En su libro “Derecho Procesal Parlamentario”, editado en 2012 por La Ley, el expresidente provisional del Senado Eduardo Menem detalló puntillosamente todos los casos de exclusiones y suspensiones de legisladores que tuvieron lugar en el Parlamento argentino a lo largo de la historia.

Allí plantea que la exclusión es “la máxima sanción disciplinaria, ya que importa la separación del cargo de un legislador como consecuencia de un acto de inconducta de tal gravedad que torna inconveniente su permanencia en el mismo”.

“Se trata de una medida extrema toda vez que no solamente afecta al legislador, sino que además significa dejar sin efecto la decisión del pueblo que lo ha elegido para desempeñar el mandato en su representación”, agrega.

Al citar los numerosos precedentes, Eduardo Menem arranca con la expulsión de Pedro Ferré, representante de Catamarca en la Convención Constituyente de 1853, por negarse a seguir actuando en las sesiones posteriores a la sanción de la Constitución, en las que dicha Convención se constituyó como Poder Legislativo, argumentando que su mandato era para redactar el texto constitucional y no de índole legislativa. La resolución del cuerpo fue la de “borrar” al ciudadano Pedro Ferré del número de diputados del Congreso General Constituyente.

El segundo caso se registró en 1867, contra los diputados Eusebio Ocampo y Buenaventura Sarmiento bajo la imputación de haber cooperado con una rebelión contra el Gobierno Nacional producida en la provincia de Cuyo.

En 1874 fueron expulsados los diputados Juan Andrés Gelly y Obes y Francisco de Elizalde por no haber asistido a las sesiones de la Cámara durante dos meses, respondiendo a una posición partidaria que desconocía la legitimidad de la Cámara y demás autoridades nacionales.

Otros dos diputados fueron separados de sus cargos en 1925, Luis Olmedo Cortés y José Núñez, imputados de haber obtenido ilícitamente fuertes cantidades de dinero del Banco de Mendoza.

En 1940 fue excluido de su cargo el diputado José Guillermo Bertotto por considerárselo vinculado al caso de la venta de tierras de El Palomar al Gobierno de la Nación.

En 1948 fue expulsado el diputado Roberto Sanmartino a raíz de la expresión de conceptos considerados agraviantes para el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón.

Un año después fue expulsado el diputado Agustín Rodríguez Araya, a raíz de expresiones vertidas durante la campaña electoral contra los integrantes de la mayoría de la Cámara. Ese mismo año se excluyó al diputado Atilio E. Cattáneo, imputado de haber tenido expresiones injuriosas hacia el presidente de la Nación, “en un acto de propaganda política ajeno en absoluto al desempeño de su mandato legislativo”.

En 1955 fue expulsado el diputado Roberto A. Carena a raíz de que había renunciado a su banca en disconformidad a la posible separación de la Iglesia del Estado.

Suspensiones
En su libro “Derecho Procesal Parlamentario”, Eduardo Menem detalla que la suspensión no está expresamente prevista por las normas constitucionales ni reglamentarias, pero aclara que existen precedentes de su aplicación. Esa sanción entraría dentro de las facultades genéricas de “corregir” que tienen las cámaras por imperio constitucional, y se la ha justificado por aplicación del principio según el cual quien puede lo más, que sería la exclusión, puede lo menos, que es la separación temporal del legislador en el desempeño de su cargo, siempre que sea por un término breve, porque de lo contrario se desnaturalizaría la calidad correctiva que inviste, señala Menem.

En 1946 se suspendió por tres sesiones consecutivas al diputado Roberto Sanmartino, a raíz de expresiones consideradas ofensivas vertidas en una sesión.

En 1988 se suspendió por tres sesiones efectivas, sin goce de dieta ni beneficio alguno, al diputado Horacio Cambareri por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, en razón de haber utilizado el servicio de telex de la Cámara con fines políticos vinculados a los acontecimientos militares ocurridos en enero de ese año.
Fuente: Parlamentario