Desafiando las restricciones impuestas por el gobierno ante la pandemia de COV-SARS2, ciudadanos e integrantes de organizaciones ambientales marcharon este sábado en Paraná para reclamar que terminen las quemas en las islas y demandar participación efectiva en una legislación que preserve el Delta. Los manifestantes profirieron fuertes críticas a funcionarios del Ejecutivo provincial y alentaron a seguir protestando “las veces que sea necesario”.

El punto de encuentro fue frente a Casa de Gobierno, desde dónde la movilización se trasladó al Parque Urquiza y bajó a la costanera frente a la Plaza de las Colectividades. El majestuoso río Paraná dio el marco apropiado para que se leyera un documento donde se repasaron los ejes de la convocatoria, con críticas a las propuestas productivistas para los humedales. Además, exigieron intervención ciudadana en las leyes que se debaten tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso Nacional para el amparo del Delta.

La abogada Emma Bargagna afirmó a AIM que la movilización mostró que "la ciudadanía es consciente de lo que está pasando, tanto en el Delta como en las islas del Paraná", y señaló que la proxima semana comenzarán a trabajar en aportes para la Ley de Humedales. “Tenemos el derecho y el deber de participar en los procesos de toma de decisiones, le corresponde a la sociedad civil impulsar una Ley de Humedales construida de abajo hacia arriba, integrando la visión desde los territorios, incorporando y respetando sin jerarquías saberes ancestrales y académicos. Una ley por y para los humedales, que lo comprenda como sujeto de derecho, que no pueda ser apropiado y explotado hasta su colapso ecológico y cultural”.

El texto del documento es el siguiente:
“El pasado sábado 1° de Agosto, la ciudadanía local junto a diversas organizaciones, nos autoconvocamos a la orilla del río Paraná frente a la isla Curupí, movilizades por las quemas en los humedales. Reunides en asamblea y haciendo circular la palabra, resolvimos tejer redes con el fin de pensar colectivamente acciones socioambientales que pongan un freno definitivo al ecocidio que se está llevando a cabo sobre tan preciado ecosistema.

Necesitamos poner en valor la riqueza que tienen los humedales, por eso es clave entender que éstos ocupan el 22 por ciento del territorio nacional, conformando el hábitat del 40 por ciento de la biodiversidad mundial. Este ecosistema se compone de zonas parcial o totalmente inundadas, siendo de enorme valor biológico y social. Desempeñan un papel crucial en el ciclo del agua regulando sus flujos porque la reciben, almacenan, purifican y liberan. Además son el hábitat de una enorme diversidad de especies. La importancia de este sistema ecológico no sólo radica en su componente natural, sino también social. Los seres vivos que habitan allí, conviven en armonía con múltiples comunidades que subsisten de forma sustentable con el entorno natural. Hay una interacción propia con los territorios, una relación de simetría para con la naturaleza, que revaloriza a los humedales y los carga de contenido socioambiental y cultural.

Pero hagamos un poco de historia sobre el ecocidio que está arrasando con los humedales y que tiene su raíz en el modelo agroexportador extractivista. Aquel proceso que tuvo comienzo en el año 1996 con la incorporación de la soja transgénica al país, llegó a un punto crítico a mediados del año 2002 cuando la expansión de la frontera agrícola habilitó a los productores a instalar su actividad en las islas de la zona. Los cambios aparejados a esta actividad fueron notables, y tienen relación directa con el crecimiento de soja en tierra, el traslado de la ganadería hacia las islas, así como también la expulsión del campesinado que pasó a engrosar las villas de las grandes urbes.

Con la expansión de la frontera agropecuaria, el número de quemas en la zona ha ido en aumento. Esta práctica se realiza con la finalidad de limpiar y obtener una pastura de mayor calidad para las actividades económicas mencionadas. Según cifras oficiales, sólo en lo que va del año se contabilizaron más de 5 mil focos de incendio, unas 90 mil hectáreas, que son el equivalente a más de 6 veces el tamaño de Paraná. Pero sabemos que este fenómeno se extiende a lo largo de todo el valle aluvial de la Cuenca del Plata, por lo cual desconocemos la magnitud real de los territorios devastados.

Las quemas afectan completa e irreversiblemente la integridad y complejidad de los humedales. Vieja costumbre de nuestro modelo productivo que inevitablemente deteriora el equilibrio de esta especie tan particular de bioma. Son un conjunto de redes biológicas dinámicas constituidas a partir de la interacción recíproca de cientos de seres vivos. Ante esto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) manifiesta que la quema en las islas del Delta debe detenerse de forma inmediata y aporta dos aspectos clave a la hora de analizar la masividad de los incendios. Por un lado, una bajante histórica del río con heladas de época que aumentan la sequía y por otro la velocidad del viento que aviva el fuego que repercute negativamente en el ambiente y la salud de las comunidades cercanas.

Algo importante a destacar es que, si hace alrededor de 18 años se hubiesen aplicado las legislaciones vigentes en materia ambiental, y el correspondiente ordenamiento territorial, hoy en día no estaríamos atravesando esta grave situación. Desde aquel entonces contamos con herramientas legales que no son aplicadas. Tenemos la convicción de que en casos como los actuales se debe aplicar el principio precautorio. Esto significa que, ante la ausencia de pruebas científicas fehacientes, se debe optar por proteger y preservar.

Por estos motivos exigimos que se detengan las quemas inmediatamente y, en simultáneo, se promulgue una ley que proteja específicamente a los humedales. Denunciamos que el accionar por parte del Estado va contra los derechos reclamados, y acá queremos apuntar directamente al gobierno de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Ambiente de la Nación y los organismos de ambiente provinciales.

Son necesarias y fundamentales las voces de quienes habitan los humedales y sus inmediaciones, para llevar adelante procesos de toma de decisión y construcción de políticas públicas para la conservación, que sean efectivos y procuren una solución real para estos ecosistemas. No podemos ser meros escuchas o espectadores de la formulación de la nueva Ley de humedales, tenemos que participar activamente para ser quienes decidamos qué se hace sobre nuestros territorios. Tenemos el derecho y el deber de participar en los procesos de toma de decisiones, le corresponde a la sociedad civil impulsar una Ley de Humedales construida de abajo hacia arriba, integrando la visión desde los territorios, incorporando y respetando sin jerarquías saberes ancestrales y académicos. Una ley por y para los humedales, que lo comprenda como sujeto de derecho, que no pueda ser apropiado y explotado hasta su colapso ecológico y cultural.

No obstante, nada de esto es posible sin un cambio real de paradigma respecto a las formas productivas, que en la actualidad pasan por consumir y acumular de manera infinita. Necesitamos ir hacia modos de vida que sean respetuosos de la naturaleza, nuestra casa común, de la cual somos parte”.