Federico Sturzenegger logró cerrar grietas con su anuncio de la ley Hojarasca: ningún bloque del Congreso sabe de qué se trata. “No la mandaron”, apuntan desde Hacemos Coalición Federal; “no hay nada, tenemos que esperar”, reniegan desde el peronismo; “todavía no sabemos de qué va la cosa”, dicen desde el radicalismo; “todavía nada”, responden desde el PRO. Lo más inquietante: “No tenemos nada de esto”, aseguran desde La Libertad Avanza. Por el momento, el primer anuncio del nuevo ministro es esencialmente de índole mediático.

El titular del inaugurado Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado busca medir en el Congreso la fidelidad de las alianzas provisorias que alcanzó el oficialismo. En su asunción, remarcó la "democracia vibrante que está viviendo Argentina" y es en el ámbito parlamentario donde quiere concretar sus dos objetivos: desregulación para la libertad económica ("Argentina está sobrecargada de normas") y transformación del Estado ("cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga"). Allí es donde operaría la ley Hojarasca, la motosierra de índole normativa del Gobierno.

Se reconoce en Sturzenegger a uno de los autores tanto del DNU 70/2023 como de la ley Ómnibus, la redacción previa a la sancionada ley Bases. En ambos casos, fue mentor de la eliminación de regulaciones, como los casos de los alquileres o las normas sobre góndolas y abastecimiento. Este proceso de desregulación a mansalva también provocó marchas atrás del Gobierno, como en el sector oligopólico de las prepagas de salud. Esta semana, encabezó un anuncio en ese mismo sentido para las compañías aerocomerciales. Funcionó como indicio.

“Es un compendio de leyes que hemos encontrado que han quedado obsoletas y afectan al derecho de la propiedad. Son varias decenas de leyes”, dijo el ministro al asumir y repite cuando tiene oportunidad. Ejemplos que, efectivamente, en el siglo XXI parecen impracticables: el control de las palomas o la normativa de prioridad de mochileros. Sin embargo, trascendidos apuntan a su intención de reavivar proyectos que habían provocado resquemor en los paquetes de reformas de diciembre del 2023: la eliminación del precio único de venta al público para el sector editorial y de las regulaciones que protegen a las industrias del azúcar y el limón.

Aunque el funcionario prometió elevar el proyecto durante el receso parlamentario, que inicia el lunes 15 de julio y se extiende hasta el viernes 26, la ley Hojarasca precisa más cálculos políticos que normativos. “Hay una postura de los más opositores del radicalismo junto al bloque de Pichetto de no querer más leyes ómnibus. Prefieren desglosar”, dicen desde la UCR.

Los sectores azucareros y limoneros son motores económicos de las provincias en donde la Casa Rosada encontró gobernadores aliados, que ya se habían resistido a sus reformas -al punto de la instancia judicial- a comienzos de este año. Al peronismo, que continúa siendo ampliamente el bloque mayoritario, será difícil moverlo de su rechazo, más aún si la firma es de Sturzenegger.

Agenda parlamentaria post vacaciones de invierno

El 30 de julio se retoman las actividades en comisiones legislativas y la agenda de reforma política, remarcada con recurrencia por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, será parte de los primeros debates en busca de un dictamen de acuerdo. Existe un consenso en el oficialismo y la oposición considerada dialoguista en avanzar con el proyecto de Ficha Limpia (que impide candidatearse a personas con condena penal), aunque existen mayores intereses involucrados -y por ende, más resistencias- en aprobar la eliminación de las Paso.

Apurado por la necesidad de expresar logros en seguridad, el bloque de La Libertad Avanza ya convocó a una sesión especial para tratar dos de los proyectos con menos controversias: la ampliación de las causas que se incluyen en el Registro de Datos Genéticos y la flexibilización de las condiciones para el registro de tenencias de armas. Aunque no hay fluidez en los canales de diálogos para coordinar una maquinaria parlamentaria que les garantice los dos tercios, tanto el peronismo como el radicalismo coinciden en la urgencia de declarar la emergencia salarial para trabajadores docentes y no docentes de universidades.

En el Senado, avanzarán con la aprobación unánime del proyecto sobre el incremento de las condenas para la trata de menores de edad. Cuando esa redacción se eleve al recinto, el oficialismo no podría evitar el tratamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que obtendría aprobación, aunque esté sujeto a un eventual veto presidencial. También resta ver el destino del proyecto de Boleta Única, que obtuvo media sanción de Diputados y se aprobaría con modificaciones que implicarían su regreso a la Cámara de origen.