Este viernes una multitud de mujeres se movilizó desde plaza 1º de Mayo a plaza Mansilla, en el corazón burocrático de la capital, frente a Casa de Gobierno y a Tribunales. En el acto, se leyó el documento “Unidas contra la violencia de género; unidas contra la derecha”, que enfatizó la resistencia a las políticas de ajuste. Además, hubo reclamos a los gobierno nacional, provincial y municipal. También, repudiaron la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), que definió anular el fallo en el femicidio de Julieta Riera.
Con pancartas, carteles y un sentimiento ambivalente (por la alegría de estar en la calle, pero con la bronca que generó la decisión del Stjer de anular el fallo dictado por el Tribunal Popular en el femicidio de Julieta Riera) las mujeres marcharon en Paraná a ocho años del primer #NiUnaMenos, para exigir una vida digna libre de violencias.
La convocatoria “superó las expectativas”, contó a esta Agencia María Sarli, integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná y de la Red de Comunicadoras del Mercosur.
La columna “partió de plaza de Mayo detrás de la pancarta que este año además del ‘Ni Una Meso’ llevó el lema ‘Unidas contra la derecha’”, contó Sarli, quien detalló que en el acto se leyó el documento que consensuó la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná y la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas. Además, la mamá de Julieta Riera, Ana Brugo, dijo unas emotivas palabras en el acto. “Lo que pasó Julieta y lo que ahora pasa su familia nos atraviesa a todos”, aseguró Sarli.
En ese marco, contó que se invitó a todas las organizaciones a llevar sus pancartas a Tribunales y manifestarse de forma pacífica, a lo que se sumaron, también, el Movimiento Socialista de Trabajadores que no adhirió al documento, pero coincidió en el reclamo, “porque son nuestras compañeras de lucha, más allá de las diferencias que tengamos”.
“Lamentamos que la Justicia no tiene sensibilidad por un lado y que todas estas precauciones que se debieron dar no se dieron a la hora de efectuar el juicio por jurado, porque si bien no están anulando el fallo dicen que hay que hacer un nuevo juicio, por lo que el fallo del jurado popular pierde vigencia y por eso la familia, las amigas y las personas allegadas deberán volver a revivir ese dolor de todo lo que le pasó a Julieta”, dijo la activista.
Una justicia clasista, patriarcal y disciplinadora
En ese sentido, apuntó que “esto que ocurre es una forma de disciplinamiento de la justicia, porque si te animas a denunciar violencia la justicia (incluso ya muerta) te hace revivir (una, dos y tres veces) todo lo que pasaste para alcanzar algo parecido a la justicia y eso es lamentable”.
“Los abogados dirán qué cuestiones técnicas y no técnicas habrá. Todos tenemos derechos, nosotras nunca pedimos que no se juzgue a derecho a las personas, siempre los reclamos los hacemos con respeto a la familia de las victimas e incluso a los victimarios. No pedimos que se quiten derechos para que tengamos derechos nosotras”.
Unidas contra la derecha
Por otro lado, en este año electoral “decidimos estar juntas y organizarnos para decir ‘Unidas contra la derecha’, porque sabemos muy bien que hay propuestas políticas que vienen a quitarnos derechos”, indicó la militante feminista, quien agregó: “Nosotras nunca planteamos que se quiten derechos a otros para que nos lo den a nosotras, sino que luchamos por derechos para igualar y vivir una sociedad mejor y, sin embargo, hay gente que basa sus campañas pidiendo que se nos quiten derechos, que se elimine el Ministerio de Mujeres, que se derogue la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o las Leyes de protección”.
“Es muy pobre y lamentable que una propuesta política sea quitar derechos a otros, nosotras nunca pedimos eso, como nos enseñaron nuestras Madres de Plaza de Mayo”, subrayó la comunicadora.
El documento: A ocho años del primer ni una menos: unidas contra la violencia de género. unidas contra la derecha.
A ocho años del primer Ni Una Menos seguimos en la calle exigiendo una vida digna libre de violencias. La movilización de estos años nos ha permitido visibilizar violencias que antes estaban naturalizadas, defender nuestros derechos y construir herramientas para hacerlos efectivos. Nos permitió unirnos en el dolor y fortalecernos en la lucha, caminar juntas priorizando las necesidades y no las diferencias.
En un contexto complejo para latinoamérica y nuestro país DECIMOS: Estamos unidas para enfrentar las políticas de ajuste, situaciones que amenazan con reforma laboral, reforma previsional, reducción de presupuestos en salud, educación y género; y el uso de la fuerza represiva para imponerlas. Tambien nos unimos para exigir el no pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, otro factor que recorta presupuestos a políticas de niñez, salud, vivienda. Necesitamos también una ciudadanía con conciencia, que le diga no a la violencia en todas sus formas.
