El Diario Junio realizó un repaso de la Mesa Judicial en Entre Ríos en el artículo “Juri a Garcia: nombres de jueces y fiscales que dan cuenta del ‘maridaje’ y de la impunidad judicial y mediática que denuncia Urribarri”.

La causa judicial más emblemática de esta provincia, que involucra a la política, es la que tiene como principal acusado al exgobernador Sergio Urribarri. Ayer Diario Junio ofreció a sus lectores una primicia vinculada a la misma: La denuncia ante el Juri de Enjuiciamiento de Entre Ríos a Amílcar García, jefe de fiscales del Poder Judicial de esta provincia. Lo novedoso de esa denuncia no es lo que dice, pues toda la sociedad debería saber que una denuncia muy similar ya la había realizado antes, nada mas ni nada menos que quien fuera vocal y Presidente del máximo órgano judicial de Entre Ríos, en el 2019 (o sea, cuando gobernaba Bordet, no Urribarri). Casualidad o no, los Garcías son casi los mismos. Es más, el juez supremo de aquel momento decía que el poder de García era desproporcionado y que así no se podía confiar en una justicia justa. Nuevamente el fantasma de “Comodoro Py” se mete en esta provincia y el parecido es estremecedor, da miedo. Si son tan eficientes para condenar “sin pruebas” tal reconoció la fiscal investigadora y capaces de tronchar presidencias al máximo órgano judicial, que nos espera a aquellos que carecemos de todo ese poder, si se les ocurriera jodernos por esto o aquello. No es el odio, resentimiento, prejuicio, lugar en la política, etc. lo que resolverá este entuerto. La diferencia entre dictadura y democracia es infinita. El control social y democrático debe impedir que el derecho de cualquier ciudadano (incluso de aquellos a los que despreciamos), sea conculcado, bregar por el respeto a las Leyes y la constitución es el principal valor en una sociedad civilizada. Lo que sigue es una significativa lista de nombres del Poder Judicial (jueces, fiscales) y mediático. Asimismo, recordamos con la nota de otro medio provincial, lo que dijo Castrillón en 2019 de casi los mismos actores.

Bajo el título: “Relaciones para el logro de los objetivos”, la denuncia de Urribarri afirma…

El Juez del tribunal que condena (José María Chémez) es el cuñado de la Vocal que confirma la sentencia (Marcela Davite).

Marcela Davite es -además de cuñada del juez del TOC- amiga íntima de su colega Marcela Badano (juez del tribunal de casación) que también confirma el fallo y que -a su vez- es la pareja del Procurador General (García) ante el Superior Tribunal.

a tercera juez del tribunal de casación Evangelina Bruzzo, está casada con el enemigo público declarado -Juan Ruiz Orrico– (en infinidad de notas periodísticas que se acompañaron como prueba) de la persona a la que condenan.

La Fiscal Cecilia Andrea Goyeneche, apartada de su cargo por actos de corrupción, está filmada coaccionado testigos para que declaren en contra del peticionante en un juicio criminal.

Esta misma fiscal corrupta participó en múltiples actos de investigación en los procesos que se iniciaron irregularmente contra el suscripto y fue quien formuló el alegato fiscal de apertura del juicio oral que culminó con la absurda condena de 8 años de prisión.

Lo expuesto es un hecho gravísimo, de suma trascendencia institucional porque a través de la Procuración General se estaría avalando la tortura psicológica a testigos para obtener la condena ilegal de un inocente.

La fiscal del juicio en el que se condena arbitrariamente a quien fuera Intendente, varias veces diputado, presidente de la cámara de diputados, dos veces gobernador y embajador argentino ante el Estado de Israel sostuvo: “Nos resulta sumamente complicado obtener pruebas […]No hay testigos; nadie se presta a decir lo que sabe. Es muy difícil obtener prueba documental […]No hay documentación, no hay testigos.” (sic) Pese a esta confesión de orfandad probatoria absoluta, no dudó en solicitar una pena que motivó la condena a 8 años de prisión del ex mandatario. Es decir, además de no haber verdadera acusación en términos constitucionales, tampoco hay pruebas. Esta circunstancia fue confesada por la fiscal que acusó arbitrariamente a Urribarri.

Muy difícil defenderse cuando te acusa la pareja del Vocal que te condena. Y literalmente el procurador general es la pareja de la Vocal de casación que confirma la sentencia en el tribunal de casación: “un miembro de la pareja te acusa y el otro te condena”. La cabeza del Ministerio Público Fiscal que colocó a los magistrados en forma discrecional en la unidad especializada, es la pareja de la juez que confirma el fallo. Y de esta manera tremendamente arbitraria, se amenaza la libertad del ex gobernador. La realidad supera la ficción. Señala el exmandatario en su denuncia.

Cecilia Goyeneche, destituida
Y sigue…»En tal sentido, es preciso indicar que, una de las fiscales que intervino impulsando esa supuesta mega causa, más concretamente Cecilia Andrea Goyeneche, fue destituida durante el juicio por mal desempeño de sus funciones –primariamente por mentir y encubrir a su cónyuge de una investigación, circunstancia esta que no fue óbice para que se condenara ilegalmente al presentante con una acusación que no puede ser considerada válida en términos constitucionales.

Esta fiscal, desplazada por corrupción y mal desempeño de sus funciones fue la que tuvo a su cargo, entre otros actos procesales, el alegato de apertura del juicio contra el suscripto de manera que su acusación fue realizada por alguien que ni siquiera -a la luz de los acontecimientos- reunía las calidades de idoneidad moral para ocupar el cargo que detentaba, constituyéndose el proceso en un ejemplo paradigmático de arbitrariedad procesal».

