo del cincuenta por ciento del impuesto determinado”.

La exención será otorgada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), mediante resolución fundada y previo informe remitido por la autoridad de aplicación, en el que se indicará la clase de práctica realizada y la superficie afectada.

En ese marco, para acceder al beneficio, los productores deberán “presentar un plan de manejo y conservación de suelos, correspondiente a una Unidad Productiva Agropecuaria y un certificado de obra de la superficie individual alcanzada, cuya elaboración será responsabilidad de un ingeniero agrónomo matriculado en el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos”.

Además, los beneficiarios deberán mantener en buenas condiciones de uso y funcionamiento las obras o prácticas para las que se concedió el estímulo, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuitos.

Mayor participación en la comisión de Conservación

Por otro lado, se incorporan entidades en la comisión provincial de Conservación y Manejo de Suelos, con dependencia de la secretaría de Producción. Precisamente, se suman a la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), a la Sociedad Rural Argentina, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa y a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Aater), “pudiendo invitar a nuevas entidades u organismos públicos o privados a integrarse a la misma”.

Cabe recordar que ya estaban contempladas en la Comisión el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Dirección Provincial de Vialidad, Consejo General de Educación, Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, Federación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Entre Ríos y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria.

 

Un organismo con recursos y un programa político

Por otro lado, se rompe la arbitrariedad presupuestaria, ya que  cambia el artículo 31, por lo que el Fondo de Conservación y Manejo de Suelos,  se financiará con el 0,5 por ciento  de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural.

Cabe recordar que el Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos estará a cargo de la autoridad de aplicación y deberá trazar una política de Estado que promocione los medios necesarios para que la autoridad de aplicación desarrolle las tareas vinculadas con el uso y conservación de suelos para una agricultura sostenible.

Además, se deberán solventar programas de difusión, extensión y educación tendientes a lograr una conciencia conservacionista en el medio rural y en toda la comunidad provincial; posibilitar el relevamiento agroecológico de las áreas de conservación y manejo de suelos y de aquellas donde sea imprescindible realizar tareas de conservación de suelos; apoyar aquellos proyectos conservacionistas que por su complejidad y alto costo no pueda ser afrontado por los productores; y solventar los gastos que demande el servicio a los productores de escasos recursos de las áreas de conservación y manejo obligatoria.

También el Fondo deberá cubrir los gastos que demanden los trabajos realizados en las áreas de conservación y manejo experimental y financiar la capacitación y el entrenamiento de técnicos en conservación de suelos.