La Cámara alta trataba el proyecto que busca desconcentrar el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear nuevas cámaras de apelaciones en las provincias. El oficialismo buscaba sobre el cierre de la jornada de este jueves, la media sanción en una sesión maratónica con 43 oradores.

El Senado trataba, en sesión especial, el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias.

El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañará la norma, aunque se descuenta su sanción porque el Frente de Todos cuenta con los votos suficientes para aprobarla y girarla a la Cámara de Diputados para que intente convertirla en ley.

El debate, que comenzó poco antes de las 16 tras la aprobación del ingreso y salida de tropas y la revocación del mandato de Mario Laporta como vocal en representación del Senado del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, se espera que durara hasta la medianoche, ya que están anotados 43 senadores en la lista de oradores para dar cuenta de su apoyo o rechazo al proyecto.

Al tomar la palabra como miembro informante del proyecto, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, dio cuenta de los alcances del mismo e indicó que espera que “esta sea la primera ley de muchas para realizar una verdadera reforma judicial que asegure la independencia de jueces y juezas”.

“Hemos asistido a una oposición cerrada que no accedió a ningún tipo de cambios. Este no era un proyecto cerrado, venía a ser debatido por el poder más democrático de los tres poderes del Estado”, dijo y agregó que “la situación de la justicia federal es grave, porque hemos asistido a cuatro años donde se instaló una mesa judicial como órgano extrapoder”.

Además, defendió la inclusión de un artículo que obliga a los magistrados a comunicar cualquier intento de influencia por parte de los "poderes políticos, económicos o mediáticos". "Esta cláusula es para salvaguardar los intereses de la sociedad, del Estado de Derecho, para salvaguardar la independencia de los jueces no solo del poder político, sino del económico y del poder mediático que está incluido en el poder económico", aseveró Sacnun.

Oposición

La senadora del PRO y vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, fundamentó en nombre de Juntos por el Cambio el "rechazo total y absoluto" al proyecto de reforma judicial, que consideró "un festival de cargos" y "un engranaje más dentro de un plan estratégico para controlar a la justicia penal federal".

La legisladora cordobesa criticó también el DNU que crea un Consejo Consultivo para asesorar al Presidente y cuestionó que se busque desde el oficialismo avanzar hacia "la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y modificar la estructura del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público Fiscal para modificar el régimen de designación del Procurador General de la Nación".

“No son pocos los motivos por los cuales estamos pidiendo la votación en contra y afirmó en ese sentido "que se han estado negociando cargos" para que en la Cámara de Diputados se obtengan los votos necesarios para convertir en ley la reforma y denunció se quintuplicaron durante la redacción del dictamen.

A su turno, su compañero de bloque Esteban Bullrich, indicó que “cuando la justicia es invadida por la arbitrariedad, la impunidad y la corrupción eso invariablemente llega a la sociedad y este es el reclamo que hay”, haciendo referencia a las movilizaciones en contra del proyecto.

"No podemos celebrar esta reforma, por el momento que se elige para la misma y por el modo que se está llevando adelante. Una reforma de este tipo demanda de una participación muy amplia para generar un consenso general y eso no sucede aquí", continuó y pidió debatir “cosas urgentes” como la Ley de Economía del Conocimiento.

"Cuando uno ve una reforma pergeñada en los sótanos de la democracia uno tiene que sospechar y la obligación ante esa sospecha es rechazar este proyecto", afirmó el senador opositor y agregó: "Queremos una reforma, sí, transparente, debatida y consensuada, no un engendro oscuro".

En tanto, el senador por La Pampa del Frente de Todos, Daniel Lovera, celebró que el proyecto de reforma judicial ampliará cargos en la justicia federal con asiento en el interior del país y afirmó que es "un avance histórico".

En este sentido, puso como ejemplo que en su provincia "hay dos juzgados federales" a cargo de "solamente un juez", por lo que la reorganización en ese sentido "es un avance fundamental", y agregó: "La Justicia representa un pilar fundamental para toda sociedad democrática, por eso es necesario mejorar su funcionamiento".

Martín Lousteau, uno de los pocos senadores presentes en el recinto. 
Martín Lousteau, uno de los pocos senadores presentes en el recinto.

Por su parte, el senador por Chubut del Frente de Todos, Mario Pais, consideró que este proyecto es “trascendente” ya que busca “adaptar las estructuras de la justicia federal penal para avanzar hacia una deuda de la democracia argentina, que es la implementación del sistema acusatorio".

"Recibimos inquietudes y críticas de las ponencias de los especialistas. La oposición también estaba invitada a proponer mejoras para este proyecto de ley y han desistido de esa invitación. Lamentamos eso, realmente nos estamos perdiendo una oportunidad", señaló.

La senadora radical Silvia Elías de Pérez aseguró que la reforma judicial “es un proyecto de intervención de la justicia”. “Lo que quieren es tomar el control de los jueces que han investigado las causas de corrupción que se han llevado los sueños de muchos argentinos”, declaró.

“Atrasan con este proyecto, van en sentido contrario de lo que se necesita para implementar el Código Procesal Penal. No hay mejora de ningún tipo, es un sistema que lo van a hacer monstruoso”, analizó e indicó que según el cálculo de Juntos por el Cambio el proyecto necesitará un presupuesto de 6.000 millones de pesos.

El senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, indicó que esta “reforma del poder judicial mal utiliza la política para crear impunidad o asegurarse la impunidad” y cuestionó que no se entiende “por qué multiplicar los jueces va a hacer que la justicia funcione distinto”.

“Hay un problema del sistema y hay un problema de nombres y eso es lo que tenemos que abordar”, dijo y descartó que no haya visiones para “ modificar lo que nos preocupa”. “Las hay y no las debatimos como corresponde. Últimamente en Argentina debatimos mucho con el poder, con la mayoría, y muy poco con la razón”, siguió.

Mientras en el recinto del Congreso y por videoconferencia, los senadores llevan a cabo el debate por la reforma judicial, frente al Congreso manifestantes opositores se congregaron para protestar contra el tratamiento.

Ejes

El proyecto, que dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal crea 23 nuevos juzgados en lo Penal Federal que pasarán a identificarse con los números 24 a 46, con la intención de desconcentrar Comodoro Py.

Los nuevos juzgados serán ocupados en una primera instancia por jueces subrogantes, hasta el nombramiento de los magistrados titulares. En ningún caso el subrogante podrá exceder el plazo de un año en el cargo desde la fecha de su designación. El texto aclara que las causas actualmente en trámite continuarán con su juez natural.

También, se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires, cumpliendo así con la manda constitucional de la reforma del '94.

Además, se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sufrió varios cambios, entre los que figuran el sorteo de las causas y, en ese sentido, se avanzará en la transparencia a través de la grabación por medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. En tanto, en los concursos de selección de jueces, se mantendrá el examen escrito, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

Asimismo, se resolvió finalmente no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en CABA, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia.

El dictamen del Senado también hizo lugar al planteo de los organismos de derechos humanos para que las Secretarías con competencia específica en este tema conservan esta atribución, con su personal asignado, para no obstaculizar las causas de lesa humanidad.

De acuerdo al proyecto, la Comisión Bicameral de Monitoreo y Seguimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal irá adecuando el sistema hacia un nuevo sistema penal democrático, acorde con los principios internacionales.

Fuente: Ámbito.