La seguidilla de resoluciones respecto a la provisión de boletas y los fiscales buscaron neutralizar un escenario posible de alteración. Jueces abroquelados ante el temor de cuestionar los resultados y el sistema democrático.
“Lo que vemos es que si el resultado es ajustado van a querer armar quilombo”. La frase pertenece a un importante magistrado de la Justicia Electoral, consultado sobre la seguidilla de resoluciones que encendieron las alertas, primero sobre la defectuosa provisión de boletas de La Libertad Avanza (LLA), y luego sobre la fiscalización para los comicios. Nunca antes la Justicia Electoral había detectado tantas “red flags” que los empujaran, casi con un criterio unánime, a difundir con énfasis el cúmulo de obstáculos con los que se encontraron, precisamente en los distritos con mayor peso electoral. El primero objetivo fue dejar testimonio y sacar a la luz pública cuáles habían sido las intimaciones judiciales y advertencias a los apoderados de LLA por el comportamiento que evidenciaron, llamativamente no en las PASO ni en la general, sino en la instancia definitoria del balotaje. Desesperadamente, buscan neutralizar cualquier intento, amague o fogoneo de situaciones que puedan poner en duda el proceso de votación, sus resultados y como fin último, el sistema democrático.
Varios referentes de la Justicia Electoral coincidieron en señalar que trabajan contra reloj para asegurar “tranquilidad” para el desarrollo de la jornada. Es la misión “cuidar el domingo”. Ese es el umbral de partida y por la que ayer, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires avisó que LLA había incumplido con todas las previsiones para facilitar las boletas partidarias que encabeza Javier Milei y que como indica el Código Electoral, el asunto es de exclusiva competencia de los partidos, por lo que de ninguna manera el faltante podría derivar en la suspensión, interrupción o demora del acto eleccionario. La Junta Electoral Nacional hizo lo propio en sus términos, pero en el mismo sentido, de alertar, pero a la vez de documentar una irregularidad impropia para la instancia definitoria en la que nos encontramos. La decisión de LLA de rechazar allanarse a proveer la cantidad de boletas recomendada para cada urna, dejó perplejos a los funcionarios judiciales que han montado un call center con 120 operadores destinados exclusivamente a responder consultas de los delegados electorales, pero también de las agrupaciones. Como nunca, el mensaje que llega desde la Justicia es evitar que se construya un escenario que pueda alterar la credibilidad en el sistema y, luego, habilitar focos violentos con el espejo en lo ocurrido en otras latitudes. De refilón, se monitorea todo lo que ocurre en las redes sociales y la temperatura que se maneja en esas plataformas. Allí siempre hay un foco ígneo.
La percepción oscila entre una comprensión del amateurismo de todo lo que rodea a LLA -el primer “no partido” que llega a esta instancia sin la estructura tradicional-, y la incredulidad respecto a una actitud deliberada de auto sabotaje. Desde el mundo de las imprentas llega una explicación plausible: hubo un importante lote de impresiones defectuosas de boletas en el diseño de la leyenda en los cargos electivos que no coinciden con el modelo aprobado por la Justicia y por ende no se pueden utilizar. Esa versión es coincidente con la propia impresión que causan los responsables de LLA en sus interacciones con los jueces. Aceptan los cuestionamientos, piden disculpas por la omisión en los plazos, desconocen aspectos básicos del proceso y requieren de permanente docencia por parte de los encargados judiciales. Lo que más sorprende es que el distrito desatendido congrega cerca del 40 por ciento del padrón.
Las denuncias previas irritaron también. Hubo una investigación preliminar abierta a instancias de denuncias públicas pre-PASO. No hubo una sola prueba. Se deslizó la palabra fraude desde la general. Nada aportado en los papeles. Pero la denuncia de que Gendarmería cambió urnas disparó una convocatoria que tendrá un efecto en la veda porque los apoderados Karina Milei y Santiago Viola tendrán que decirle al fiscal Ramiro González en base a qué lanzaron semejante acusación. Mueve a risa, pero a la vez es grave: esa fuerza no tiene prácticamente contacto a menos que sea instruida por el Comando Unificado que coordina el Ejército. Pero a su vez trasladan urnas selladas con firmas de fiscales que tienen un correlato en bolsines donde se duplican las actas de escrutinio y todo eso se cruza en la sede judicial del conteo, donde los fiscales de cada agrupación acceden a los mismos datos en simultáneo.
Nada de todo esto hace sentido. A menos que el objetivo sea cuestionar el proceso y que alguna ONG del exterior se preste a poner en debate el sistema electoral argentino para una discusión de largo alcance. Habrá más resoluciones de la Justicia Electoral de cara al domingo en las próximas horas. El objetivo es que todo este “ruido” no se replique el domingo para que no escale el dramatismo.
Fuente: Ámbito