La Comisión Bicameral Mixta, que preside Marcelo Casaretto (FDT), se reunió este lunes para avanzar en el debate de la movilidad jubilatoria, que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida por un DNU. La Comisión es la encargada de elaborar una nueva fórmula previsional, que deberá proponer al Congreso antes de fin de año, confirmaron a AIM fuentes parlamentarias.

La Comisión Bicameral Mixta Movilidad Previsional, que preside Marcelo Casaretto (FDT), se reunió este lunes de manera virtual para avanzar en el debate de la movilidad jubilatoria, que reemplace a la anterior, que se encuentra suspendida por un DNU.

Al encuentro, asistió el economista Marcelo Capello, máster en Economía de la Georgetown University, docente y titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad de Argentina y Latinoamérica (Ieral), supo AIM.

“Para una nueva fórmula de movilidad hay que tener en cuenta que Argentina, durante varias décadas, ha mostrado un bajo crecimiento, una alta volatilidad en ese crecimiento y mucha inflación”, arrancó Capello.

El economista explicó que las variables que suelen utilizarse para las fórmulas jubilatorias son la inflación, los salarios, la recaudación y algunas restricciones para mantener sustentabilidad del sistema o el poder adquisitivo.

Capello sostuvo que se debe tener en cuenta un mecanismo que “maximice la tendencia de las jubilaciones reales a largo plazo, minimice volatilidad y evite caídas muy profundas de los haberes en crisis”.

El especialista analizó las fórmulas de movilidad utilizadas en países de la Ocde y América Latina y concluyó que en 15 países se utiliza el IPC (inflación); en tres se utilizan salarios; en cinco una combinación entre IPC y salarios; y en tres ponen algún tipo de restricciones de sustentabilidad.

También expusieron Claudia Danani (politóloga, doctora en Ciencias Sociales e investigadora docente de la UBA y la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Sergio Rottenschweiler (economista, doctorando de la Ucema, investigador y docente universitario).

Para los expertos, “la utilización de la inflación puede ser negativa desde el punto de vista fiscal si existe inflación con recesión, como en el caso de 2019”, y por otra parte “el ajuste trimestral provoca que los aumentos sean en cuotas”.

Consideraron entonces que los salarios, “por cuestiones históricas, sociales y legales tienen que estar representados en la fórmula”, así como también “variables asociadas a los recursos”.

Finalmente, propusieron “constituir un tope anual para la movilidad que garantice ajuste de los haberes, pero sin comprometer la sustentabilidad”, además de fijar un “tope mínimo para garantizar cierta movilidad previsional”.

Cabe recordar que el oficialismo impuso su mayoría y, por ocho votos contra cuatro de Juntos por el Cambio, se aprobó un dictamen para solicitar la prórroga, hasta el 31 de diciembre, del plazo para elaborar la nueva fórmula previsional.

La decisión se tomó “en atención a la situación de crisis que diera lugar a la sanción de la Ley 27.541, que se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19, y en tanto ello torna imposible contar con elementos, índices o indicadores técnicos adecuados para llevar adelante el cometido”.