El juez de primera instancia, Roberto Gallardo, argumentó que la custodia de la vicepresidenta corresponde a fuerzas federales; Aníbal Fernández dijo que ampliará la custodia de la vicepresidenta

Mientras los militantes kirchneristas continúan con su vigilia en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, ubicada en el barrio de Recoleta, en Uruguay y Juncal, la Justicia instó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dar por finalizado el operativo policial en esa zona. En tanto, las autoridades porteñas anticiparon que evalúan la recusación del juez Roberto Gallardo, quien firmó el fallo, y la apelación.

“Ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora vicepresidenta de la Nación”, indicó la notificación judicial en el primer artículo.

El magistrado argumentó que la custodia de la vicepresidenta está en manos de las fuerzas federales y le otorgó a ese cuerpo la potestad de determinar quién puede y quién no cuidar la zona. La Ciudad adelantó que apelará el fallo y que no lo acatará. “La policía estará allí por tiempo indeterminado”, dijo el jefe de gabinete de Larreta, Felipe Miguel a TN.

“Es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor. Es un juez kirchnerista que falla con intención política. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad de proteger a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a apelar el fallo”, anticipó Miguel, y siguió: “Aun así, ya tomamos la decisión de que la policía va a permanecer por tiempo indeterminado, por el tiempo que sea necesario para poder garantizar el barrio la tranquilidad y convivencia. Van a permanecer allí tanto los agentes de tránsito, la agencia gubernamental de control, y espacio público.

El magistrado dispuso una medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparos presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados al Frente de Todos, entre los que se incluyen el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, y la legisladora porteña, Ofelia Fernández.

En el artículo 3, se estableció que “la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”.

A su vez, se dispuso comunicar al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, que “la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó, en tanto, que ampliará la cantidad de oficiales destinados a la custodia de la vicepresidenta.

Gallardo es un magistrado que tiene un historial de enfrentamiento con el gobierno de Larreta por distintos fallos, uno de los últimos, el del uso de cámaras con reconocimiento facial.

Por último, el magistrado dispuso para el próximo miércoles 31 de agosto una audiencia a la que deberán concurrir las partes. " A fin de oír sus argumentos previo a la resolución del fondo del amparo de autos”.