La conducción de la central obrera se reunirá esta semana para unificar criterios y resolver cómo van a confrontar las medidas del Gobierno. Fastidio acumulado y una “guerra de guerrillas” para debilitar al oficialismo. El factor obras sociales.
“¿Si a 45 días hacés un paro general, a los 90 días qué hacés, un bombardeo?”. La pregunta se la hizo el mes pasado uno de los tres dirigentes más importantes de Unión por la Patria a la cúpula de la CGT. Fue en un asado reservado que compartieron después de la medida de fuerza del 24 de enero y tradujo las críticas que generó la prematura utilización de la ultima ratio que tienen los gremios para confrontar con un gobierno. A menos de un mes de esa huelga y del costo político que tuvo que pagar la central obrera, los gremialistas analizan otra estrategia de lucha ante el agravamiento de la crisis y las últimas medidas impulsadas por Javier Milei.
En el mundo sindical asumen que la relación con el Poder Ejecutivo está quebrada y no tiene retorno. En esa lógica entienden el fracaso del Consejo del Salario Mínimo, la imposición de cambios unilaterales en la legislación laboral, y también la decisión de avanzar sobre las obras sociales con una política de desregulación y libre competencia que si bien puede tener beneficios para los trabajadores registrados, los sindicatos lo asimilan como una ofensiva en contra de sus intereses.
Hay varias ideas, más allá de que un sector combativo está dispuesto a lanzar a como dé lugar un segundo paro nacional. Una alternativa generaba por estas horas más consenso y, de hecho, no excluía a la más extrema. “Guerra de guerrillas”, la bautizó en diálogo con Infobae uno de los sindicalistas que conoce bien la superficie y también los subsuelos que conectan a los gremios con la política.
¿Qué significa? Entre otras cosas respaldar medidas de fuerza decididas por sectores y actividades que están afectados por sus propias demandas irresueltas, principalmente aumentos salariales. Son capítulos de una misma secuencia derivada de una economía en crisis, que soporta las consecuencias del draconiano ajuste fiscal y del plan de estabilización que aplicó Milei apenas asumió el Gobierno para encarrilar una economía que acumulaba desequilibrios, regulaciones e inconsistencias. En el horizonte asoma el paro de trenes que anunció La Fraternidad para el próximo miércoles -que seguro tendrá una conciliación obligatoria-, otro en ciernes de los colectivos en el Amba que podría anunciar la UTA, protestas por la parálisis de la construcción, y el inminente y casi inevitable conflicto docente.
Los paros sectoriales y las protestas callejeras son una parte de esa estrategia general de desgaste, que incluye también gestiones ante la política para lograr que en el Congreso se rechace el DNU que Milei firmó para desregular la economía. Y también, la profundización de la batalla judicial contra las últimas medidas, que para ellos afectan derechos de los trabajadores y para el Gobierno derrumba negocios y privilegios. Una batalla en todos los frentes.
La conducción cegetista definirá entre mañana y el martes la convocatoria a una reunión de mesa chica, donde se juntan los pesos pesados del mundo sindical cuando hay que definir líneas de acción. Allí tienen sillas los secretarios generales de la CGT Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), pero también Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (Upcn), José Luis Lingeri (Obra Sanitarias), Mario “Paco” Manrique (Smata), entre otros.
Al tope de la agenda están los salarios y la señal que la semana pasada dio el gobierno nacional, mediante el secretario de Trabajo, Omar Yasín, en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Allí se aplicó una lógica que no reconoce antecedentes y que puso a los sindicalistas en alerta. El sector empresario advirtió que no está en condiciones de ofrecer aumentos, debido a que la economía enfrenta un período fuertemente recesivo, con una severa contracción de la actividad. En esa mesa tripartita, los gremios fueron con un pedido de aumento por encima del 80 por ciento.
Más allá de que el Salario Mínimo Vital y Móvil tiene aplicación limitada, los funcionarios no quisieron convalidar un porcentaje que después derrame en otras negociaciones. Yasín labró un acta donde dejó sentada la falta de acuerdo entre las partes y evitó, por ahora, tomar la decisión que establece la legislación: laudar, poner un número. No se trató de una decisión unilateral. Fue la traducción administrativa de una decisión política del presidente de la Nación.
“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinar un decreto a mano (...) ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, dijo Milei en una entrevista radial, donde repitió el mismo argumento para sacar al gobierno nacional de la paritaria docente.
Por eso, en la CGT hablan de un clima de protesta y movilización aquí y allá. Y eventualmente de repetir la movilización que el 27 de diciembre hicieron al Palacio de Tribunales y que consideran que fue gravitante para que la Justicia les diera la razón y deje sin efecto la reforma laboral que incluyó Milei en el DNU que, de todos modos, sigue vigente. Son algunas de las ideas que analizan los sindicalistas para enfrentar al Gobierno.