EXIGIMOS que el Estado provincial, en sus tres poderes, y la Municipalidad de Paraná den cuenta de los avances en la implementación de la Ley Micaela. Equipos suficientes para abordar esos programas sin trabajadoras precarizadas.
RECLAMAMOS la implementación de la Ley Micaela en el sector privado, en sindicatos, entidades deportivas y formación en género a trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación.
DEMANDAMOS que el Consejo General de Educación profundice la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Creación de horas específicas para ESI.
REPUDIAMOS la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que decidió anular el fallo dictado por el Tribunal Popular en el femicidio de Julieta Riera, mandando hacer un nuevo juicio. Una vez mas el accionar de la Justicia entrerriana demuestra ser clasista y patriarcal.
EXIGIMOS una justicia laica. Que los jueces, fiscales y defensores no desplieguen sus creencias religiosas en la atención de quienes solicitamos justicia. Durante 2022 hubo más de 17 mil denuncias por violencia familiar y de género en nuestra provincia. El Poder Judicial entrerriano cuenta con una herramienta adaptada a nuestra realidad como es la ley que pone en vigencia un nuevo Régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por Razones de Género, pero no lo utiliza. Les recordamos que esa ley surgió luego del femicidio de Fátima Acevedo.
EXIGIMOS verdad y justicia para los femicidios, trans y travesticidios aún impunes: Gisela López, que ya lleva 7 años; Jésica Dos Santos, más de 6 años; Lucía Torres Mansilla, 4 años; Verónica Lescano, 2 años; Noemí Guadalupe Suárez, 2 años. Pedimos el esclarecimiento del asesinato de Ana Laura Esplendore. Para nosotras y nosotres, la justicia siempre es lenta.
RECLAMAMOS la aparición con vida de Tehuel de la Torre y Guadalupe Lucero, ambas personas llevan más de dos años desaparecidas sin que sepamos qué les sucedió. EXIGIMOS verdad y justicia por la periodista Griselda Blanco. Según el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos (Mu.Ma.La.) en lo que va del 2023 en Entre Ríos se cometieron 4 femicidios (María de los Angeles Dayer, Valeria Leoncino, M N V, y Mónica Truzskot); 8 intentos de femicidios y 1 intento de trans travesticidio. En Argentina en lo que va del año se cometieron 122 femicidios, 244 intentos de femicidio, 37 muertes en investigación y 3 suicidios femicidas. Cada 29 horas una mujer es asesinada en nuestro país. Los botones antipánico y los dispositivos duales no alcanzan, las medidas de protección tampoco, y no funcionan cuando la violencia viene por parte de otra persona enviada por el mismo agresor.
EXIGIMOS perspectiva de género en las resoluciones y que la justicia obligue a los organismos del ejecutivo a proteger a las víctimas y no aislarlas, protegiendo al agresor.
EXIGIMOS dispositivos electrónicos para los agresores y que el seguimiento y vigilancia sea a ellos, con reeducación.
DEMANDAMOS emergencia nacional por violencia de género para contar con presupuestos reales y acordes a la situación de cada región, que permitan desarrollar programas de protección, abordaje y de acompañamiento. Todavía existen prejuicios respecto a las personas travestis y trans que les impiden acceder a los servicios de salud, a la educación y a la justicia, ya que en muchos casos ni siquiera se les toman las denuncias.
EXIGIMOS el cumplimiento de la Ley de cupo y la inclusión laboral de las personas trava-trans en el Municipio de Paraná, el gobierno provincial y la justicia entrerriana y la aprobación de la ley integral trans a nivel nacional. Necesitamos garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sin obstáculos, discriminaciones, ni violencias en todo el sistema de salud.
DEMANDAMOS que el Ministerio de Salud de la provincia continúe trabajando en conjunto con las redes que tejimos durante los años de batalla contra los estragos de la clandestinidad para la plena implementación de esta Ley. Protección de las personas intervinientes en dicho acto. Basta de objetores de conciencia y militantes antiderechos que ponen trabas!!!!
RECLAMAMOS el efectivo cumplimiento del protocolo ante abuso sexual a mujeres y disidencias en los Hospitales y Centros de Salud. Los kits de emergencia de profilaxis deben ser suministrados a toda persona que manifiesta haber sido víctima de violencia sexual.
