En un duro documento firmado por dirigentes radicales entrerrianos se advirtió a AIM que “la pasividad del gobierno provincial ante la rotura de silobolsas es complicidad”, ya que consideraron que “es un delito que resulta muy difícil desvincularlo de lo ideológico-político”.
En esta convulsionada Argentina, y desde luego, esta provincia de Entre Ríos no está exenta, se observa cómo muchos productores agropecuarios y sectores vinculados con esta actividad, son víctimas de la rotura de silobolsas: “Frente a este accionar, quienes desde el trabajo y la producción estamos consustanciados con el radicalismo entrerriano, tenemos la necesidad y obligación de, no sólo expresar el más enérgico y rotundo repudio, sino brindar la solidaridad con las víctimas”.
En ese marco, exigieron a las autoridades gubernamentales nacionales y provinciales “un claro y público pronunciamiento sobre estos hechos, porque, quien calla, otorga y, por ende, comparte tácitamente estas acciones”. En ese marco, reclamaron al gobernador, Gustavo Bordet, y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que se encare “una profunda investigación de quiénes son los autores de estos vandálicos hechos, debiendo comprometer a la Procuración General de Entre Ríos a la investigación de este accionar”.
“Tanto el Gobierno nacional, como el provincial, no son ingenuos. Saben que el perjuicio que se está ocasionando es enorme, no sólo en lo económico sino también en la propia moral del productor. Sólo guardan un silencio llamativo y complaciente”, subrayaron.
Por otra parte, quienes están vinculados con el sector rural “saben perfectamente, que con frecuencia los productores son víctimas de hechos delictivos, especialmente expresado a través del abigeato que, en estos casos, quienes los cometen, se llevan consigo el producto del delito, o parte del mismo. En cambio, en el rompimiento de silobolsas, se comete el delito con ensañamiento, pero nadie se lleva nada. Es decir, no es un delito común. Es un delito que resulta muy difícil desvincularlo de lo ideológico-político. Y hay indicios que así lo demuestran, ya que no se advierte ninguna manifestación clara y contundente de los sectores políticos vinculados con el Gobierno actual”.
“Hay personas que han hecho expresiones públicas en diversos medios, de investigación a esta violencia, expresando concretamente este accionar, que deben ser rechazadas por el Poder Ejecutivo e investigadas por la Justicia y castigadas según corresponda”, apuntaron.
Además, indicaron que “algunos oportunistas, y con algún nivel de responsabilidad de gobierno, creen que con el supuesto dictado de una Ley que regularía lo que se ha dado en llamar con estridencia y mala factura jurídico o penal ‘vandalismo rural’, se podría solucionar esta problemática. Esto no es así. Ello aparece en la escena como una especie de “cortina de humo”, porque la cuestión va más allá de una Ley”. El actual Código Penal, contempla este tipo de delitos, cuyas penas podrían ser elevadas: “Entonces, no es una cuestión de tipificación penal, sino de encontrar sus autores materiales e intelectuales que llevaron a cometer estos delitos”.
A su vez, encontrar a los responsables, “no es sólo cuestión de la Policía, porque si a ella no se le imparte la orden y decisión política a través de una política criminal específica, y no se la provee de los elementos necesarios, poco y nada podrá hacer, por más buena voluntad que pueda tener. Todos saben que la Policía, en los medios rurales, cada vez cuenta con menos recursos, y la inseguridad paulatinamente se va instalando con más fuerza”, dijeron.
Críticas a la Policía de Entre Ríos
En este punto debemos rechazaron y repudiaron lo manifestado por el Jefe de la Policía de la Provincia, Gustavo Maslein, y del Director de Prevención de Delitos Rurales, Mario Zarate, quienes expusieron ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, minimizando los hechos y manifestando “…que solo han contabilizado siete casos de hechos delictivos y que ninguno de ellos arrojo datos de que tengan que ver con acciones ideológicas, sino que el común denominador son diferencias personales o hechos aislados…”. Al respeto los dirigentes radicales subrayaron que “los siete casos a los que se hizo referencia, solo son los denunciados”, por lo que exigieron que se “investiguen los demás”. Además, apuntaron que “no se necesitan opiniones o conjeturas personales”, por lo que pidieron que “cumplan con lo que les corresponde como Institución y fuerza de seguridad encargada de cuidar a los entrerrianos, investigar, actuar y mostrar los culpables a la sociedad, es su responsabilidad”. Además, instaron a “no embarrar la cancha y desviar la atención de lo que realmente pasa”.
Por otro lado, dijeron que al conflicto “se agrega una población rural cada vez más reducida como consecuencia de caminos en pésimas condiciones, y diversos factores, como las dificultades en la comunicación, la educación y salud, entre otros”.
“Ha llegado la hora para que los responsables gubernamentales, no sólo se pronuncien y expresen su más enérgico repudio, sino que salgan al ruedo, con fuerza y claridad, a encontrar a los autores de este perverso y grave accionar delictivo, porque será la única manera de que este sector dinámico de la economía entrerriana continúe en su derrotero de generar producción que, desde luego, no sólo beneficia al Estado, sino a la sociedad en su conjunto”, pidieron.
¿Quiénes integran la comisión radicales por la producción y el trabajo?
Sergio Dezorzi, Gualeguay; Raymundo Kisser, Hasenkamp; Gabriela Tmaño, Concordia; Humberto Re, Diamante; Alfredo Montiel Barbara, Paraná; Miguel Piana, Chajarí; Cecilia Andrea Lissaso, Diamante; Daniel Garat, Concordia; Miguel Pacheco, Diamante; y Fabio Schneider, Crespo; entre otros.