Denuncia de abuso
La denuncia que pide la destitución de Garcia señala que “los funcionarios indicados se conformaron bajo una figura a la que podría denominarse como “operadores judiciales” cuyos integrantes, estarían actuando al margen de la ley y dedicados al “armado de causas” y a la persecución política de mi persona, apunto ex gobernador de esta provincia.

Puntualmente el Procurador de la provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz lograron a través del entramado que se denuncia, el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente me sometieron políticamente, dijo el ex mandatario provincial.

En efecto, lo que se denuncia es un entramado judicial a nivel provincial que involucra relevantes actores, quienes con la participación necesaria del periodista operarían a la sazón de “cabeza de los expedientes” previamente digitados en una suerte de “mesa judicial” (Procurador- Cecilia Andrea Goyeneche – Daniel Enz)”.

Lo que sigue es Textual de Castrillón
1) Armado de causa judicial entre el trinomio “Procurador- Cecilia Andrea Goyeneche – periodista Daniel Enz”.

2) El portal “análisis digital” y a su revista asociada “Análisis” publican una “nota periodística” contra las personas a las que previamente se decidió perseguir;

3) Se instruye una investigación criminal llevada a cabo por los fiscales discrecionalmente colocados en la unidad fiscal anti -corrupción por el Sr. Procurador General.

4) Se opera a las sombras de las diferentes instancias para obtener los resultados propuestos a través de:

a)-La pareja del procurador general, la Vocal del tribunal de casación Marcela Badano.

b)-La amiga íntima de la pareja del Sr. Procurador –la Vocal del tribunal de casación Marcela Davite cuñada del Juez del presidente del tribunal, Dr. Jose María Chemez que me condenó.

De esta forma, se echa por tierra cualquier intento sano de dividir el poder en diferentes niveles de competencias, de esferas o de instancias jurisdiccionales”, decía Castrillón en 2019.

Lo curioso, seguía señalando el entonces Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, “es que ningún otro medio de la provincia de Entre Ríos realizó notas periodísticas como las efectuadas por análisis digital, lo que llamativamente fueron las que dieron origen a todas las denuncias en mi contra”.

Estamos en presencia de una modalidad, que logra concentrar el poder para decidir las causas más sensibles de todo el entramado judicial de un estado provincial.

Basta revisar los allanamientos irregulares, que se llevaron a cabo sin orden judicial y sin constancia fehaciente en acta de donde surja que ese requisito ha sido suplido por el consentimiento del morador.

“No soy un soldado”, dijo Castrillón para explicar el porqué de la opereta en su contra…

Castrillón, Presidente del STJ (2018/9) “suponía” que sus colegas volverían a votar por él, sin embargo, comenzaron denuncias y lo que él interpretó como una campaña política en su contra. Se sabe que es el gobernador (en ese momento Bordet), el que designa a los Vocales del STJ.

Hasta ahí todo bien, incluso si hubiese existido un acuerdo del poder político con un medio de prensa (no sería algo acorde con buenos estándares periodísticos) pero SE HACE todo el tiempo, basta con leer diarios como Clarín, La Naciòn… para entender de lo que hablamos.

Lo increíble aquí, es que la denunciada sea la justicia o, mejor, un sector de ella, el jefe de los fiscales, nada menos, el que tiene la llave para iniciar e investigar denunciar y mandarte preso.

Castrillón respondió….
Dijo, en cuanto a su no postulación en la presidencia del STJ, que «evidentemente se prefirió que la presidencia no sea tan extraña a quien gobierna». Y sostuvo: «yo pertenecí al partido de quien gobierna, pero no soy un soldado dispuesto a acatar lo que le mandan«.

Fue categórico, luego, al señalar su encono con un sistema que permite «manipulación de causas, investigaciones penales, favores políticos y siento mi posición, no me callo«.

Conclusión
A ese nivel de poder (Presidente del STJ y Gobernador), lo que nunca falta son pruebas. El acceso a ellas para sostener tamañas denuncias, es lo que magnifica y sostiene ese relato. Todos los involucrados saben de lo que hablan. Es preciso, tan preciso que no ha tenido respuesta en contrario por parte de los involucrados.

No se trata simplemente de creer (así puede ser en el caso de una religión) no de la justicia. Lo que se discute aquí es si Urribarri cometió o no delito. El trabajo de la justicia es probar los delitos o sea, recolectar pruebas, NO suponerlos, para eso, en todo caso, estamos nosotros, los ciudadanos.

Lo que ayuda a ser mejores ciudadanos son las certezas. Es lo que debería ofrecernos la justicia cuando se trata de hechos tan graves. No se puede decir “que no hay pruebas porque es difícil conseguirla”, eso fue lo que dijo en esta causa la fiscal investigadora, pero, su “íntima convicción” (¿le suena?), prima ante la falta de pruebas.

Pobre de nosotros los periodistas si tuviésemos que disculparnos por lo difícil que es conseguir pruebas de nuestras publicaciones.

No es el odio, resentimiento, prejuicio, lugar en la política, etc. lo que resolverá este entuerto.

La diferencia entre dictadura y democracia es infinita. El control social y democrático debe impedir que el derecho de cualquier ciudadano (incluso de aquellos a los que despreciamos), sea conculcado. bregar por el respeto a las leyes y la constitución es el principal valor en una sociedad civilizada y es, definitivamente, lo que nos diferencia de los dictadores.