La diputada Laura Stratta presentó un proyecto de Ley para establecer la obligatoriedad escolar desde los cuatro años en la Educación Inicial y también para que el Consejo General de Educación (CGE) trabaje en la progresiva universalización de la educación de niños y niñas de tres años de edad. La iniciativa se completa con el cambio del enfoque de “integración” por el de “inclusión” y de “convivencia plena en diversidad” en la educación de las personas con discapacidad.

Stratta destacó la importancia a ampliar derechos en materia educativa y consideró necesario que en la provincia se debata para avanzar en ese aspecto. La iniciativa, que es impulsada por diputadas y diputados provinciales del bloque Más Para Entre Ríos, fue trabajada en colaboración con la profesora Graciela Bar, quien no solamente se desempeñó al frente del CGE sino que también es una pedagoga de reconocida trayectoria a nivel nacional.

Para llevar adelante los objetivos del proyecto se modifican artículos de la ley Nº 9.890 que establece el Sistema Educativo Provincial, una ley de avanzada que fue sancionada en 2008 y que requiere de una actualización en función de preservar su eficacia y amplitud.

Actualmente el nivel de Educación Inicial comprende el Jardín Maternal para niños a partir de los 45 días y hasta los dos años de edad; y el Jardín de Infantes, para los niños desde los tres y hasta los cinco años de edad, siendo este último año de carácter obligatorio. La modificación apunta a lograr la obligatoriedad desde los cuatro años y el avance en la universalización de las salas de tres años.


De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa de la Nación, en Entre Ríos hay 51.527 niños y niñas en el nivel de Educación Inicial. El 99,9 por ciento de la población de esa edad (22.319) concurre a salas de cinco años, y el 94,9 por ciento (20.153) a salas de 4 años. En la población de tres años son 6.724 la cantidad de niños y niñas que concurren al Jardín de Infantes.

En las consideraciones del proyecto se destaca que la Educación Inicial favorece en múltiples aspectos en la formación integral de niños y niñas, ya que promueve procesos de maduración de la actividad cognitiva, la estructuración del pensamiento, las manifestaciones lúdicas, estéticas y artísticas, el desarrollo corporal y motriz. También promueve el crecimiento socio afectivo, el afianzamiento de valores éticos y hábitos de cooperación, la confianza, autoestima, solidaridad, el cuidado y respeto hacia sí mismo y los otros, fortaleciendo además del vínculo entre la institución educativa y la familia.

Los Jardines Maternales e Infantiles constituyen una importante oportunidad para el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajustan a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todas las situaciones sociales.

Stratta considera que, teniendo en cuenta la actual cobertura de cargos y la matrícula existente en el nivel Inicial, “es viable establecer la obligatoriedad de la educación inicial para niños y niñas de cuatro años y la universalización para niños y niñas de tres años, a través de alternativas ya vigentes, tales como Maestras Itinerantes en zonas rurales y de Islas, Jardines con Convenio con Municipios, organizaciones no gubernamentales, iglesias de diferentes credos, los Centros de Desarrollo Infantil y el Copnaf para cumplimentar con lo establecido en la actual legislación y la demanda de las familias”.

En cuanto a la Educación Especial, las modificaciones atienden a los nuevos paradigmas en el marco del Modelo Social de la Discapacidad, que señala que “la inclusión es un proceso que reconoce no sólo la obligación de eliminar las barreras que restringen o impiden la participación, sino también la necesidad de modificar la cultura, la política y la práctica de las escuelas para tener en cuenta las particularidades de todos los estudiantes, en la búsqueda de una convivencia plena en diversidad”.

El proyecto sostiene “la inclusión” y en consecuencia ‘la convivencia plena en diversidad de todos, y particularmente de las personas con discapacidad’, en correspondencia con el principio que mira las diferencias como potencialidades enriquecedoras, ofreciendo los medios necesarios para acompañar el mejor tránsito/trayecto escolar.