EXIGIMOS que el Iosper cumpla con la ley vigente para realizar la Interrupción Voluntaria de Embarazo.
RECLAMAMOS conocer los avances en las causas judiciales y procesos administrativos iniciados por las instituciones pertinentes a funcionarios denunciados por violencia de género en el último año: Denunciados por subordinadas o trabajadoras: Víctor Mercado, Suboficial del Batallón de Dragones de Gualeguaychú. Facundo Candiotti, Mayor del Ejército, a cargo del Batallón de Dragones de Gualeguaychú por encubrimiento. Suboficial principal del Regimiento de Caballería N°12 de Gualeguaychú. Daniel Crespo, Gerente de la regional sur del Iapv. Eduardo Elías Flores, juez del Trabajo N° 1 de Concepción del Uruguay. Denunciados por sus parejas o ex parejas: Roberto Tribulatti, a cargo del COPNAF de Concordia. Martín Armanazqui, coordinador general de la Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración del Parque Abasto en Concordia. Rubén Segovia, vice intendente y Presidente del Concejo Deliberante de Puerto Yeruá.
DEMANDAMOS que la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos o la institución que corresponda, tome medidas respecto al cardiólogo Oscar Ariel Reyes, tal cual lo han realizado los organismos estatales en los que se desempeñaba. No más reubicaciones de los denunciados por violencia de género. Que se tomen medidas concretas contra quienes hacen abuso de su situación de poder en el ejercicio de sus profesiones o su tarea diaria y se los aparte de sus funciones para resguardar los derechos de quienes se atienden en el servicio de salud. Acompañamos a las mujeres y disidencias que se animan a denunciar, muchas veces aún a costa de perder sus trabajos, como pasa con las mujeres árbitros en la Liga Paranaense de Fútbol. Se busca disciplinar a las que denuncian para que las demás no se animen a hacerlo.
RECLAMAMOS la aplicación efectiva en todos los niveles del Estado del Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT, para la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Licencias por violencia de género, con garantía de continuidad laboral y previsión de traslados ante situaciones críticas. El Estado es el principal precarizador laboral, impidiendo el acceso a derechos como una obra social o aporte jubilatorio. La precarización nos coloca a también a merced de los violentos. Las mujeres somos las que en su mayoría sostenemos nuestras familias, las precarizadas, y quienes en su mayoría sostenemos organismos como salud, educación o niñez, que son los peores pagos y con mayor carga laboral.
EXIGIMOS los derechos que nos faltan: ley de tierra, techo y trabajo. En las zonas rurales y barrios populares vivimos sin servicios básicos, sufrimos la exclusión y el abandono del Estado. Queremos políticas socio habitacionales con perspectiva de género para garantizar nuestro acceso a una vivienda digna. EXIGIMOS saber qué avances ha realizado la Comisión de Seguimiento de la Ley de Paridad en nuestra provincia. A 40 años de democracia y 76 años de haber logrado nuestra ciudadanía política con una ley que nos permitió votar y ser elegidas, seguimos reclamando que se nos incluya en los lugares de toma de decisiones.
RECLAMAMOS conocer la verdad sobre el intento de femi-magnicidio en democracia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el cese del linchamiento mediático, judicial, político y racial a Milagro Sala, sus compañeras y las mujeres mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu. En el marco de un año donde volveremos a ejercer nuestro derecho al voto, DEMANDAMOS conocer las propuestas de las y los candidatos a la gobernación y la intendencia de Paraná en materia de género.
INTERPELAMOS a nuestro pueblo para que, ejercitando la memoria, le digamos NUNCA MÁS a las políticas cuyo único objetivo es quitarnos los derechos que hemos conquistado con la lucha en la calle y que nos han costado tantas vidas. No habrá democracia si nos quitan derechos en nombre de la libertad. Nosotras no olvidamos la sangre de nuestras compañeras. Las que fueron asesinadas por ser mujeres, travestis o trans; las que murieron por prácticas inseguras intentando interrumpir sus embarazos; las que no soportaron vivir víctimas de la violencia. Nosotras no olvidamos el dolor de las que peregrinan todos los días pidiendo ser escuchadas y protegidas en diferentes organismos del Estado. No silenciamos la voz y el coraje de las que se animan a denunciar. Pero si sabemos lo que implica denunciar y no tener respuesta.
DESEAMOS; caminar por las calles libres y sin miedo, trabajar sin ser acosadas, acceder a un servicio de salud y de justicia sin prejuicios, ser respetadas, sentirnos protegidas cuando denunciamos. ¡Sin decisión política no hay Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y con derechos nos queremos! ¡Ni Una Menos!