En la región, la presencia de mujeres, pueblos originarios y disidencias en los espacios de decisión sigue siendo simbólica. ¿Cómo influyen los modelos neoliberales y autoritarios en la exclusión política de los sectores más vulnerables?
En América Latina, la promesa de gobiernos más inclusivos se enfrenta a una realidad innegable: las minorías siguen siendo relegadas en la toma de decisiones. Si bien el discurso de la representación ha ganado terreno en los últimos años, en la práctica, los espacios de poder continúan dominados por las élites tradicionales. Mujeres, pueblos originarios y disidencias enfrentan un doble obstáculo: la exclusión estructural y la utilización de sus causas como meras banderas electorales.
Los datos son claros. Según un informe de la CEPAL, menos del 30% de los parlamentos de la región cuentan con representación femenina efectiva, mientras que la presencia de líderes indígenas o afrodescendientes en cargos ejecutivos es prácticamente nula. En el caso de las diversidades sexuales, el escenario es aún más preocupante: la comunidad LGBTIQ+ es un blanco recurrente de discursos de odio promovidos por sectores conservadores que han encontrado en la política una plataforma para avanzar en su agenda reaccionaria.
Mientras tanto, el neoliberalismo sigue profundizando la exclusión. Las políticas de ajuste implementadas por gobiernos alineados con los sectores financieros han tenido un impacto directo sobre las minorías: recorte de programas sociales, privatización de servicios esenciales y criminalización de la protesta son algunas de las herramientas utilizadas para disciplinar a los sectores más vulnerables. Esto se traduce en una mayor precarización laboral para las mujeres, en el despojo territorial de los pueblos originarios y en la invisibilización de las demandas de las disidencias.
Pero no se trata solo de la derecha. En varios países de la región, incluso gobiernos autodenominados progresistas han fallado en traducir sus promesas en políticas concretas. En muchos casos, la presencia de referentes de minorías en cargos simbólicos funciona como una estrategia de lavado de cara, sin un verdadero compromiso por transformar las estructuras de poder.
Frente a este escenario, los movimientos sociales han demostrado ser la principal barrera contra la exclusión. La lucha de las mujeres en Argentina por el derecho al aborto, la resistencia de los pueblos originarios en Ecuador contra el extractivismo o la ola feminista en México contra la violencia de género son ejemplos de cómo, en la calle, se disputan las conquistas que los gobiernos no garantizan.
La representación no puede ser solo un eslogan de campaña. En una región marcada por la desigualdad, garantizar la participación real de las minorías en la toma de decisiones es un paso imprescindible para avanzar hacia una democracia más justa.
De la Redacción de AIM