Si bien durante el periodo legislativo pasado no hubo acuerdo, desde las primeras líneas del Gobierno, no descartan incluir el proyecto de ley de Financiamiento Político en el periodo de sesiones extraordinarias de febrero, supo AIM. En 2018, el texto tuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado, pero no hubo consenso para votarlo antes de fin de año pasado.

Según pudo saber AIM, el Poder Ejecutivo no descarta tratar el proyecto de ley de Financiamiento Político durante el periodo de sesiones extraordinarias, que tendrán fecha en febrero.

Cabe recordar que en un principio, se quiso tratar en Senado antes de cerrar el año, pero tuvo problemas con los votos. La falta de acuerdo político interno decanto en la decisión de no tratar la iniciativa hasta 2019, que además estará atravesada por lo electoral.

Qué dice el texto

El texto habilita a las empresas a aportar a las campañas electorales, algo que hoy tienen prohibido, con un tope del cinco por ciento de los gastos permitidos para esa campaña. Se mantienen las prohibiciones actuales para sindicatos; empresas concesionarias o contratistas de nación o provincias; y empresas de juegos de azar, entre otros casos.

En otro orden, los partidos políticos que demoren hasta 30 días en presentar sus estados contables anuales y sus informes finales de campaña serán sancionadas con una multa equivalente al 10 por ciento de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año siguiente a su determinación. Esta multa se duplicará si la demora se extiende a los 90 días, y si transcurre ese último plazo, el juez podrá disponer la suspensión cautelar de todos los aportes públicos.

El proyecto también establece que la Justicia Nacional Electoral podrá requerir la información que necesite a la UIF, el Banco Central, la Afip, la Anses; la Procelac, la Oficina Anticorrupción y todo otro organismo público que sea solicitado.

Por el momento, en la sesión de este miércoles en Senado, se trataría la ley Micaela, que apunta a capacitar con perspectiva de género a todos los empleados de los tres poderes del Estado, y que tuvo media sanción este martes en Diputados.