La Cámara de Diputados tiene todo listo para comenzar el debate del proyecto de ley de la emergencia pública, autoría del Poder Ejecutivo y que ingresó ayer al Congreso. La iniciativa será tratada hoy, desde las 9, en un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida de forma interina por Darío Martínez (Frente de Todos), y de Legislación General, que quedó a cargo de Cecilia Moreau (Frente de Todos). El interbloque Cambiemos no daría quórum el jueves, cuando se tiene previsto llevar el texto al recinto, para darle media sanción.

La Cámara de Diputados dejó todo listo para iniciar el debate del proyecto de ley ómnibus del presidente Alberto Fernández. Las comisiones que tratarán la iniciativa se conformaron este martes, ambas bajo la conducción del Frente de Todos, y se reunirán este miércoles desde las 9 con la presencia de ministros del Gabinete.

La primera comisión en constituirse fue la de Presupuesto y Hacienda, que quedó en manos del neuquino Darío Martínez de manera provisoria, ya que la intención del oficialismo es cederle la presidencia al porteño Carlos Heller, quien asumirá en lugar del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

En tanto, en Legislación General fue nombrada como titular la massista Cecilia Moreau, quien al asumir llamó a “poner a la política en un lugar de preponderancia y que la gente sienta que somos representantes del pueblo”.

Ambas comisiones se reunirán este miércoles desde las nueve para recibir a los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y la titular de la Afip, Mercedes Marcó Del Pont.

Los funcionarios expondrán aproximadamente durante 20 minutos cada uno y luego habrá lugar para preguntas de los diputados y para el debate parlamentario antes de la firma de los dictámenes.

En Senado existe una situación parecida a la de Diputados. Si el kirchnerismo logra el dictamen y la votación entre hoy y mañana, la Cámara alta estará en condiciones de sancionar todo el paquete este mismo viernes. Para ello, el macrismo deberá habilitar con dos tercios la constitución de la Cámara en comisión, ya que no habrá dictamen ni los siete días correspondientes que se esperan -por reglamento- para los despachos firmados en comisión.

Postura de la oposición

Mientras tanto, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio resolvió este martes de forma unánime rechazar el “megaproyecto” de ley. Luego de una discusión que se dirimió a través de una votación, se resolvió no dar quórum en la sesión de este jueves.

Qué dice el proyecto

La iniciativa, que cuenta con 86 artículos, establece la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, que implica una delegación amplísima de facultades hasta 31 de diciembre de 2020.

La norma prevé la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. Asimismo establece planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para Pymes.

En efecto, el megaproyecto anunciado este miércoles establece beneficios para las micro, pequeñas o medianas empresas, que podrán acogerse a un régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones.

En otro ítem, el megaproyecto de ley expresa la intención de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los que perciben los menores ingresos”. La norma suspende la vigencia de la fórmula de movilidad jubilatoria por 180 días, período en el cual el Poder Ejecutivo fijará trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración, “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”. Asimismo el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.

También busca garantizar el acceso a medicamentos e impulsar la recuperación de los salarios.

El proyecto establece una revisión tarifaria por 180 días. En ese marco, se establece la intervención del Enre y el Enargas por un año. Además, se suspende el traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa faculta a la Afip a establecer un régimen de reintegros para consumidores finales para estimular la formalización de la economía, priorizando a los sectores más vulnerados.

El proyecto establece cambios en contribuciones patronales y crea el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Pais), con carácter de emergencia, por cinco períodos fiscales, con aplicación a seguridad social (70 por ciento) y a obras de infraestructura (30 por ciento). Dicho impuesto gravará la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjeta de crédito y débito en el exterior, las compras a través de sitios que facturen en dólares, compra de servicios en el exterior y compra de pasajes al exterior.

Quedan exentas del Impuesto Pais las prestaciones médicas, compra de medicamentos, compra de libros, plataformas educativas y proyectos de investigación.

El Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de ampliar las operaciones alcanzadas por el Impuesto Pais, reducir la alícuota fijada en 30 por ciento y suspender la aplicación del impuesto. El Impuesto Pais entra en vigencia al otro día de sancionada la ley, según se indica.

El proyecto tiene una mención referida a los créditos UVA. En el artículo 56, especifica que el Bcra realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de ese sistema de préstamos para la adquisición de viviendas, y estudiará mecanismos para “mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.