La jueza federal Beatriz Aranguren, quien está a cargo de la causa conocida como Área Paraná II, concedió la excarcelación al médico genocida Hugo Mario Moyano, con una fianza de 2 millones de pesos. “Las querellas, al igual que la Fiscalía, nos opusimos a este beneficio, por lo cual aún no se ha hecho efectivo y estamos a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones”, dieron a conocer en un comunicado a AIM desde la agrupación Hijos regional Paraná. [{adj:55921 alignright}]

Ante esta situación que sería inminente, la agrupación de derechos humanos repudió la medida “que deja cerca de la libertad a una de las piezas claves del terrorismo de Estado en la provincia, que todavía debe rendir cuentas por muchos de sus crímenes de lesa humanidad”, plantearon en un comunicado al que accedió esta Agencia.

Desde Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio se recordó que “esta causa se investigan diversos hechos cometidos durante la dictadura cívico militar en Paraná. Moyano se encuentra imputado por el delito de imposición de tormentos: en su rol de médico, lejos de velar por el derecho a la salud humana, garantizaba la aplicación de torturas a los compañeros y compañeras detenidos ilegalmente en centros clandestinos de detención de la capital entrerriana. No solo no brindaba atención médica, sino que aportaba su conocimiento a los torturadores para que pudieran continuar con su tarea macabra”, señalaron.

“Por hechos de la misma característica, este genocida ya fue condenado a 10 años de prisión en la Megacausa Área Paraná I, pero los recurrentes y excesivos planteos dilatorios de los defensores de los represores hicieron que la pena ya esté cumplida, por la cantidad de años que pasó con prisión preventiva. Además, Moyano ya se encuentra desde hace años gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, al que ahora se suma el de la excarcelación”, detallaron desde Hijos.

Pedido

En el ámbito judicial, también se dio a conocer que las querellas en la causa presentaron un recurso apelando la excarcelación. La Cámara había denegado el mismo pedido en febrero de este año y no hay elementos nuevos que permitan desvirtuar esa decisión, salvo la excesiva dilación en la causa, se planteó respecto a las posibilidades que prospere. A más de un año de la declaración de los testigos, hace apenas unos días se clausuró la etapa de producción de prueba, por lo que los querellantes consideran que están “en condiciones de presentar alegatos”.

La dilación en el proceso aludida por Hijos “es responsabilidad de los coimputados de Moyano en este proceso y de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Paraná, y por lo tanto nunca puede vulnerar la tutela efectiva de justicia que tienen las víctimas y familiares”, se apuntó.

Finalmente, la organización de DD.HH. afirmaron que “el tiempo juega a favor de la impunidad. El Poder Judicial tiene la obligación de juzgar con celeridad a los responsables del terrorismo de Estado, y así brindar reparación a las víctimas que esperan desde hace más de 40 años. Por eso exigimos que ser evoque esta injusta medida. El único lugar para un genocida es la cárcel común”.