Representantes del gobierno y los gremios que integran el Frente Sindical participaron hoy de la audiencia de diálogo convocada por la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial, Elena Albornoz, ante el pedido de inconstitucionalidad de artículos de la Ley de emergencia, que violan los derechos de los trabajadores activos y pasivos. “Esperamos que falle de la mejor manera posible, para enmendar esta injusticia que pesa sobre los trabajadores activos y jubilados de la provincia de Entre Ríos”, dijo a AIM el secretario general de la Asociación de Trabajadores del estado (ATE), Oscar Muntes.

La reunión, desde los sindicatos se reafirmó el rechazo al ajuste sobre trabajadores activos y pasivos. “Ratificamos el pedido de inconstitucionalidad de los artículos cuatro, cinco y diez de la Ley 10.806, que declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”, dijo Muntes a esta Agencia, quien apuntó: “Se brindaron los argumentamos claros y precisos sobre el reclamo y contamos cómo somos afectados por la norma y cuál es la realidad del trabajador estatal en Entre Ríos”.

Para los gremios, “no es atinado el planteamiento del Ejecutivo, ya que pide ‘solidaridad’ de aquellos que perciben más de 75 mil pesos con quienes menos cobran”, ya que consideran que “es una canallada la actitud, porque que quieren enfrentar a los trabajadores”, remarcó Muntes. En ese sentido, rechazó la postura de los representantes del Ejecutivo quienes reafirmaron que era necesaria la Ley de emergencia, ya que no tenían fondos para pagar los salarios: “Básicamente el gobierno reconoció que somos los trabajadores estatales quienes financiamos el sueldo de los mismos trabajadores”.

Al respecto, el gremialista rememoró que se le había propuesto al gobernador Gustavo Bordet “que había que gravar a los sectores que más ganaron y ganan y que se debe implementar una reforma tributaria progresiva, iniciativa ignorada por el gobierno ya que luego el Ejecutivo promovió en el parlamento un proyecto de Ley que tuvo un tratamiento exprés, ya que en 48 se aprobó una norma que el gobierno disfrazó de ‘solidaria’ cuando somos los trabajadores estatales los perjudicados”, aseguró.

Además, Muntes comentó que el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, “le quiso imponer a la jueza lo que debía fallar pero nosotros consideramos que la magistrada, con muy buen criterio, escuchó a todos los sectores, por lo que esperamos que falle de la mejor manera posible para enmendar esta injusticia que pesa sobre los trabajadores activos y jubilados de la provincia de Entre Ríos”.

Más allá del resultado, desde los gremios se agradeció a la jueza, “porque generó un espacio de diálogo que los poderes (Ejecutivo y Legislativo) no abrieron, porque la Ley de ajuste se aprobó entre gallos y media noche”, apuntó el referente sindical, quien precisó: “No queríamos judicializar el tema sino que esperábamos que el gobierno busque otro camino pero no quedó otra opción que ésta, donde fue el Poder Judicial quien promovió el diálogo”.