A partir de un proyecto de ley que modifica la Ley 26485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se buscan establecer medidas ante la  agresión a una mujer o familiar por parte de miembros de fuerzas policiales o de seguridad, supo AIM. La iniciativa, con media sanción del Senado, fue girada a las comisiones de Familia y de Seguridad Interior, donde aguarda su tratamiento una vez reiniciada la actividad del Congreso, tras el receso.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, busca desarrollar un plan de acción, que incluya exámenes psicofísicos, seguimiento psicológico y medidas preventivas, para el personal del Servicio Penitenciario Federal con denuncias por violencia contra las mujeres o familiar.

En los casos en que el presunto agresor sea agente de algún cuerpo policial, fuerza de seguridad o fuerza armada, el juez deberá, en forma urgente, poner el hecho en conocimiento de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos,  de Defensa de la nación.

Asimismo deberá ordenar el inmediato retiro del arma de dotación del agente denunciado por el plazo que determine, disponiendo la suspensión temporaria de la autorización para la tenencia, portación y transporte de armas de fuego y municiones. Si el presunto agresor y la víctima fueran agentes del mismo cuerpo o fuerza deberá garantizarse el cumplimiento de las funciones inherentes a sus cargos en ámbitos separados evitando todo tipo de contacto.